El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha hecho pública una carta dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres en la que denuncia las "falsedades y omisiones" del informe de la ONU que cuestiona las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en varias comunidades autónomas.
Azcón sostiene en su misiva que dicho informe, escrito por los relatores especiales Fabián Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, contiene "información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España". En consecuencia, asegura, "desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones".
De hecho, la ONU ya se desmarcó de este informe el pasado viernes, argumentando que era sólo una "comunicación" que contiene "opiniones y recomendaciones", sin carácter vinculante para España. Es decir, sin que el Gobierno español esté obligado a aplicar estas recomendaciones.
Sin embargo, la publicación de dicho escrito se llevó a cabo, según Azcón, ante una total "indefensión" por parte del Gobierno de Aragón, ya que en ningún momento se le concedió una "audiencia previa" como "parte aludida".
Esa "exclusión" del Gobierno aragonés, escribe el presidente de Aragón, "socava gravemente la objetividad" y la "imparcialidad" del informe.
Como respuesta, en su carta publicada en su perfil de X, Azcón anuncia que hará llegar un informe "a modo de alegación" al relator Fabián Salvioli, coautor del texto que motivó el conflicto, para profundizar jurídicamente en todas las cuestiones que allí se mencionaron.
Jorge Azcón ya corrige brevemente algunos detalles del mismo, como el hecho de que en Aragón no se haya aprobado aún ninguna ley de concordia, como afirmaron los relatores, sino que sólo se culminó la derogación de la Ley de Memoria Democrática anterior.
A su entender, la norma derogada "imponía un relato sesgado y una interpretación partidista de la historia", al "condenar los crímenes cometidos por un bando y relativizar los del otro". Un texto que "sembraba la división entre los aragoneses".
Dicha derogación, detalla, "no invisibiliza las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la dictadura franquista", ya que no impide que las Administraciones públicas "faciliten a sus ciudadanos" honrar a las víctimas, "cualquiera que fuera el bando en el que militaban". En este sentido, subraya que su gobierno ha un aumentado el 10% el presupuesto dedicado a exhumaciones.
También corrige a los relatores en lo referente al portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, que "no se ha suprimido". Tampoco se ha eliminado, asegura, "el mapa de las fosas comunes".
Ofensiva del PSOE
En su carta, Azcón defiende además su Plan de Concordia, que se aprobará "en las próximas fechas", argumentando que su objetivo no será el de "invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura, sino honrar a todas ellas". Incluyendo también a las víctimas de ETA.
La noticia de la publicación del informe de los relatores de la ONU tuvo alcance nacional después de que el presidente Pedro Sánchez utilizara la misiva para sostener que los gobiernos autonómicos formados por el PP y Vox "equiparan a las víctimas con los verdugos".
Además, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que esta semana convocaría la Comisión Bilateral con Aragón para intentar convencer al Ejecutivo de Jorge Azcón de que dé marcha atrás a la derogación de la ley de memoria democrática de la región.
El Gobierno mantiene la amenaza de llevar ante el Tribunal Constitucional a los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León a raíz de esta polémica.