La Policía Nacional investiga si la dictadura de Guinea Ecuatorial orquestó seguimientos y espionajes en pleno centro de Madrid contra el abogado de dos opositores españoles al régimen de los Obiang.
Un informe de la Comisaría General de Información (CGI) desvela que al menos tres individuos siguieron al letrado Aitor Martínez, que defiende a los activistas que habrían sido secuestrados en 2019 por orden de Carmelo Ovono Obiang. Este último es uno de los hijos del dictador del país africano, además de jefe de los servicios secretos del régimen.
Ovono Obiang está imputado en la causa judicial que se instruye en un juzgado de la Audiencia Nacional sobre el presunto secuestro. En total, cuatro personas habrían sido retenidas ilegalmente, pero sólo dos de ellas tienen DNI español. Todos ellos son miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), contrario a Obiang.
Y, precisamente, los tres individuos ya mencionados habrían estado espiando una reunión de miembros del MLGE3R y su letrado, que tuvo lugar en pleno centro de Madrid. La cita se produjo durante la tarde del pasado 22 de octubre, en una cafetería de la calle San Bernardo. El letrado Martínez sospechó que uno de los individuos que le vigilaba le seguía, y se encaró con él. El supuesto espía huyó hacia la concurrida Gran Vía.
Al denunciar los hechos a la Policía, el abogado confirmó que la reunión con los opositores ecuatoguineanos era "de carácter sensible" y que versó sobre la causa judicial abierta por la Audiencia Nacional, en la que Ovono Obiang está imputado. Acudieron a ella testigos protegidos y líderes políticos.
De acuerdo con el relato del abogado, observaron cómo "un varón hacía fotos de forma disimulada". Tras ello, se encaró con el presunto espía, que le golpeó su móvil y salió corriendo.
Poco después, comenzaron a sospechar de un hombre que, "portando un pinganillo, habla [por teléfono] en voz baja de forma disimulada", mientras fumaba un cigarrillo electrónico. Este segundo varón acabó huyendo en un VTC (vehículo con conductor) al ser descubierto. Un tercer hombre, según denunció Aitor Martínez, les hizo varias fotos desde una calle colindante.
Todo ello consta en el informe de la CGI al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La Policía, de hecho, considera "veraz" la denuncia interpuesta por el abogado. La Comisaría General de Información solicitó las grabaciones de seguridad efectuadas por desde la sede del Ministerio de Justicia, que se ubica en la calle San Bernardo 45. Ya las han analizado. Y los clips confirman lo relatado por el letrado. En ellos se aprecia al segundo varón huyendo en el VTC.
El secuestro
El supuesto secuestro de los dos españoles ocurrió en noviembre de 2019 en Juba, la capital de Sudán del Sur, país al que los cuatro opositores se habían trasladado para reunirse con otros movimientos políticos afines a su causa.
Fotomontaje de la fachada de la Audiencia Nacional y Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang.
Pero, allí, habrían sido engañados y apresados por Carmelo Ovono, el encargado del espionaje internacional en el Gobierno que encabeza su padre, Teodoro Obiang.
Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los cuatro secuestrados fueron introducidos en unos contenedores de carga, donde pasaron toda la noche del 15 de noviembre de 2019. Al día siguiente, les custodió "una caravana de militares [sudaneses] fuertemente armados" hasta la puerta de un avión presidencial, en el que habrían sido trasladados a Malabo, la capital de Guinea. Uno de los sudaneses habría dicho: "Teodoro Obiang paga mucho por vosotros". EL ESPAÑOL desveló este miércoles imágenes del jet oficial utilizado en el secuestro.
Carmelo Ovono Obiang
Además del hijo del dictador, apodado Didi, también figuran como investigados en la causa judicial otros dos altos cargos del Gobierno ecuatoguineano: Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo.
Tal y como reveló este diario en exclusiva, los tres han fichado recientemente como abogado conjunto a Javier Gómez Bermúdez, el exjuez de la Audiencia Nacional que, entro otros hitos, fue ponente de la sentencia del 11-M.
Este procedimiento judicial, el llamado caso Guinea, se inició cuando el magistrado Santiago Pedraz admitió a trámite la querella del MLGE3R, que acusaba a Ovono, Obama Nchama y Nguema Ondo de haber secuestrado en Sudán del Sur a cuatro de sus activistas políticos. Dos de ellos tenían DNI español y habían formado parte de nuestro Ejército.
Se trata de Feliciano Efa y de Julio Obama. En enero de 2023, este último murió en extrañas circunstancias en una cárcel de Guinea Ecuatorial, pocos días después de que la Audiencia Nacional permitiese a Didi regresar a su país, una vez le fue notificada la querella interpuesta por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República. El MLGE3R considera que la muerte fue una "represalia" por parte de los Obiang.
El exparacaidista Feliciano Efa, cuando formaba parte del Ejército español.
Carmelo Ovono, además de ser uno de los hijos del dictador que gobierna la antigua colonia desde 1979, es el encargado de la Inteligencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero.
Por su parte, Nicolás Obama Nchama es el ministro de la Seguridad Nacional. Isaac Nguema, el director adjunto de la Seguridad de la Presidencia. En resumen, los tres imputados son figuras relevantes en la cúspide del régimen de Teodoro Obiang.
La Comisaría General de Información también acusa a Didi de ejercer en el extranjero una "sistemática" represión contra los opositores al régimen de su padre. Incluso, la Policía asegura que creó una empresa en Marbella para camuflar las vigilancias y seguimientos que coordinaba contra los disidentes políticos. Algunas de ellas fueron ejecutadas en pleno centro de Madrid.
El Ministerio de Exteriores español ha solicitado, sin éxito, información a las autoridades ecuatoguineanas sobre la muerte de Julio Obama. Y el juez Pedraz ha ordenado repatriar su cadáver para practicarle la autopsia. Lo hizo el pasado enero y, por el momento, los restos no han sido enviados a España. El Gobierno de la antigua colonia lleva un año negándose a colaborar y alega la muerte se debió a una enfermedad.