PP y Vox acuerdan en Andalucía tramitar la ley que amplía la superficie de regadío en Doñana

El PP y Vox, con el aval del Gobierno andaluz, han dado luz verde en el Parlamento regional a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central.

A 46 días de las elecciones municipales, los grupos del PP y Vox han respaldado que se tramite por la vía de urgencia una ley que cuenta con el rechazo frontal del resto de la oposición (PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía) y que podría ser aprobada definitivamente por el pleno del Parlamento a mediados de mayo en el más corto de los escenarios, o a mediados de julio.

La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, lo que cuestiona la Comisión Europea, que amenaza con multas, y el Gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional por "invasión" de competencias si se aprueba.

[Teresa Ribera ve "mala fe" en el plan de Moreno para Doñana: "Una arrogancia propia de señorito"]

El Gobierno andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.

En contra y a favor del texto

La oposición sostiene, sin embargo, que el único trasvase de agua superficial (19,9 hectómetros) autorizado por ley y prevista por la Confederación del Guadalquivir es para autorizaciones ya asignadas con el fin de reducir la presión sobre el acuífero de Doñana y cumplir con las exigencias de Bruselas.

El PP y Vox pretenden dar una solución a los agricultores y regantes de la zona que han denunciado que el anterior Plan de la Fresa (2014), les dejó fuera pese a tener ya actividad en la zona, esencialmente el cultivo de fresas y frutos rojos.

Al rechazo a la propuesta se han sumado la mayoría de los científicos y agentes representados en el Consejo de Participación de Doñana, cuyo presidente, Miguel Delibes, ve la propuesta "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión y alimentar el conflicto".

A la ofensiva jurídica contra la ley se han sumado también Unidas Podemos que ha avanzado su intención de llevarla al TC cuando se apruebe, mientras IU ha solicitado a la Comisión Europea que adopte medidas cautelares y paralice el desarrollo de la proposición si Moreno no rectifica.

Debate controvertido y agresivo

Con la "guerra del agua" abierta en el entorno de Doñana, la tensión y los reproches entre los grupos ha marcado el debate parlamentario sobre la ampliación de regadíos, en el que ha estado ausente el presidente de la Junta, que sólo acudió a votar.

Con la presencia de los agricultores de la zona, el ponente popular de la ley, Manuel Andrés González, ha defendido que la propuesta tiene el objetivo de resarcir el daño causado a centenares de pequeños agricultores que fueron excluidos por el Plan de Fresa y ha exigido al PSOE-A y al Gobierno que "no mientan ni tergiversen" porque está en juego el porvenir de muchas familias.

[La ley que reaviva la polémica en Doñana y despierta la amenaza de otra multa millonaria de la UE]

La iniciativa, ha remarcado, "nada tiene que ver" con el agua ni con Doñana, se trata de la "clasificación de tierras para hacer justicia" a los agricultores que "pueden nutrirse" de aguas superficiales "sin tocar" el acuífero de Doñana.

En términos parecidos, el diputado de Vox Rafael Segovia ha situado el objetivo de la ampliación en la idea de "defender" Doñana de las "mentiras, la traición y la maldad de los que criminalizan" a los agricultores, una actitud de la que acusó al PSOE y al resto de la izquierda.

[El águila calzada, el ave de Doñana con niveles “preocupantes” de químicos prohibidos en sus nidos]

De "inmensa farsa, estafa y engaño" a los agricultores ha calificado la ley el diputados socialista, Mario Jiménez, que ha acusado a Moreno de "prometer agua que no existe" para "hacer" campaña electoral y "aprovecharse de la angustia" de los agricultores a los que "miente".

"Es una ley de punto final para los que han incumplido la ley al ampliar la zona regable en 1.000 hectáreas en plena sequía. Moreno se ha quitado la máscara de moderado y ahora es referente nacional del negacionismo medioambiental", ha denunciado.

Además, ha recriminado al presidente que "ha destrozado" la imagen internacional de Andalucía, aunque ha admitido que hay agricultores que fueron excluidos de los regadíos en la ultima regulación y que hay que darles una solución.

Inmaculada Nieto (Por Andalucía) ha acusado al PP de generar en la zona expectativas "falsas por un puñado de votos" que causa "daños" a la imagen de la fresa y de los frutos rojos, "enturbia" la convivencia y sitúa al Parque de Doñana en una situación "inasumible".

Además, ha advertido de que uno de los artículos de la ley "habilita a la utilización de agua del acuífero" de Doñana. Maribel Mora (Adelante Andalucía) ha resumido la ley en una "vergüenza" parlamentaria, una promesa "falsa y engañosa" para conseguir votos en las municipales, y ha subrayado que carece de los informes de impacto medioambiental y territorial.