Fernando Grande-Marlaska ha decidido relegar a la Guardia Civil a un papel testimonial en la vigilancia y control de aeropuertos, fronteras y puertos del Estado. Eso supondrá que unos 6.000 agentes, el 70% de los que actualmente operan en fronteras y resguardo fiscal (contrabando y otros delitos de fraude con Hacienda), tendrán que cambiar de destino.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el ministro del Interior decidió a mediados de este mes aprobar una modificación en los planes de seguridad que resta competencias a la Guardia Civil. Este martes, esa decisión se concretaba con una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que dota a la Policía Nacional y a las Policías autonómicas de competencias habitualmente atribuidas a la Guardia Civil.
Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el origen de este giro en materia de seguridad es un informe jurídico del Ministerio del Interior que firma la Dirección General de Coordinación y Estudios. "Se saltan la Constitución y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos del Estado bajo interpretaciones hechas a medida por los miembros de esa Dirección", denuncian desde la AUGC.
Actualmente, la Guardia Civil realiza en puertos, aeropuertos y fronteras el control de la documentación, al ser la competencia reconocida en la mencionada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El cambio de Marlaska, en mitad de julio, cuando la noticia puede tener menos repercusión, implica entregar la seguridad integral de los puertos a las Policías autonómicas en sus respectivos territorios.
El impulsor de este giro es el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que va en este asunto de la mano del conocido comisario José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin. "El ministerio le premió por su afinidad, convirtiendo en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico, para posibilitar su continuidad tras jubilarse como policía", critican en AUGC.
Fuentes del Ministerio reconocen que la Secretaría de Estado de Seguridad estaría cediendo a las presiones para "expulsar" a los guardias civiles de los puertos y aeropuertos españoles, donde en la actualidad hay más de 6.000 profesionales destinados, todos ellos con sus respectivas familias.
Esta medida abre un futuro incierto a nivel profesional y familiar para estos agentes y para la propia Guardia Civil con su especialidad en resguardo fiscal y fronteras. Todavía no se sabe cuándo se consumará el cambio, y si los guardias serán trasladados a otras comunidades o a otros puestos en sus mismos destinos.
"Descomposición"
El paso dado por Marlaska supone un nuevo varapalo a la Guardia Civil. La nueva orden que ya aparece en el BOE incluye a la Policía Nacional en el Centro Nacional de Coordinación (NCC). Este era un órgano empleado para la vigilancia de las fronteras exteriores en el que solo figuraban representantes de la Guardia Civil.
El movimiento se interpreta en el seno del cuerpo como un gesto claro de lo que se está tratando de hacer. Y llueve sobre mojado. En Navarra, la Guardia Civil ya no se encarga de la gestión de Tráfico. Y en marzo de este año, EL ESPAÑOL adelantaba cómo Interior ordenaba retirar del País Vasco, de Navarra y de Cataluña a los grupos de la Guardia Civil dedicados al rescate de montaña y la desactivación de explosivos.
Los Mossos d'Esquadra tienen cada vez mayor responsabilidad en la vigilancia del mar en Cataluña. En el País Vasco sucede lo mismo. Interior ya ha otorgado allí a la Ertzaintza la custodia y seguridad de los puertos de Guipúzcoa así como el control de la frontera marítima.
"En los últimos años y más en la última legislatura la Guardia Civil está en retroceso en prácticamente toda España", advierte Agustín Leal, desde JUCIL, la asociación mayoritaria. "La dejadez en la seguridad de los españoles en el ámbito competencial de la GC que es más del 85% del territorio es una irresponsabilidad o bien un plan establecido para el desmantelamiento paulatino de esta institución. Hemos de preguntarnos a quién beneficia este déficit de personal, medios y cesión de competencias".
Por ello, los servicios jurídicos de AUGC, una vez publicada la norma, se han puesto a trabajar para recurrir la medida en los tribunales. "Es incomprensible que con una Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad totalmente obsoleta y con una más que necesaria reforma profunda, no se haga nada por aprobar un nuevo texto y se utilice la puerta trasera para importantes cambios", señalan en AUGC.
Desde la asociación sostienen que Interior ha llevado a cabo esta medida "con absoluta nocturnidad, modificando normas que no pasan por el Consejo de la Guardia Civil a pesar del claro perjuicio para los derechos socio-laborales de los agentes".
A su vez, el Ministerio del Interior sale al paso de las críticas garantizando "que no se ha producido ningún recorte de competencias en las funciones de la Guardia Civil ni en sus atribuciones en puertos y aeropuertos. Todas las funciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía se corresponden con las atribuidas por la LOFCS a la Policía Nacional".