Empleadas de hogar marroquíes piden indemnizaciones a España tras el cierre de la frontera

Más de un millar de marroquíes de los que entraban a Melilla cada día por la frontera para trabajar antes de la Covid siguen en Nador sin trabajo y sin recibir ayudas, a pesar de haber cotizado a la Seguridad Social en España. La mayoría son empleadas de hogar.

Estas trabajadoras siguen sin poder entrar en nuestro país y se han quedado en una situación de indefensión, sin acceso a tutela judicial efectiva, salvo unos mecanismos que se han abierto de manera informal entre sindicatos, promovidos en su momento por responsables de UGT en Melilla que fueron expedientados por este asunto.

Actualmente, con la nueva apertura de las fronteras terrestres en mayo de 2022, sólo pueden acceder a trabajar aquellos marroquíes que consigan un visado Schengen. Y ello pese a que el Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un régimen especial para Ceuta y Melilla.

En concreto, el artículo 41 de este documento dice que "los ciudadanos marroquíes que pueden entrar en Ceuta y Melilla, sin visado, siempre que no pernocten en territorio español, son los titulares del Permiso F (trabajadores transfronterizos) y los residentes en las zonas de influencia de Nador y Tetuán que acrediten esta condición y porten documento de viaje válido".

Son 1.310 los trabajadores marroquíes que se han quedado fuera de Melilla. "Han trabajado en casas de personas importantes de la ciudad, han cuidado de sus padres y de sus hijos, y ahora no les cogen ni el teléfono", critica Abderramán El Fahsi El Mokhtar, uno de los tres sindicalistas de UGT expulsados junto con José Ouviña Mantel y Mimoun Ahmed Mimon, por defender a los trabajadores transfronterizos.

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Los marroquíes que han trabajado en Melilla "siguen sin recibir ninguna ayuda, ni tan siquiera el ERTE a los que tienen derecho como cualquier trabajador español o extranjero en el Estado; es una discriminación en un país democrático", denuncia Abderramán El Fahsi.

De hecho, en el artículo 96.1 de la Constitución y en el artículo 27 del Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, se establece la práctica equiparación de los extranjeros y españoles en nuestro ordenamiento jurídico.

"Estamos abandonados", lamenta a EL ESPAÑOL Ayada (51 años). Esta mujer, viuda y con cuatro hijos, está desempleada en Marruecos. Trabajó en varias casas de Melilla desde 2015.

En su último empleo, antes de la Covid, comenzaba la jornada en una casa a las 8.00 y terminaba a las 17.00. "Dedicaba muchas horas. Tenía permiso de trabajo, pero iba hasta los días festivos. Cuando cerraron la frontera, la señora me abandonó. Me mandó cuatro o cinco veces dinero el primer año del Coronavirus, pero no me quiso hacer el visado para volver a trabajar a Melilla. Me dijo que era muy caro y que no podía".

El abogado Raúl Carballedo, especialista en derechos humanos, está defendiendo en los tribunales a "aquellos con los que hemos podido generar algún tipo de estructura informal, a través del consulado o de notarios en Nador, con toda la problemática y el coste que supone para ellos".

Lleva 14 causas y un primer juicio desestimado por el juzgado de Melilla y recurrido en el Tribunal Superior de Justicia. "El asunto de los transfronterizos genera mucha problemática, pero tienen derecho a percibir una indemnización", asegura Carballedo.

Conflicto en UGT

La situación de los trabajadores transfronterizos resulta espinosa porque con el cierre de la frontera quedó en evidencia que las leyes no contemplan a este sector. Su defensa ha sido uno de los motivos de despido de los tres directivos de UGT-FICA en Melilla.

Hace casi un año que Abderramán El Fahsi defiende los derechos de los trabajadores transfronterizos por su cuenta. "Ha habido un interés político determinado de acabar con una dirección en Melilla que estaba siendo incómoda por su honesta lucha sindical en favor de todos los trabajadores y trabajadoras, españoles y extranjeros, en contra de la explotación tan ampliamente extendida, en especial en esta ciudad", consta en el recurso de alzada dirigido a la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de UGT, con fecha de 2 de enero de 2024, documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los tres sindicalistas fueron denunciados por Rafael Espartero, vicesecretario general de Organización de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, porque considera que han cometido "actos y conductas contrarios a sus deberes y obligaciones", según consta en las resoluciones de la Comisión de Garantías que ha podido consultar este periódico.

Recibieron el expediente sancionador en marzo de 2023, un mes después de reunirse con el sindicato Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) en Nador. UGT justifica la sanción por "invadir las competencias que no les corresponden", ya que esta sección en Melilla se encarga de industria, construcción y agro, y no de las empleadas del hogar.

Por su parte, uno de los expedientados, Abderramán El Fahsi, defiende que "evidentemente, defendemos también a las empleadas de hogar". "No vamos a ayudar a unos y dejar a otros porque pertenezcan a otros sectores; se trata de una problemática general de un colectivo que agrupa distintas actividades y no las podemos dividir, sería una discriminación", añade.

Además, los directivos despedidos habían presionado a la central de UGT en Madrid para que se reuniese con los responsables de la UMT en Casablanca. "Solo queríamos buscar soluciones porque las leyes se han quedado desiertas, inadecuadas o insuficientes, ya que los transfronterizos no han cobrado el ERTE, pero sí han pagado un 24% de IRPF y la Seguridad Social. Que sea el norte de África no significa que estemos sometidos a las leyes de la selva. El principio de igualdad de derechos es para todo el mundo en un país democrático", explica El Fahsi.

"Históricamente, la situación de los transfronterizos estaba en manos de la Comisión Ejecutiva de UGT porque afectaba a distintos sectores. Desde una federación solo pueden defender a una parte, pero el grueso son las mujeres que trabajaban en los domicilios", asegura Javier Valenzuela, secretario general de UGT en Melilla.

Sin embargo, actualmente el sindicato solo defiende un caso de un transfronterizo marroquí que se dedicaba a la construcción en Melilla, pendiente de un juicio suspendido.

"Judicialmente todos los plazos se han pasado, por eso lo mejor sería una solución política. Los empresarios aluden que no van a volver a contratar o indemnizar a los trabajadores cuando no se han presentado, pero es que se habían quedado encerrados en Marruecos con la frontera cerrada. Esto lo tienen que solucionar entre el Gobierno y los empresarios melillenses", apunta Valenzuela.