Desde 2016 han fallecido en España 9 policías nacionales y 50 guardias civiles en acto de servicio, según los datos recopilados por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esto arroja una media de 7,5 agentes fallecidos cada año mientras trabajaban.
En un período similar, desde 2018, se quitaron la vida 165 agentes de ambos cuerpos. Es decir, una media de 27,5 cada año. Estos datos implican que, por cada agente que muere en acto de servicio en España, cuatro se suicidan.
El policial es uno de los sectores profesionales con las tasas de suicidio más altas en todo el mundo. Cada año encabezan la lista, seguidos de cerca por los abogados y los médicos. Pero en España el problema se agrava por momentos.
Según los datos del Ministerio del Interior, tan sólo en el año 2023 se suicidaron 10 guardias civiles y seis policías nacionales. Hay que tener en cuenta que Interior no recaba datos de los suicidios en la policía local y autonómica. Los datos de AUGC apuntan a que en total, contando esos agentes, se quitaron la vida 21 efectivos en el mismo período.
Ante esta problemática, las diferentes asociaciones reclaman que el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska implante mayores medidas de seguridad y protocolos contra el suicidio para los agentes. Una de las más repetidas es la de ser considerados como "profesión de riesgo", lo que implica también mayores contrapartidas económicas.
Desde la tragedia en Barbate, fueron asesinados dos guardias civiles al ser arrollados por una narcolancha, se ha vuelto a poner sobre la mesa la reclamación que hace tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil para que la Seguridad Social les incluya dentro de esta categoría.
Un reconocimiento que sí tienen los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y las policías locales, pero no la Policía Nacional ni la Guardia Civil.
Esta categoría hace que se reconozca "la naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre" de otras profesiones como los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, ferroviarios, personal de vuelo, profesionales taurinos o bomberos, a los que se han sumado recientemente los bomberos forestales.
Las medidas que implica esa categoría van desde más flexibilidad en los horarios de trabajo a la formación específica en prevención de riesgos laborales. Además, tienen la oportunidad de jubilarse antes sin sufrir los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan de manera anticipada.
En la actualidad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, conforme a lo que estipula la Ley Orgánica 9/2015 para los primeros, y la Ley Orgánica 29/2014 para los segundos, se jubilan a los 65 años.
Desde las asociaciones reclaman, además, que se creen protocolos de actuación frente a los síntomas de trastornos. "Los agentes no salen de las academias preparados para lo que tienen que ver", explican.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva años "denunciando que son necesarias medidas y mecanismos dentro de la institución ya que la prevención temprana de las señales de alerta puede disminuir el riesgo de suicidio" entre los compañeros.
"Reclamamos aumento de psicólogos o la externalización del servicio de atención psicológica, de manera que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando y los agentes puedan contar con especialistas ajenos al cuerpo para tratarse sin miedo", añade la asociación.
Otra de las reclamaciones que hacen tanto AUGC como la Confederación Española de Policía (CEP) es la creación de "armeros en todas las unidades y garantía de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida profesional del guardia civil" y policía.
Los armeros son cajas fuertes donde se guardan las armas, para que los agentes no tengan que llevárselas a casa. Esto podría reducir el riesgo de suicidios ya que, según cuentan las asociaciones, bajo una situación de estrés y malestar, y teniendo el arma a mano, es más fácil cometer un acto impulsivo.