Marlaska, obligado a readmitir en su puesto al portavoz de Jucil, apartado por criticar la amnistía

El Ministerio del Interior tendrá que readmitir en su puesto a Agustín Leal, el portavoz de Jucil, asociación mayoritaria de la Guardia Civil, después de haberle suspendido de empleo y sueldo por criticar la futura Ley de Amnistía.

Según ha resuelto el Tribunal Militar Central, Leal tiene que ser rehabilitado en sus funciones. La suspensión cautelar que decretó sobre él el director general de la Guardia Civil queda paralizada. 

El fallo, conocido por EL ESPAÑOL, señala que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska vulneró el artículo 42 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que garantiza, al inicio de la apertura de un procedimiento sancionador, el derecho a la presunción de inocencia.

Desde Jucil estiman que a su portavoz también le ampara el derecho de libertad de expresión y de opinión.

La suspensión decretada por Interior el pasado mes de noviembre afectaba a tres agentes de la Guardia Civil por sus comentarios sobre la ley que exonerará a los independentistas de todos sus delitos.

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El expediente a Agustín Leal, portavoz de Jucil, se abrió, en concreto, por un mensaje que publicó el pasado 29 de octubre en la red social X (antes Twitter).

En aquel tuit acusaba al entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer "la mayor felonía" por su plan para amnistiar a los dirigentes independentistas procesados por el golpe en Cataluña.

Además de a Leal, Marlaska decidió suspender por falta "muy grave" a otros dos agentes: el presidente y el vicepresidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). Esta asociación publicó un comunicado en el que aseguraba que los guardias civiles estaban "dispuestos a derramar hasta la última gota" de su sangre en defensa de la soberanía de España y de la Constitución.

En el comunicado en el que APROGC mostraba su malestar con el acuerdo entre PSOE y Junts para sacar adelante la Ley de amnistía a cambio de investir a Pedro Sánchez, los guardias civiles destacaban que el artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado la misión de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, y garantizar la seguridad ciudadana".

El director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, comunicó formalmente a los tres agentes la apertura de estos expedientes disciplinarios, que conlleva, mientras se resuelvan, la suspensión cautelar de sus funciones.

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El pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado orden a los servicios jurídicos de estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra Jucil por "quebrantar el principio de neutralidad política", al hablar de la "felonía" que suponía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía ante el Comité Federal del PSOE. 

Mala relación

Si hay un colectivo al que Marlaska ha logrado soliviantar estos años, ese es el de los guardias civiles. De entrada, el Cuerpo ha tenido cuatro directores de marcado perfil político en cinco años.

Los cambios han sido especialmente convulsos en este 2023. María Gámez dimitió como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo, después de que su marido fuera imputado en una pieza del caso ERE. En plena polémica de mandos corruptos con el Caso Cuarteles y el Caso Mediador, llegaba Mercedes González para convertirse en la directora más breve del Instituto Armado: dimitió apenas dos meses después de su nombramiento, para incorporarse a las listas del PSOE en las elecciones del 23-J.

Le sucedió en el cargo Leonardo Marcos, sin apenas experiencia en materia de seguridad (antes había sido director general de Protección Civil y Emergencias).

En un acto sin apenas precedentes, las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil firmaron el pasado mes de octubre un comunicado conjunto en el que denunciaban los "continuos desplantes y menosprecios" del ministro Marlaska, al que acusaron de querer "desmantelar" el Cuerpo. 

El caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, la retirada del País Vasco y Navarra o la limitación de competencias en Cataluña han contribuido también a abrir una brecha entre Marlaska y los agentes difícil de cerrar.