Funcionarios de Hacienda contra la secesión fiscal de Cataluña: "Quieren una de las joyas de la corona"

En Cataluña existe un déficit histórico de técnicos de Hacienda. Ya sea por decisión propia, por una cuestión ideológica o porque prefieren trabajar para la Generalitat, en la región siempre han quedado vacantes para estos puestos de la AETA.

Ellos son quienes se encargan de la gestión, inspección y recaudación de los tributos, una competencia reservada a la Administración del Estado. Al menos hasta ahora, ya que el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa contempla que a partir de 2025 se iniciarán los trámites para que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos. 

Para ello se prevé que la AEAT transfiera “medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos” a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Un órgano que ya existe, pero que actualmente no cuenta con personal suficiente, ni tiene la capacitación necesaria para hacerse cargo de la gestión íntegra de los impuestos. 

“La gente está muy preocupada por los efectos que el pacto político puede tener sobre el personal”, reconoce José Ramón Arruebo, que es además secretario general del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) en Cataluña. 

El delegado sindical admite que aún no saben “cómo se va a realizar, los trabajadores no saben a qué atenerse”, aunque la opción más lógica sería que a los actuales funcionarios del Estado les ofrecieran pasar a formar parte de la plantilla de la Agencia catalana. Es decir, de la Generalitat. 

Esto es lo que ya plantean los republicanos. La actual consejera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, de ERC, dijo esta semana en Catalunya Ràdio que se deben realizar estudios sobre “cómo reforzar la ATC con medios técnicos, humanos y materiales”. “Los humanos en gran parte vendrían de la AEAT, que iría desapareciendo de Cataluña y, por tanto, sería un trasvase de personal", añadió.

Actualmente la AEAT cuenta con unos 4.000 funcionarios en Cataluña, según los datos del sindicato SIAT; por los 852 trabajadores con los que contaba la Agencia Tributaria Catalana a finales del año pasado. Estos últimos ahora mismo se limitan a la vigilancia aduanera y al control de los impuestos autonómicos -que representan menos del 10% del total recaudado-, por lo que su trabajo se multiplicaría. 

No obstante, ese trasvase de personal de una entidad a otra presenta muchas complicaciones. En primer lugar, cerca del 75% de los actuales funcionarios de Hacienda que operan en Cataluña procede de otras partes de España, como José Ramón.

“Cada uno tendrá sus circunstancias, pero si les van a decir que dejan de ser funcionarios, quizás muchos prefieran volver a sus comunidades o transferirse a otras donde puedan seguir trabajando para el Estado”, reconoce el responsable de SIAT. 

Fuentes sindicales indican que estos procesos suelen producirse ofreciendo mejores condiciones salariales, lo que tendría un coste añadido para la Generalitat. Y, por último, está la barrera del idioma, ya que los trabajadores del Estado no necesitan hablar catalán para trabajar en Cataluña pero los de la Generalitat, sí.

Control político

De estos 4.000 funcionarios de la AEAT en Cataluña, unos 300 son inspectores de Hacienda, que pertenecen a un Cuerpo Superior del Estado. Estos han publicado esta semana un durísimo comunicado contra el acuerdo entre PSC y ERC, que consideran como una “barbarie”.

El pacto, reza este texto, abre la posibilidad de que esta comunidad alcance la “independencia fiscal”. “El concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio rompiendo la institución que mejor funciona de la Administración pública”, añade el comunicado. 

Además, según la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, “la coordinación del sistema tributario se rompería, con el consiguiente aumento del fraude fiscal”; y el “coste para todos los ciudadanos se vería incrementado innecesaria e ineficazmente”. 

Un miembro de esta asociación que trabaja en Barcelona, aunque prefiere no dar su nombre, asegura que “hay mucho cabreo”. “La ATC es bastante deficiente, no tiene capacidad logística ni de personal. Y no existe voluntad por nuestra parte en la cesión, ya que si algo tiene la AEAT a nivel interno es haber mantenido una autonomía política”, afirma este trabajador. 

A nivel de funcionamiento interno, sostiene que “hay muchos compañeros que vinieron de la ATC evitando el dirigismo político, algo que si nos transfieren se acabará”.

Además, desde un punto de vista de gestión, la Agencia Estatal Tributaria cuenta con unos sistemas informáticos punteros a nivel mundial, capacidad para intercambiar información con otros países y una experiencia con la que no cuenta la agencia catalana, que “no tendría capacidad ni para gestionar la campaña de la renta”, según esta versión.

“Se trata de un proyecto de país que tiene 32 años y que ahora quieren cargarse, con la pérdida de dinero que eso supondría. Quieren hacerse con una de las joyas de la corona”, juzga el inspector de Hacienda. 

Inconstitucionalidad

En unos términos parecidos se han expresado otras organizaciones como Gestha, el sindicato mayoritario del Cuerpo Técnico de Hacienda, por debajo de los inspectores en cuanto a competencias. También Gestha ha publicado un comunicado en el que asegura que el modelo de financiación que se plantea para Cataluña “bordea la inconstitucionalidad”.

Su secretario general, José María Mollinedo, reconoce que el acuerdo político “ha generado mucha inquietud e incertidumbre” entre sus representados. Insiste en que quedan muchas dudas por resolver, como si el traspaso de personal será voluntario o no.

“Esto es algo que ya vimos en España durante la creación del Estado de las autonomías, cuando muchos funcionarios pasaron a trabajar para las administraciones autonómicas”, señala. 

Para él, sin embargo, “la cuota de solidaridad quedaría sin definir y eso podría resultar inconstitucional”. Y muestra especial preocupación en la recaudación del IRPF, puesto que “la AETA cuenta con una información muy precisa sobre ese impuesto y si eso se pierde se abre un espacio muy peligroso para la evasión fiscal”.