Los agentes de la Policía Nacional imputados en la causa del procés han estallado en "indignación" al escuchar a Pedro Sánchez confirmar que pretende otorgar una amnistía a quienes organizaron el referéndum ilegal y a quienes incendiaron Cataluña. Llegados a este punto, piden que no se les equipare con los organizadores del 1-O y exigen la "libre absolución".
Son 45 los agentes de la Policía Nacional que siguen a la espera de juicio, seis años después, acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza para repeler los ataques. Ellos recuerdan que se limitaron a cumplir la orden judicial de retirar las urnas de los colegios electorales.
Los colectivos que les representan salen ahora en su defensa para rebatir la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno en Funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de incluirles en la futura Ley de Amnistía.
Para el sindicato JUPOL "es un despropósito, una falta de respeto, que se pretenda equiparar a los policías nacionales que actuaron cumpliendo un mandamiento judicial y en defensa de la unidad de España y del cumplimiento de la Ley y de la Constitución, con los promotores de un referéndum ilegal y de un intento de golpe de Estado con el que pretendían romper la unidad de España".
A juicio de su portavoz, Ibón Domínguez, el Gobierno en funciones "está metiendo en el mismo saco a los delincuentes que intentaron dividir a España con un referéndum ilegal y a los policías que acudieron allí para cumplir una orden".
Absolución
El plan que persigue el partido de Yolanda Díaz es exonerar a todas las personas vinculadas con infracciones penales o administrativas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña a partir de enero de 2013 y hasta la actualidad, haciéndolo extensible a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con causas abiertas por cargas policiales.
En JUPOL, sin embargo, muestran su "profundo rechazo a la inclusión de estos agentes dentro de la pretendida Ley de Amnistía". Se solicita para ellos la libre absolución, ya que "entendemos que ninguno de estos agentes cometió un delito en el ejercicio de sus funciones el 1-O, sino que cumplieron escrupulosamente la Ley y las órdenes recibidas".
Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) incide en la misma línea pocas horas después de que Sánchez hablase por primera vez abiertamente de esta medida de gracia que ya se negocia con los partidos independentistas.
"Mientras Junqueras, Homs, Turull han sido juzgados, condenados e indultados, a nosotros se nos somete a un calvario de instrucción que dura seis años sin juicio", asegura su portavoz, Jacobo Rodríguez.
"Nuestra actuación fue legal", insiste, recordando que incluso el propio Sánchez en aquel momento "defendió la labor de los policías". "La amnistía quiebra principios jurídicos que deberían ser incuestionables en cualquier Estado de derecho. Separación de poderes, principio de legalidad y la igualdad ante la ley", añade.
El sindicato JUPOL ha insistido en que la Ley de Amnistía que prepara el Gobierno en
funciones con los partidos independentistas "supone un ataque directo a la democracia,
a la Constitución y al Estado de derecho, de los cuales la Policía Nacional ha sido siempre garante".
La palabra tabú
El jueves, Pedro Sánchez dio un primer tímido paso al reconocer que estaba negociando la amnistía, aunque quien pronunció la palabra tabú fue la periodista que hizo la pregunta. No ha sido hasta este viernes cuando Sánchez ha pronunciado por primera vez esa palabra.
"Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017", ha dicho Sánchez durante la rueda de prensa final de la cumbre de la UE en Granada.
"No podemos tolerar un Gobierno que legisla para sediciosos y delincuentes, mientras desprecia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", insisten en JUPOL.
Del mismo modo, el portavoz del sindicato ha indicado que "esta ley supone un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsados de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte del Gobierno".