Investigan por venta ilegal de drones militares a Libia al marroquí que acusó a España de acoger a Ghali

Así lo ha podido confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL con fuentes jurídica conocedoras del devenir del procedimiento. El nombre del empresario es Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, tiene 34 años y en el último lustro había trascendido su figura como un tipo con férreos lazos con el Gobierno de Marruecos.

Tal y como publicó este periódico, la empresa a la que iba dirigida la operación lanzada por la Comisaría General de Información (CGI) era Star Defense Logistics & Engineering (SDLE), especializada en fabricación y comercialización de armas. Su dueño se había convertido en un contratista habitual del Ministerio de Defensa, con 400 contratos adjudicados en apenas 5 años. 

De las diligencias practicadas en el procedimiento, a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, se desprenden que para las exportaciones, presuntamente ilegales, fue imprescindible "la intermediación" de Mohamed Rachad Andaloussi.

El joven era, según las pesquisas de la Policía Nacional una persona "del círculo de confianza" de un ciudadano libio que también está imputado en la causa. Ellos se encargaron de proporcionar el material a las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada-SDF), un grupo armado que profesa el radicalismo islámico.

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Denuncia del caso Ghali

La operación de la Policía Nacional arrancó en el año 2020. Solo un año después, en 2021, el Gobierno se vio inmerso en una complicada situación debido a la polémica acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Aquella maniobra diplomática generó una enorme crisis política con Marruecos que terminó con la entrada de 10.000 inmigrantes en un solo día por la frontera de Ceuta y que solo se resolvería al año siguiente con el giro de Pedro Sánchez, cuando decidió de improvisto aprobar el plan de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El entonces acuñado como caso Ghali terminó en los juzgados debido a las presuntas irregularidades de la entrada en España del mandatario saharaui. Y ahí estaba, entre los denunciantes, Mohamed Rachad Andaloussi Ouriaghli, el empresario marroquí afincado en España y ahora investigado por presunto envío de material armamentístico a través de una firma española a una milicia armada en Libia.

Andaloussi Ouriaghli nació en Tánger en 1989 y es ingeniero de caminos y puertos, tal y como quedó reflejado en un perfil sobre él en La Vanguardia. Llegó a Valencia cuando tenía 3 años, pero hasta los 17 no se afincó en ella. A los 26 años obtuvo la nacionalidad española. Tanto aquella publicación como otro perfil que se le escribió en la revista Forbes puntualizaban que este empresario, sobre tras la denuncia del caso Ghali, no se trataba de un ciudadano cualquiera.

"Cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la diplomacia empresarial y se ha convertido en un fuerte candidato para revitalizar la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Marruecos en España, una iniciativa que apoya el sector político empresarial en ambos países", recogía la revista en 2022.

Conexiones

Asimismo, el empresario consideraba que la puerta grande de Marruecos "no está en Tánger, sino en las provincias del sur, una zona que está en pleno desarrollo económico y social y deseo que las empresas españoles puedan participar de esa tendencia de crecimiento y no ser las últimas en llegar". El mismo perfil reseñaba que Andaloussi fue premiado por el prestigioso fórum Crans Montana como nuevo líder del futuro en su edición de 2019.

Su nivel de influencia y su poder de convocatoria, como publicaron diversos medios de comunicación, se hizo patente el día de su boda en septiembre de 2021. El convite se celebró en Tánger y para muchos fue considerada "la boda del año".

A ella acudieron personalidades del mundo de la política y de la empresa de ambos países. Desde el exministro socialista José Bono hasta altos cargos del gobierno marroquí, incluidos varios ministros, pasando por representantes diplomáticos de Libia, Túnez, Emiratos Árabes, EEUU, entre otros.

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La investigación

Aurelio Estrella Río ostentaba el cargo de administrador único de la empresa armamentística española SDLE, investigada por el Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. El juez ordenó detenerle tanto a él como a su hermano y a otros dos miembros de la compañía, así como a un ciudadano libio, por vender material de forma ilegal a las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada-SDF), una organización paramilitar de corte salafista asentada en Libia.

Semanas después citaría como investigado al prometedor empresario, señalan fuentes jurídicas.

Uno de los empresarios detenidos, en un vídeo publicado en el canal de Youtube de su compañía. SDLE

En 2020, los agentes de la Comisaría General de Información a cargo de la investigación descubrieron que un ciudadano libio responsable de una milicia armada en su país había viajado a España para reunirse con los representantes de Star Defense Logistics & Engineering (SDLE). Venía a negociar la compra de drones con cámaras térmicas.

En una fase posterior de la investigación, se comprobó la participación de otras cuatro personas en la compraventa y posterior exportación ilegal de un sistema antidrón con destino al aeropuerto de Trípoli, controlado por la misma milicia.

Este material, según señalan los investigadores, estaba valorado en más de dos millones de euros. Los agentes de la Policía Nacional les detuvieron por su presunta participación en los delitos de contrabando de géneros prohibidos y contrabando de material de doble uso (el que se puede destinar tanto al campo civil como al militar). 

La venta habría violado el embargo internacional impuesto a Libia, incurriendo en un delito de contrabando de género prohibido.

Además, la empresa en cuestión materializó la entrega del material sin "haber obtenido las preceptivas licencias de exportación" que se expiden desde la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa (JIMDDU). Este es el órgano nacional de competencia para en la exportación de material de doble uso.

La detención de los trabajadores de esta empresa armamentística no es el único escándalo en el que se ha visto involucrada la compañía SDLE. Hace seis meses, en julio de 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a esta firma y a otras tres del sector por crear dos cárteles para repartirse las licitaciones del Ministerio de Defensa. La multa de la CNMC en conjunto ascendía a 7,1 millones de euros.