Amina, marroquí de 42 años, acaba de cumplir su cuarto año encerrada en los 18,5 kilómetros cuadrados que tiene Ceuta. Antes de que Mohamed VI diera la orden el 13 de marzo de 2020 de cerrar las fronteras terrestres con las ciudades autónomas españolas, Amina vivía en Castillejos. Durante 25 años estuvo entrando todos los días a pie por El Tarajal para trabajar como empleada del hogar en Ceuta.

En la pandemia, la documentación de Amina caducó. Para renovar su pasaporte necesita volver a entrar en Marruecos, ya que Ceuta no cuenta con consulado marroquí, al igual que Melilla, por considerarlas Rabat "ciudades ocupadas". Por eso subsiste en un limbo administrativo, que no le permite trabajar de manera regular y con garantías, pero tampoco optar a ayudas.

A pesar de que la frontera está abierta desde el 17 de mayo de 2022, ahora España exige un visado Schengen a los no residentes en Europa para entrar de Marruecos a Ceuta y a Melilla, al igual que pasa con la Península. Sin embargo, estos trabajadores transfronterizos tenían una regulación aparte y entraban con su pasaporte expedido en las regiones aledañas a las ciudades autónomas.

La mayoría de los transfronterizos, alrededor de 2.500 en Ceuta y 3.000 en Melilla, se ha quedado sin trabajo porque durante el cierre de las fronteras estaban en Marruecos y no han podido volver a entrar a España.

Sin embargo, también hay unos centenares de trabajadores marroquíes que se han quedado atrapados en España durante la pandemia. Como Amina, a la mayoría le ha caducado la documentación, alrededor de 150 están en Ceuta y 300 en Melilla.

Además, desde junio de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores español exige a los trabajadores en Ceuta procedentes de Marruecos que tengan un permiso de trabajo o permiso de residencia. Algo que no cumplen estas personas.

Cruzar a nado

Amina está casada y tiene seis hijos. Cuando cerró la frontera estaba sola trabajando en Ceuta. Al no poder volver a su hogar, en 2021, su marido se aventuró a entrar a nado por la playa de El Tarajal junto a dos de sus hijos. Aprovecharon la avalancha de migrantes que se colaron en mayo al relajar la gendarmería marroquí la vigilancia en la frontera. Era la respuesta de Rabat a la decisión del Gobierno español de acoger a Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario.

"El pequeño tiene 8 años [sigue en Castillejos] y no me reconoce, no lo veo desde hace cuatro", lamenta Amina, que tiene a otros cuatro hijos en Barcelona.

Esta mujer es el soporte de su familia. Actualmente vive con su esposo y un hijo de 11 años. "Mi marido ahora está aquí, pero no trabaja porque es mayor y está enfermo. No tenemos derecho a médicos ni nada", solloza en la entrevista con EL ESPAÑOL.

La familia en la que trabajaba antes de la pandemia en Ceuta no la quiere sin contrato. Hay gente que le pide que vaya una vez al mes o cada 15 días a arreglarle la casa. "Como ya no tengo pasaporte, la gente tiene miedo de que la Policía vaya a su casa y me encuentre trabajando en situación ilegal", explica.

De hecho, un albañil de los que se quedó atrapado sin pasaporte tiene una orden de expulsión por trabajar sin papeles.  

Trastornos psicológicos

"Están atrapados sin documentación. No tienen permiso de trabajo y todo el mundo lo sabe. No se van a arriesgar a salir a Marruecos porque la familia depende del trabajo que tienen aquí. Tampoco los dejan salir a Algeciras para arreglar la situación en el consulado marroquí. ¿Cuántos años se van a tirar así?", dice Mariam, abogada con un bufete en Ceuta.

Esta realidad, que afecta prioritariamente a mujeres, acarrea trastornos psicológicos. "Yo he tenido clientas que me han dicho que se iban a suicidar. No aguantan más con la presión de la familia a la que mantienen en su país y el estar solas aquí", añade la letrada.

Además, muchas tienen que trabajan internas porque no pueden costearse un alquiler. "No se pueden mover ni para aquí ni para allá, no pueden hacer una vida, no se pueden casar porque no tienen documentación, no pueden regularizarse, no pueden trabajar legales, no pueden cotizar, no pueden hacer nada", sentencia Mariam.

Amina es una buena cocinera, pero no puede trabajar en los restaurantes. "La gente me llama y me hace encargos de ensaladas, breuats (pastelito de hojaldre marroquí), dulces, e incluso me piden que prepare banquetes para fiestas o bodas. Lo cocino en mi casa y después pasan a recogerlo porque no quieren que vaya a los locales. No saco mucho, la verdad", se queja.

El año pasado trabajó tres meses en un café, pero al final el dueño le dijo que no podía seguir porque la Policía se pasaba a controlar "de vez en cuando". Entonces se fue a otro barrio y a otro local.

"Estoy harta porque en todos los sitios me piden el pasaporte, hasta en el colegio del niño me dicen que no va a poder optar a la beca para el comedor", lamenta.

Víctimas de estafas 

Con el pasaporte caducado tiene dificultades hasta para obtener los alimentos de primera necesidad que distribuye Cruz Roja, que la familia realmente necesita. "Me han ayudado dos o tres veces, pero ya me han avisado de que no lo van a poder hacer más; es un desastre", dice Amina. 



"He acudido a la comisaría, pero la Policía me dice que vaya a Marruecos a renovar la documentación. ¿Pero cómo vas a volver a Marruecos sin ningún permiso ni nada? Luego no vas a poder volver porque necesitas el visado Schengen", explica. Estas personas no quieren arriesgarse a dejar Ceuta y Melilla para no perder el trabajo, del que viven sus familiares.

En este limbo administrativo y sin derechos, buscó una alternativa, alguien que le arreglase la documentación sin salir de Ceuta. Así conoció a Susana Martín, que actualmente está en prisión junto a otras tres personas por estafar a marroquíes sin papeles, en el marco de la operación Bolero.

La condenada recibió hasta 11.000 euros de Amina. En 2023, le confió los 4.000 euros ahorrados, 1.000 euros que tenía su madre guardados para el ramadán y otros 6.000 que le dio su hermano por la venta del coche en Marruecos. "Me dijo que me iba a dar el pasaporte, la residencia y un trabajo", se justifica.

Según la denuncia de varios estafados, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la trama cobraba 2.500 euros por la renovación del pasaporte marroquí y 10.000 euros por tramitar la residencia.

Los detenidos han estafado a otros marroquíes atrapados. Amina denunció el caso, pero como no está empadronada no tiene derecho a un abogado de oficio.

Los atrapados solían manifestarse para que se conociera su situación, pero con la frontera abierta no se atreven "porque la frontera está abierta y te pueden echar".