Pedro Sánchez necesita "reflexionar" y ha anunciado que cancela su agenda. En una carta publicada en redes sociales, el Presidente del Gobierno ha explicado que la razón que le ha llevado a tomar esta decisión ha sido la admisión a trámite de una querella contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción. El presidente cree que se trata de un acoso y derribo contra él. 

Sánchez señala directamente "al Sr. Feijóo y al Sr. Abascal" como colaboradores necesarios para llevar a cabo una operación únicamente destinada a hacerle "desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Tras lo que se hace una pregunta: "¿Merece la pena todo esto?".

"Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar", añadía Sánchez en su carta. La respuesta llegará el próximo lunes 29 de abril, que es cuando comparecerá para hacer pública su decisión final.

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Desde que se hizo pública su carta, se especula con las distintas opciones que tiene el presidente. Además de la dimisión, se abren otras posibles opciones. El ejecutivo no podrá convocar elecciones anticipadas hasta el 29 de mayo, día en que se cumple un año desde su comparecencia a los medios tras el 28-M.

Puigdemont y grupos del PSOE sospechan que la carta abierta firmada por el Presidente del Gobierno es la antesala de una cuestión de confianza en la que el Congreso dé su apoyo a que Sánchez siga en la Moncloa. El artículo 112 de la Constitución recoge el funcionamiento de esta moción.

¿Qué es una cuestión de confianza?

En los sistemas de parlamentarismo racionalizado, como el español, la exigencia de responsabilidad política tiene cauces específicos. En concreto, la Constitución española recoge dos: la moción de censura y la cuestión de confianza. Ambas están dotadas de los mismos efectos: la destitución del Gobierno. "La aprobación de la primera y la desaprobación de la segunda determinan por imperativo constitucional (artículo 114) la caída del Ejecutivo", asegura la Constitución.

La cuestión de confianza es un instrumento para la exigencia directa de responsabilidad política que se debe a la iniciativa del propio Gobierno. De hecho, es su distinto origen lo que la diferencia esencialmente de la moción de censura, que es una iniciativa parlamentaria.

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El artículo 112 de la Constitución especifica que "el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados" y tras un debate similar al desarrollado en las investiduras.

De no obtener dicha confianza, el efecto sería similar al que se produciría si hubiera dimitido, que no continuaría al frente del Ejecutivo. Si no logra la mayoría simple, según el artículo 114, el presidente deberá presentar su dimisión al rey, y se iniciará el procedimiento para la designación de un nuevo presidente del Gobierno.

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Este mecanismo constituye una herramienta para que el Gobierno pueda verificar y reafirmar su respaldo parlamentario. En España, tan solo en dos ocasiones se ha hecho uso de la cuestión de confianza y, en ambas, por circunstancias que no parecen corresponder a la necesidad de reagrupar las fuerzas de la mayoría en un momento de crisis. Hasta la fecha, solo dos presidentes del Gobierno han hecho uso de la cuestión de confianza, y, en ambas, "por circunstancias que no parecen corresponder a la necesidad de reagrupar las fuerzas de la mayoría en un momento de crisis".

La primera, por el presidente Suárez en 1980 en la que "según una opinión muy difundida, buscaba contrarrestar ante la opinión pública el desgaste sufrido meses antes por la moción de censura promovida por la oposición socialista. El Congreso de los Diputados mantuvo la confianza en el Presidente Suárez", indica la sinopsis del artículo 112.

La segunda fue presentada por el presidente Felipe González el 5 de abril de 1990 "para subsanar la atípica votación de investidura al comienzo de la IV Legislatura, en la que no participaron todos los Diputados como consecuencia de unos recursos presentados contra los resultados electorales proclamados. Igual que en la anterior cuestión de confianza, el Congreso de los Diputados mantuvo la confianza en el Presidente González", se explica en la Constitución.