Trabajadores y sindicatos del metro de Barcelona se quejan por la falta de cumplimiento del protocolo de seguridad antiterrorista a pesar de que España está en nivel de alerta antiterrorista "4 refuerzo", un riesgo alto de sufrir atentados.
"Se desconectó la alerta sin consultar con nadie y el metro ha estado años así", declara a EL ESPAÑOL Mohamed Alami, empleado del suburbano.
Esta queja llegó al entonces consejero delegado de Transportes de Barcelona, Gerardo Lertxundi, que abrió una investigación el 1 de diciembre, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
"Por razones de seguridad encomendó un análisis interno al departamento de Buen Gobierno y Cumplimiento para recopilar toda la información posible", explica otro trabajador del metro conocedor de la situación, que prefiere mantener el anonimato.
"He dado traslado al Órgano de cumplimiento de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a fin y efecto de que se coordine con el director de la Red de Metro para que se le pueda responder a las inquietudes planteadas", contestó a la queja Lertxundi.
Efectivamente, varios responsables del metro de Barcelona consultados por este diario reconocen que existe un proceso interno. "Se trata de un procedimiento habitual, cuando hay una queja. Tiene el objetivo de mejorar los procesos internos existentes", asegura a EL ESPAÑOL Santiago Torres, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de TMB. No obstante, tres semanas después el expediente no está todavía resuelto.
En todo caso, la dirección ha enviado recientemente mensajes a los empleados y ha colgado carteles en las oficinas anunciando una fase de prealerta por amenaza terrorista. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a mensajes internos, donde se dice: "Os informamos que, por orden de la Policía, está activado el plan de autoprotección del metro".
"Eso deja en evidencia que los meses anteriores estaba desactivado", señala el empleado que denunció.
Por su parte, el directivo Santiago Torres indica que los carteles "no son evidencia de nada porque no son los canales válidos de información para comunicar este tipo de situaciones".
"Cuelgan unos carteles que cualquier empleado puede activar o desactivar para hacer la gracia del día. Por un lado, está activada la alerta y por otro desactivada. Si viene alguien y hace la gracia de cambiarlo, se desactiva. Esa es la seguridad que tenemos", denuncia Ángel González, delegado sindical del metro de Barcelona y secretario general de Solidaridad Obrera Barcelona.
"Objetos sospechosos"
Además, Mohamed Alami incide en que no se cumplen los protocolos: "Se permite que los trenes circulen a tope de personas con objetos custodiados por vigilantes, cuando la indicación policial te dice que si un empleado lo ve sospechoso y luego el vigilante lo confirma, hay que desalojar de inmediato y retirar el tren".
Hasta la ley ferroviaria de 2006, los conductores de los trenes eran quienes tomaban las decisiones ante situaciones peligrosas. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó que un agente ferroviario en el ejercicio de sus funciones se considere un agente de la autoridad.
Desde entonces esa responsabilidad se deja en los vigilantes. La inversión en vigilancia privada en el metro de Barcelona es de 12 millones de euros, según información remitida por el sindicato Solidaridad Obrera.
En noviembre de 2021, un conductor de la línea 4 se quejó de llevar un bulto sospechoso con los pasajeros a bordo. La solución fue ponerle dos vigilantes privados y que siguiera conduciendo. Estuvo de baja durante meses por el estrés que aquella situación le produjo.
"Vi a los vigilantes de seguridad corriendo al aviso de un pasajero con una maleta de cabina abandonada dentro del tren. Como estaban los de seguridad, se tomó la decisión de aplicar el protocolo, por lo que el objeto de especial atención para evitar alarmar a la gente se custodia. Es decir, se inmoviliza hasta la llegada de la patrulla canina, que determina si es peligroso", explica este conductor afectado.
Mientras llegaba la patrulla tuvo que iniciar la marcha con pasajeros en el interior. "Antes de encontrarme colapsado del todo por no entender esa situación solicité la retirada del servicio", lamenta ese empleado que estuvo de baja por estrés.
"Que no se pare"
"Hay una premisa, que esto corra, que esto corra, y no hay más, no se puede parar. Encuentro ilógico que, ante un estado de prealerta por terrorismo, se permita circular un tren con pasajeros con un objeto de especial atención. Prima la circulación de los trenes ante la vida de las personas", afirma Ángel González.
Otro caso muy controvertido ocurrió en la amenaza de Plaza Cataluña del pasado mes de junio, que fue desalojada por los Mossos d'Esquadra tanto en el subsuelo como en superficie por una alerta de bomba que resultó ser falsa.
La Policía rechazó un aviso del equipo de seguridad del metro, que detectó un paquete en la papelera de una estación que parecía haber sido manipulado con cables. Se llamó a la Unidad Canina y a un equipo de Tedax de la Policía Nacional, que finalmente determinaron que no había peligro.
No obstante, "el metro paró por decisión propia, porque los trabajadores se plantaron, arriesgándose a recibir una sanción", defiende Ángel González de Solidaridad Obrera. "Quien diseña estos protocolos te dice siempre 'que no se pare el metro', quieren que siempre corra, porque si no se pierde dinero. Si a la seguridad le metes aspectos económicos, vas a salir perdiendo siempre", añade.