Los sucesivos beneficios penitenciarios que el Gobierno y el Ministerio del Interior han proporcionado a los etarras en las cárceles siguen siendo uno de los principales problemas para Instituciones Penitenciarias. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva varios meses investigando si el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska filtró al entorno de los presos de la banda terrorista ETA información y datos confidenciales de la estrategia judicial de las víctimas para frenar los privilegios y los acercamientos de los reclusos.
La filtración, según la denuncia, se realizó a Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia vasco y representante de Sare, un colectivo. que trabaja para sacar a los presos de ETA de prisión. Como ya ha publicado EL ESPAÑOL, Azkarraga mantenía "contacto frecuente con algún responsable de Instituciones Penitenciarias". Tan estrecha era la conexión de Azkarraga con Interior que en un grupo de Whatsapp que mantenía con varios de los etarras llega a enviar mensajes que le había remitido Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias.
La denuncia que ha podido consultar EL ESPAÑOL la presentó el pasado 7 de diciembre Daniel Portero, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia. Portero es hijo de Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado a tiros por ETA en Granada en octubre de 2000.
El representante de este colectivo denuncia que se filtraron datos que compartió en una reunión con Ángel Luis Ortiz, secretario general de Prisiones, el 9 de diciembre de 2020. Aquel día acudió junto a su abogada, Vanessa de Santiago, y el vicepresidente de la asociación Dignidad y Justicia, Víctor Valentín Cotobal, a la sede de Instituciones Penitenciarias a reunirse con el Secretario General, con la Directora General de Atención a Víctimas del Terrorismo y resto del equipo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
En esa reunión Portero transmitió su preocupación por el acercamiento y la progresión de grado de uno de los asesinos de su padre, el miembro de ETA Igor Solana Matarranz. "En concreto, trasmití mi preocupación porque los centros penitenciarios estaban en contra de dicha progresión en grado y traslado del mismo".
Durante el mes de marzo de 2021, la Secretaría General de instituciones Penitenciarias, trasladó a otro de los asesinos de su padre -Harriet Iragi- desde la cárcel de Castellón a Logroño, continuando con los acercamientos pactados con el entorno de ETA y haciendo caso omiso a las demandas de las víctimas.
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Dignidad y Justicia, como otras asociaciones, exigió a Prisiones través de diversos burofax la documentación las resoluciones en las que se decretaba el traslado de los dos etarras. Daniel Portero las necesitaba para presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que revocase los acercamientos y la mejora en el régimen penitenciario concedido a los asesinos de su padre.
Chivatazo
Ahí se produjo, reza la denuncia, el chivatazo. Era ya 16 de junio de 2021. Varios medios se hacían eco de la admisión a trámite del recurso de Dignidad y Justicia. La filtración, que no conocerían hasta hace unos meses, aparece recogida en un informe de la Unidad Central de Inteligencia UCE-1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC) redactado hace apenas un año y que fue aportado a la Operación Kabat, que se instruye en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en el llamado sumario de los 'ongi etorris'.
Ese procedimiento permitió que se conocieran los mensajes del entorno de ETA con Interior. La izquierda radical vasca aprovechó esa vía de comunicación interna, directa con Prisiones, para orquestar los acercamientos al País Vasco. En el nuevo informe enviado por los investigadores figura un audio que Azkarraga remite a uno de los abogados de ETA, Txema Matanzas. "Me ha llamado éste ahora", dice en la grabación, presuntamente en referencia a alguien del equipo de la mano derecha de Marlaska en las cárceles.
Ese individuo, continúa Azkarraga, "me ha hablado sobre un recurso de Portero como víctima". La transcripción señala que esa persona del Ministerio del Interior le "ha estado explicando que en su día (Portero y su equipo) pidieron información (a Instituciones Penitenciarias) de la progresión de grado y traslado".
"Que ellos (Interior) mandaron la información que se había solicitado y sobre todo el tema relacionado con las decisiones de la Junta de Tratamiento y que ellos (los responsables de prisiones) creen que no tiene recorrido, pero que con este asunto se mete mucho ruido", continúa el informe del Instituto Armado.
El mensaje de Azkarraga, uno de los contactos de los presos de ETA con las cárceles, prosigue detallando lo que le ha dicho a su interlocutor en Prisiones: "¡Hombre! A nosotros nos preocupa mucho el tema del traslado". En Interior le responden: "¿Y qué crees? ¿Que les vamos a llevar otra vez donde estaban? ¡No, eso no va a ocurrir! Y por lo tanto creemos que esto tiene ruido mediático, pero nada más".
Por eso, Portero presentó junto a sus representantes legales una denuncia por vulneración de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
