La Sección Segunda de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto el decreto de ejecución dictado el pasado 5 de abril, en el que concedía a nueve condenados por la trama Gürtel de Boadilla un plazo de 10 días para ingresar en prisión y hacer efectivas las multas impuestas para hacer frente a su responsabilidad civil.
La orden afectaba únicamente a los nueve procesados que pactaron con la Fiscalía Anticorrupción antes del juicio para reducir sus penas, a cambio de confesar sus delitos.
Sin embargo, la Fiscalía emitió un informe en el que solicitaba paralizar la ejecución de las penas, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos por el resto de condenados contra la sentencia.
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El Servicio Común de Ejecutorias Penales de la Audiencia ha asumido ahora estos argumentos y ha decidido dejar en suspenso la ejecución de las penas, dado que la resolución definitiva del Supremo puede modificar "las responsabilidades personales y patrimoniales" de los afectados.
En un decreto firmado el pasado 29 de mayo (al día siguiente de las elecciones del 28-M), dicho servicio determina que en cada pieza individual del condenado (PIC) se resolverán las peticiones de suspensión de pena privativa de libertad plateadas por los afectados.
No obstante, la Audiencia Nacional mantiene las medidas cautelares adoptadas (como el embargo de las cuentas bancarias y bienes inmuebles) para garantizar el pago de las multas e indemnizaciones impuestas.
Entre los condenados cuyo ingreso en prisión queda ahora suspendido se encuentra el exdiputado del PP madrileño Alfonso Bosch Tejedor, cuyas penas suman cuatro años y cuatro meses de cárcel, como autor de varios delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación, fraude a las Administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación.
Debe hacer frente a una responsabilidad civil por importe de 1,4 millones de euros (junto a otros condenados) y reembolsar los 941.652 euros por los regalos y beneficios que obtuvo ilícitamente de la trama.
También está pendiente de la orden de ingreso en prisión César Tomás Martín Morales, que fue gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Pactó con la Fiscalía varias penas que suman 6 años y dos meses de prisión, tras reconocerse autor de un delito continuado de malversación, otro de tráfico de influencias, otro contra la Agencia Tributaria, dos delitos de blanqueo, uno de asociación ilícita, cinco de prevaricación, cinco de fraude a la Administración y dos de falsedad en documento mercantil, entre otros.
La sentencia de la trama Gürtel de Boadilla le impuso el pago de multas que suman 1,5 millones de euros, así como el decomiso de los beneficios y comisiones ilegales que percibió por importe de 1,3 millones.
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Para hacer efectivos estos pagos, la Audiencia mantiene el embargo de varios bienes inmuebles (en Madrid, Boadilla, Getafe y Laredo) así como de los depósitos bancarios que posee en Suiza: una cuenta en el Credit Suisse con 268.549 euros y otra en el EGF Bank con 86.882 euros.
En la misma situación se encuentra uno de los cerebros financieros de la trama, José Ramón Blanco Balín, condenado a cinco años y nueve meses de cárcel.
En cambio, podrían eludir el ingreso en prisión varios de los condenados a penas de año y medio de cárcel: José Luis Izquierdo (que fue contable de las empresas de Correa); el expropietario de la Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo Asins; el constructor José Luis Ulibarri y Juan Jesús Siguero Aguilar, que fue alcalde de Boadilla del Monte tras la etapa de El Albondiguilla.
Todos ellos deben hacer frente, en cualquier caso, al cumplimiento de sus penas de inhabilitación y al embargo de sus bienes para hacer efectivo el pago de las multas y la responsabilidad civil que les impuso el tribunal.
'El Albondiguilla'
Ya se encuentran en prisión, al haber sido condenado en causas anteriores, los dos principales cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, que fueron sentenciados a 13 años y medio de cárcel en la pieza de Boadilla.
Por su parte, el exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero alias el Albondiguilla, condenado a 36 años y 11 meses, ingresó el 22 de mayo de 2022 en la cárcel de Alcalá Meco. Además, debe hacer frente al pago de multas por importe de más de 6,5 millones de euros.
El exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'.
La Audiencia Nacional determinó que no podía permanecer en libertad a la espera de que el Supremo resuelva su recurso, al existir un riesgo de fuga "máximo", teniendo en cuenta que posee un entramado societario con propiedades en Miami y Marruecos, así como fondos depositados en Suiza.