A primera hora de la tarde del martes se ha admitido a trámite en el Congreso, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regularización Extraordinaria para Personas Extranjeras en España. Esta iniciativa, impulsada por los propios inmigrantes en situación irregular, obtuvo casi setecientas mil firmas, y ha sido apoyada por 906 organizaciones. El texto pide la regularización de cientos de miles de personas que viven —y trabajan— sin papeles en España. Después de casi tres años con el asunto sobre la mesa, atrasada en ocasiones por las distintas citas electorales, por fin llegaba al hemiciclo.
Sobre el debate de hoy se cernía un halo de imprevisibilidad ante la duda de algunos de los partidos que serían clave en la votación. Concretamente, Junts confirmó su voto afirmativo durante la mañana, y el PP no había definido aún su posición en los minutos previos al pleno. Finalmente, ambos han facilitado su tramitación.
También el PSOE tenía sus reservas. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario en el gobierno declaraban a EL ESPAÑOL que, a pesar de tener decidido su voto, la iniciativa no podía suponer un levantamiento de fronteras ni una barra libre para la inmigración irregular. Sin embargo, sustentaron su decisión de apoyar la propuesta, entre otras cuestiones, en la necesidad de "la presencia de miles, si no millones de inmigrantes en España para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones".
El Congreso apoya la ILP para tramitar la regularización de cientos de miles de migrantes en España.
Vox no quiere que "España sea Argelia"
El único voto en contra lo ha ejercido el partido de Santiago Abascal. Para argumentar su rechazo a la ILP, la portavoz Rocío de Mer argumentó que desde Vox querían que "España siga siendo España" y no "Argelia o Senegal". Esta postura, defendió, "no es xenofobia ni racismo, es puro sentido común". Estas declaraciones obtuvieron abucheos desde distintas bancadas.
Sofía Acedo, del Partido Popular, defendió por su parte el voto a favor por respeto a las organizaciones populares que la impulsaban, así como por la "petición expresa de distintas entidades religiosas", como Cáritas, y de los empleadores, "que necesitan mano de obra". Sin embargo, también sugirió al Gobierno de Pedro Sánchez que regulase "vía Real Decreto" las regularizaciones extraordinarias de extranjeros, como se ha hecho en distintas ocasiones desde gobiernos anteriores -cinco del PP y cuatro del PSOE-. Esto es, porque, según ha explicado Acedo, "las ILP no pueden regular materias reservadas a ley orgánica".
El PSOE, en boca de Elisa Garrido, afeó a Vox su discurso previo desde la tribuna: "la inmigración tiene un peligro, los discursos de odio como el que acabamos de escuchar aquí". Garrido agradeció la presencia del primer firmante de la ILP, Agustín Nur, para mostrar después un apoyo claro a la propuesta: "Es difícil no estar de acuerdo con la motivación de esta ILP". No hizo, sin embargo, referencia alguna a los matices que desde la dirección de su partido tienen pensado hacer tras su tramitación.
Gala Pin, de Sumar, ha comenzado su intervención pidiendo un alto el fuego en Gaza. Respecto a la ILP, ha querido subrayar las casi setecientas firmas que se han recogido para su llegada al hemiciclo, así como las más de 500.000 firmas "de los beneficiados por la iniciativa, que no han podido firmarla". Ha concluido que esta regularzación es sólo un "pequeñísimo gesto" para la "deuda histórica" que el "colonialismo aún vigente" tiene con países como África.
Junts ha dado su voto favorable a la espera de realizar "matizaciones" tras la tramitación de esta ILP. Además, Josep María Cervera ha criticado desde la tribuna que Cataluña tenga "la tasa más alta de de inmigración de todo el Estado español", una cuestión, según Cervera, que era difícil de gestionar al no estar provistos de "competencias en materia de inmigración en Cataluña y de los recursos" necesarios. Por este motivo, continuó diciendo, "pactamos con el Gobierno la cesión" de dichas competencias. Ahora, Junts defiende que se debe "dejar que Cataluña ponga en marcha su propia política nacional de inmigración", que no ha de estar "supeditada a los intereses del España".
Tres años de recorrido
Esta iniciativa popular ha sido liderada por multitud de asociaciones y sindicantos de inmigrantes de toda España. A través de la plataforma Regularización Ya, ha tenido un largo recorrido hasta llegar al hemiciclo. El 22 de diciembre de 2022 se presentaron en la Junta del Censo Electoral las 612.000 firmas (se requieren al menos medio millón). Esta propuesta, según reza la cronología de la plataforma, tuvo en su horizonte, desde el primer día, la "exigencia de Justicia Social para nuestras hermanas y hermanos migrantes que viven y trabajan en España sin acceso a Derechos".
El 22 de febrero de 2023 realizaron una Jornada Especial en el Congreso de los Diputados. Allí se presentó instaron ya a los parlamentarios a que agilizasen el traslado de la ILP a la Comisión de Trabajo correspondiente y su posterior aprobación en el Pleno del Congreso.
El 10 de mayo de 2023, las portavocías de la plataforma Regularización Ya defendieron, ante la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Migración e Inclusión del Congreso, su demanda de Derechos. Lamine Sarr (Sindicato de Manteros de Barcelona) y Edith Espínola (SEDOAC) expusieron los motivos y la necesidad urgente de una regularización.
Fotografía tomada durante la Jornada Especial en el Congreso de los Diputados del 22 de febrero de 2023
Sin embargo, y a pesar del avance de esta ILP en aquellos meses, durante la campaña electoral y las elecciones de julio de 2023 se paralizó su recorrido. "Vimos como todo el respaldo que los partidos aliados dijeron dar a nuestra Propuesta de Ley, se desvanecía". Desde la web de esta plataforma, cuentan cómo los partidos políticos "priorizaron acuerdos locales, o amnistías". Habían "desaparecido" de los programas electorales y del "acuerdo de investidura para la conformación del actual Gobierno de coalición".
La tramitación aprobada hoy, abre finalmente paso a una ILP nacida del consenso de hasta 906 organizaciones. Desde la Conferencia Episcopal, pasando por ayuntamientos, hasta asociaciones de prostitutas.