Investigan a los guardias civiles que llevaron a la cárcel a 4 funcionarios de prisiones con prueba falsa

La Guardia Civil está investigando ya la actuación de la unidad de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid que acusó falsamente a cuatro funcionarios de la cárcel de Valdemoro de introducir droga y teléfonos en esa prisión al inicio de la pandemia, y que fueron injustamente encarcelados por esas acusaciones.

En una carta escrita por el coronel Diego Pérez de los Cobos, a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el actual jefe de ese destacamento desvela que junto al director del citado presidio también está siendo "objeto de investigación penal" la actuación de los guardias civiles que encabezaron las pesquisas que terminaron encarcelando a los trabajadores de esa penitenciaría.

Los funcionarios fueron detenidos en mayo de 2021, e ingresaron en prisión dos jornadas después. Aquella fue bautizada por la Guardia Civil como operación Orión. Sin embargo, no se tardó en descubrir que los agentes no dieron con una sola prueba de lo que buscaban: sustancias estupefacientes.

No salieron en libertad hasta octubre, encerrados en un módulo penitenciario destinado a miembros de la Administración General del Estado. Los trabajadores que soportaron durante año y medio un calvario judicial quieren, ya exonerados, localizar ahora a los responsables de su encarcelamiento. Ya absueltos de la acusación de montar una trama para introducir droga en la cárcel, se querellaron contra el jefe de la prisión y los guardias civiles por los delitos de prevaricación, detención ilegal y falsedad documental.

Ahora les llega la confirmación de que los agentes que les investigaron serán fiscalizados a su vez para comprobar cómo realizaron la investigación.

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En su carta a los afectados, el coronel Pérez de los Cobos les tranquiliza alegando que los responsables de la falsa acusación están siendo investigados. "Una vez que el correspondiente órgano judicial determine si los hechos investigados revisten o no carácter delictivo, se valorarán las posibles responsabilidades en el ámbito disciplinario", señala el mando de la Benemérita.

La causa

Los trabajadores buscaron a letrados que les llevaran el caso. Su defensa la ejerce ahora Sánchez Navarro Abogados, los representantes legales del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). El objetivo es que el Ministerio del Interior asuma su responsabilidad en lo ocurrido.

Los agentes fueron acusados de meter en la cárcel drogas y teléfonos móviles desde el comienzo de la pandemia. El escándalo fue total, y los titulares de los medios de comunicación se inflaron las acusaciones contra estos cuatro trabajadores.

A uno de ellos le localizaron una supuesta taquilla en un módulo distinto al suyo en la que había una bolsa cuyo contenido los investigadores confundieron con marihuana. Era en realidad hoja machacada de alcachofa. 

Al redactar las diligencias, los agentes señalaron que habían encontrado "marihuana dispuesta para ser vendida al mejor postor". Pero allí no había ni hubo nunca droga alguna lista para entregar a los reclusos.

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En uno de los atestados iniciales, los investigadores llegaron a escribir: "Hasta el momento, después de todas las acciones operativas, no hay ninguna prueba que incrimine directamente a los funcionarios". A pesar de ello, los funcionarios continuaron recluidos hasta que salieron absueltos de todos los cargos. 

La respuesta del coronel Pérez de los Cobos llega un año después de que uno de los funcionarios le escribiese una misiva para conocer si se iba a tomar alguna medida disciplinaria contra los investigadores: "¿No le llama poderosamente la atención que unos agentes que se supone hayan hecho anteriores incautaciones, puedan confundir una sustancia, y lo que es más, hacer apreciaciones al respecto?".

"Todo ello me lleva a dos posibles conclusiones", le escribía uno de los afectados al mando de la Benemérita. "Que los conocimientos de estos avezados agentes estén muy por encima de los del Instituto de Toxicología, o bien que simplemente le mienten, a sabiendas de que usted no va a tomarse el más mínimo interés en verificar sus datos, involucrándole así como validador del falso informe".

Junto a la carta, el funcionario le adjuntaba al coronel una copia del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que analizó el contenido de la bolsa con hojas de alcachofa que los investigadores creyeron marihuana.

El análisis a realizar consistía en una "investigación de drogas de abuso y adulterantes más habituales". Tras varias técnicas periciales, tres de las muestras arrojaron el mismo resultado sobre el producto incautado: "No se detecta ninguna de las sustancias investigadas". En la cuarta se encontró vitamina E y niacinamida, una forma de vitamina B. Nada de marihuana ni de otras drogas. 

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Las pesquisas de la Guardia Civil quedaron en nada, por eso la investigación al final sólo la sostuvieron los testimonios de varios testigos protegidos. Y estos, pese a haber realizado diversas acusaciones ante la Guardia Civil, se desdijeron ante la magistrada del caso cuando les tomó declaración.

La carta terminaba así: "¿Va usted a tomar alguna medida disciplinaria contra sus hombres? Me inclino a pensar que no (...). La verdad es que tampoco me importa mucho, ya que por fin un juez abre diligencias de investigación al encontrar indicios de infracción penal. Me gustaría dejar constancia de mi profundo respeto hacia usted y la institución que representa, a pesar de no haber gozado yo de tal privilegio (...). La abrumadora documentación que poseemos no les augura un final feliz a los agentes intervinientes. Le deseo lo mejor y que no vuelva a ser engañado".