La Audiencia ordenará tras el 28-M la entrada en prisión de 9 condenados de la Gürtel de Boadilla

Ya se encuentran en prisión, al haber sido condenado en causas anteriores, los dos principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, que fueron sentenciados a 13 años y medio de cárcel en la pieza de Boadilla.

Por su parte, el exalcalde popular de esta población, Arturo González Panero alias el Albondiguilla, condenado a 36 años y 11 meses, ingresó el 22 de mayo de 2022 en la cárcel de Alcalá Meco. Además, debe hacer frente al pago de multas por importe de más de 6,5 millones de euros.

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La Audiencia Nacional determinó que no podía permanecer en libertad a la espera de que el Supremo resuelva su recurso, al existir un riesgo de fuga "máximo", teniendo en cuenta que posee un entramado societario con propiedades en Miami y Marruecos, así como fondos depositados en Suiza.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el pasado 5 de abril una ejecutoria en la que concedía 10 días para entrar en prisión y abonar las multas a otros nueve condenados en la causa, que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción para reducir sus penas a cambio de confesar sus delitos.

La Audiencia concedió a los nueve afectados un plazo de tres días para presentar sus alegaciones, que ahora deben ser resueltas por la Sala de lo Penal en una resolución, que determinará la fecha definitiva de su ingreso en prisión. Será, en cualquier caso, en las fechas posteriores a los comicios del 28-M.

De los nueve afectados, una de las penas más elevadas corresponde al abogado César Tomás Martín Morales, que fue gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

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Pactó con la Fiscalía varias penas que suman 6 años y dos meses de prisión, tras reconocerse autor de un delito continuado de malversación, otro de tráfico de influencias, otro contra la Agencia Tributaria, dos delitos de blanqueo, uno de asociación ilícita, cinco de prevaricación, cinco de fraude a la Administración y dos de falsedad en documento mercantil, entre otros.

En su ejecutoria, la Audiencia ordena a Martín Morales abonar en el plazo de 10 días las multas a las que fue condenado por importe de más de 1,5 millones de euros, y hacer efectivo el decomiso de los beneficios y comisiones ilegales que percibió por importe de 1,3 millones.

Para asegurar el pago de estas sumas (y de la responsabilidad civil que debe afrontar, por importe de otros 1,4 millones de euros), la Sala de lo Penal de la Audiencia ha ordenado mantener el embargo de varios inmuebles del exalto cargo del Ayuntamiento de Boadilla: un restaurante, una discoteca y un edificio de oficinas en Getafe, un local en Madrid y una vivienda en Laredo (Cantabria), entre otros.

También servirán para pagar estas cantidades los fondos que el condenado tiene depositados en Suiza: 268.549 euros en una cuenta del Credit Suisse y 86.882 euros en el EGF Bank. No obstante, esta resolución no es firme, a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva las alegaciones del condenado.

Tomás Martín Morales estrecha la mano de Francisco Correa, junto a Jacobo Gordon, que también fue condenado por la trama de la Gürtel de Boadilla.

En su pacto con la Fiscalía Anticorrupción, Tomás Martín Morales confesó haber cobrado sobornos a cambio de confeccionar pliegos administrativos diseñados expresamente para adjudicar contratos del Consistorio a las empresas del grupo Gürtel. Por eso se le ha aplicado la atenuante "muy cualificada de confesión y reparación de daño".

La ejecutoria dictada por la Sala de lo Penal también concede diez días para ingresar en prisión al exdiputado del PP madrileño Alfonso Bosch Tejedor, cuyas penas suman cuatro años y cuatro meses de cárcel, como autor de varios delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación, fraude a las Administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación.

Le serán decomisados los regalos y beneficios que obtuvo ilícitamente, por importe de 941.652 euros, y además debe hacer frente a una responsabilidad civil (junto a otros condenados) por importe de más de 1,4 millones de euros.

Otra de las penas más elevadas, que ahora ordena ejecutar la Audiencia, corresponde a uno de los cerebros financieros de la trama, José Ramón Blanco Balín, condenado a cinco años y nueve meses de cárcel.

Los constructores de la trama

Podrían eludir el ingreso en prisión varios de los condenados a penas de año y medio de cárcel: José Luis Izquierdo (que fue contable de las empresas de Correa); el expropietario de la Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo Asins; el constructor José Luis Ulibarri y Juan Jesús Siguero Aguilar, que fue alcalde de Boadilla del Monte tras la etapa de El Albondiguilla.

Pero en el caso de estos, la ejecutoria dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia —que debe ser ratificada ahora tras la resolución de sus alegaciones— afecta al cumplimiento de sus penas de inhabilitación y al embargo de sus bienes para hacer efectivo el pago de las multas y la responsabilidad civil que les impuso el tribunal. 

Resta además una decena de condenados que han recurrido sus penas ante el Tribunal Supremo, por lo que la Sala de lo Penal no ha ordenado, por el momento, la ejecución de las mismas.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional en abril de 2022 condenó al Partido Popular (PP) a pagar 204.198 euros como partícipe a título lucrativo de la trama que encabezaba Francisco Correa.