Opositores al régimen de Guinea Ecuatorial han entregado a Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una lista con el nombre de varias decenas de altos cargos del país, a los que consideran "implicados" en los secuestros de activistas contrarios al dictador Teodoro Obiang.
En la misiva, solicitan la aplicación de sanciones al Gobierno ecuatoguineano. En la respuesta remitida por el departamento africano del equipo que encabeza el dirigente catalán, se recuerda a estos opositores que son los Estados miembros o el alto representante los que deben proponerlas y, posteriormente, ser aceptadas por unanimidad por el Consejo.
En la misiva, una asociación que engloba a partidos opositores denuncia los "crímenes cometidos contra opositores ecuatoguineanos por parte de dignatarios del régimen del dictador Obiang, con ayuda de su familia".
Josep Borrell, en una imagen reciente.
"La dictadura de Obiang lleva desde su inicio cometiendo delitos graves contra la población con total impunidad... 43 años de crímenes impunes (...) Se caracteriza por dos graves efectos perversos sobre la población: el crimen organizado y la cleptocracia", reza el documento enviado a Borrell, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El listado le ha sido remitido al dirigente europeo mientras la Audiencia Nacional mantiene como investigado a Carmelo Ovono Obiang (alias Didi), uno de los hijos del presidente del país. También están imputados otros dos altos cargos del Gobierno del país africano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. Tal y como reveló EL ESPAÑOL en exclusiva, han fichado recientemente como abogado a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez que fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial, el llamado caso Guinea, se inició cuando el juez Santiago Pedraz admitió a trámite la querella de un grupo opositor, que acusaba a estos tres dirigentes de haber secuestrado en Sudán del Sur, en 2019, a cuatro activistas políticos. Dos de ellos tenían DNI español y habían formado parte de nuestro Ejército.
Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. Este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Justicia española permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella interpuesta por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). El MLGE3R considera que se trató de una "represalia" y criticó que la Audiencia Nacional permitiese regresar a Guinea a Carmelo Ovono.
Carmelo Ovono Obiang, además de ser uno de los hijos de Teodoro Obiang, el dictador que gobierna la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro encargado de la Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
43 nombres
Los tres figuran en el listado de 43 nombres remitido por la oposición de Guinea Ecuatorial a Borrell. El Movimiento para la Liberación señaló en su querella que los investigados secuestraron en 2019 en Sudán del Sur a Julio Obama y a Feliciano Efa.
Según consta en el sumario del caso, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, las víctimas aseguraron que fueron retenidas en un avión oficial del Gobierno ecuatoguineano. Así lo recoge un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional.
Un avión del Gobierno de Guinea y la foto de Carmelo Ovono, hijo de Teodoro Obiang.
La CGI también acusa a Didi de ejercer una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre en el extranjero. Incluso, la Policía asegura que creó una empresa en España para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos. Algunas de ellas fueron ejecutadas en el centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español ha solicitado, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, ha ordenado repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo el pasado enero y, por el momento, los restos no han sido enviados a España.
El asunto ha sido abordado, incluso, en el Parlamento Europeo. Por una abrumadora mayoría de 518 votos a favor y sólo seis en contra, la Eurocámara reclamó sanciones de la UE a la dictadura de Guinea Ecuatorial, a la que responsabilizó de la muerte de Obama.
Además, en un reciente auto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al juez, da la razón al abogado del MLGE3R, Aitor Martínez, y ordena a Pedraz que encargue a la Policía analizar si Carmelo Ovono Obiang, usó para el espionaje ilegal en España los fondos que el SEPBLAC detectó que entraron en nuestro país mediante terceros.
Un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales había alertado de que introdujo en España "grandes cantidades de dinero en efectivo, sin que estuviera claro su origen".
De hecho, al conocerse este dosier del SEPBLAC, el MLGE3R presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de blanqueo. Tras la alerta del servicio antiblanqueo, el banco en el que Ovono tenía sus cuentas en España las había bloqueado.
Desde el momento en que trascendió la existencia de esta investigación judicial, las autoridades españolas desconocen el paradero y la situación de Feliciano Efa, el único de los dos españoles que aún sobrevive. Los otros dos secuestrados, pese a no estar nacionalizados, eran residentes en España.
Así lo relató también el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En un informe fechado el pasado agosto, consultado por EL ESPAÑOL, Naciones Unidas señala que las autoridades ecuatoguineanas "impiden cualquier asistencia consular".
"Actualmente, los tres secuestrados se encuentran desaparecidos, no se sabe su paradero y, aunque la autoridad judicial española ha requerido conocer su ubicación y estado de salud, las autoridades de Guinea Ecuatorial no informan de su paradero, por lo que vuelven a estar sometidos a una situación de desaparición forzada", indica el Grupo de Trabajo.