Los cuatro guardias civiles supervivientes de la tragedia del pasado 9 de febrero en Barbate (Cádiz) han señalado al coronel de la comandancia de Cádiz como el responsable de la cuestionada decisión de enviarles en una zódiac contra las narcolanchas que aquella noche acabaron con la vida de dos de sus compañeros.

Así lo han hecho este viernes en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barbate, en la causa abierta para dirimir las responsabilidades penales de los mandos que ordenaron a los agentes incautar las narcolanchas saliendo al agua a bordo de una embarcación mucho más frágil.

La denuncia fue formulada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y apunta a la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que resultaba de aplicación a ese tipo de servicios. El juez ha abierto investigación contra un general máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. Se les investiga por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en el artículo 316 del Código Penal.

Según fuentes presentes en el interrogatorio relatan a EL ESPAÑOL, a los agentes se les ha preguntado por las condiciones de aquella tarde, por cómo se desarrolló el servicio que culminó con su fatídica entrada en el agua. Los agentes han apuntado hacia la cadena de mando, y hacia las órdenes contradictorias que se lanzaron aquella jornada. 

La decisión, han señalado, la tomó el coronel de la comandancia. Expresamente se advirtió aquella tarde de que las narcolanchas les superaban en número y en potencia y que les iban a pasar por encima. Algo que finalmente fue lo que sucedió, con el resultado mortal del asesinato de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, muertos en acto de servicio.

Según AUGC, los agentes "han puesto de manifiesto la inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios y no atendimiento de la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes".

El juzgado, tras abrir diligencias, acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero. En ellas ya manifestaron las "inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y eficacia, el servicio que les había sido ordenado".

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En la denuncia, AUGC pidió la investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que señala que "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses."

Igualmente, según ha recordado, la AUGC aludió en su denuncia al artículo 318, que dice que "cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello".

Los agentes han ratificado de nuevo que los mandos conocían que los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) sólo contaban con una barca que ni siquiera era rígida. El sargento al frente del equipo, que ha declarado por espacio de más de una hora, ha insistido en que comunicó en varias ocasiones a los distintos mandos con los que habló "que los medios no eran adecuados" para intentar la detención de los narcotraficantes que permanecían en potentes narcolanchas abarloadas a la entrada del puerto de Barbate, donde se protegían del temporal.

En su declaración, los guardias civiles reiteraron que se hallaban en el mismo automóvil que el sargento. Si bien no escuchaban a los interlocutores con los que éste hablaba, sí sabían lo que este jefe de equipo manifestaba, de manera que han ratificado también las palabras del suboficial. "Que confirman nuestro deseo de que la investigación llegue más allá de la revisión de si se cumplió la normativa sobre riesgos laborales, y que, por tanto, y en función de lo recogido en las declaraciones, si hubo un delito de homicidio imprudente" ha precisado Milagros Cívico, portavoz de la asociación mayoritaria JUCIL, también personada como acusación en este caso.

También ha declarado este viernes el capitán del Servicio Marítimo. Éste ha confirmado que se comunicó a los superiores la imposibilidad de trasladar hasta el lugar una embarcación más potente que la pequeña barca utilizada, porque el temporal impedía la salida de estas naves de sus puertos habituales.

De igual forma, el traslado resultaba imposible por tierra porque la rampa del puerto de Barbate no hubiera permitido llevarla de nuevo hasta el agua. "JUCIL busca que todos los responsables sean presentados ante los tribunales y, si en el caso de la muerte de nuestros compañeros en este terrible suceso reclamamos que se investigue con mayor intensidad para dar con los autores materiales del asesinato, en estas otras diligencias esperamos que sean llamados a declarar los mandos responsables de estas órdenes", ha resaltado Cívico.

"Les han dejado de lado"

Al mismo tiempo que declaraban, a las puertas del juzgado de la localidad gaditana, las mujeres de los cuatro guardia civiles supervivientes rompieron su silencio para revelar cómo están sus parejas. "No se sienten respaldados por sus mandos. Al revés, ellos están intentando escurrir el bulto y que caiga la responsabilidad sobre ellos", ha explicado una de ellas.

La segunda de las mujeres ha denunciado también que el sentimiento de los supervivientes es que "no se sienten protegidos por la institución. Los han dejado de lado".