Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han entrado en la mañana de este jueves, 9 de mayo, en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas.
Este registro se realiza, a petición de la Fiscalía Europea, porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez, quien este lunes, 6 de mayo, estuvo ante la Fiscalía Europea, si bien se acogió a su derecho a no declarar.
Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.
Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González (administrador de la empresa RR7) por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.