En plena campaña del presidente Pedro Sánchez para regular los medios de comunicación apelando a la "regeneración democrática", la Comisión Europea señala y afea al Gobierno la "detención de periodistas" en España.
Así viene recogido en el informe sobre el Estado de derecho en 2024, el llamado Rule Of Law Report 2024. En esta documento elaborado anualmente por el Ejecutivo comunitario se hace mención de la situación en la que trabajan los reporteros en España.
"Los periodistas se siguen enfrentando a desafíos cada vez mayores en el desempeño de sus actividades profesionales", reza uno de los apartados del informe.
A continuación, entre esas dificultades, el dossier destaca la detención ilegal a la que se enfrentó un periodista de EL ESPAÑOL y otro del diario El Mundo el pasado mes de noviembre cuando hacían su trabajo cubriendo las protestas en la calle Ferraz contra la Ley de Amnistía.
Precisamente en este mismo informe sobre el estado de derecho en España, la Comisión Europea constata que la amnistía genera "gran controversia" en nuestro país, y se hace eco de las críticas de la Comisión de Venecia a la ley, por la tramitación urgente y por la falta de suficientes consultas.
Junto a este episodio, el documento señala también al Ministerio del Interior, departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, por la "detención violenta" también de un fotoperiodista de EL ESPAÑOL.
Desde el anterior informe anual, la Plataforma Para Promover la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, un organismo adscrito a la Comisión Europea, ha activado siete alertas relativas a "ataques, acoso, intimidación, detención y encarcelamiento" de reporteros en España.
Interior respondió señalando que los periodistas detenidos fueron arrestados por estar presuntamente cometiendo actos que no correspondían con su actividad profesional.
El procedimiento abierto contra los dos reporteros de EL ESPAÑOL y El Mundo continúa abierto, y ambos diarios valoran emprender acciones legales por detención ilegal y denuncia falsa contra la Policía Nacional.
Ambos periodistas se encontraban acompañados de otros dos reporteros que fueron testigos de que los arrestados por la Policía se limitaron a hacer su trabajo, sin mostrar en ningún momento actitud violenta.
Publicidad institucional
Hace unos meses la Unión de Periodistas, vinculada a la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) emitió un comunicado manifestando su "absoluta repulsa" por las "detenciones ilegales" de los dos reporteros cuando cubrían durante toda esa jornada las protestas.
El informe de la Comisión Europea afea también que no haya habido aún "cambios efectivos en la legislación sobre la regulación de la inversión publicitaria institucional en los medios de comunicación".
Sánchez garantizó la semana pasada una reforma del sistema que incluyera más trasparencia en la propiedad y financiación pública de los medios de comunicación.
Bruselas, por su parte, exige una "transparencia mayor en la distribución de la publicidad institucional para evitar el uso del reparto de esa publicidad para cuestiones políticas o electorales".