La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los asuntos clave en las promesas de los partidos políticos. Pero no sólo de ellos salen iniciativas. La organización de la sociedad civil España Mejor registra este miércoles en el Congreso de los Diputados una propuesta orientada a la vivienda de alquiler asequible.
En concreto, lo que plantea la asociación fundada por la abogada Miriam González es la construcción de unos 700.000 pisos en régimen de alquiler social, que deberían salir al mercado en un plazo de tres a ocho años. Para ello, España mejor defiende la colaboración de entidades privadas con el sector público como solución más “realista” para crear este parque de viviendas a medio plazo.
“El Estado, por sí solo, carece de los recursos necesarios para solucionar el problema de la vivienda del alquiler. Para solucionarlo necesitaríamos destinar el 5% del PIB sólo para estas 700.000 viviendas. Es decir, sería casi todo el presupuesto que le destinamos a Educación y más del doble de lo que nos gastamos en Defensa. Eso ahora mismo es inasumible”, asegura Miriam González.
Para defender esta idea España mejor deposita este miércoles un documento de 27 páginas ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, que decidirá si toma en consideración alguno de los puntos del programa.
En las últimas semanas desde el PP a Sumar han presentado sus propias propuestas en este sentido. En concreto, para el partido de Yolanda Díaz las políticas de vivienda ocupan la primera de las preocupaciones en sus propuestas de cara a los hipotéticos Presupuestos para el año que viene, cuya aprobación está en duda debido a la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno.
Sumar propone la construcción de 500.000 nuevas viviendas durante lo que queda de legislatura, pide fijar límites del alquiler entre 400 y 600 euros en zonas tensionadas y la concesión de suelo público para la promoción inmobiliaria. Si bien, en un documento presentado hace una semana sólo hablan de iniciativa pública y no privada.
El PP, que ultima una Proposición de Ley sobre Vivienda, sí que incide en la colaboración público-privada, aunque a falta de conocer el documento definitivo aún no habla de un número concreto de pisos en régimen de alquiler social que quiere poner en el mercado.
El Banco de España ha alertado de que faltan al menos unas 600.000 casas para cumplir con la demanda actual y que no sigan subiendo los precios de forma continuada. Mientras, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala este problema como el sexto que más preocupa a los españoles, si bien hace dos meses era el segundo en el orden de prioridades.
Impuestos y seguridad jurídica
España mejor también propone otra serie de iniciativas legislativas para mejorar el acceso a la vivienda. En primer lugar habla de medidas fiscales, como la reducción del IVA en la construcción de vivienda nueva para alquilar a precio regulado, la bajada de este impuesto -actualmente del 21%- en la compra de pisos de segunda mano o la asimilación fiscal del alquiler residencial turístico a la actividad hotelera.
En cuanto a los alquileres turísticos, uno de los principales caballos de batalla de las administraciones locales en estos momentos, España mejor defiende “un mayor control, no sólo para mejorar la oferta de vivienda asequible, sino también en defensa de un cierto modelo de ciudad”.
También la asociación de Miriam González, especialista en Derecho de la UE, defiende la aplicación de medidas que otorguen mayor seguridad jurídica a los arrendatarios que alquilan sus casas.
Y, por último, pide adoptar medidas urbanísticas como la modificación de la Ley del Suelo que permita agilizar planes de ordenación urbana, vetar la privatización de suelo público destinando éste al alquiler social o flexibilizar los cambios de uso para que una promoción pueda pasar de la venta libre al alquiler a precios regulados.
El documento que llegará al Congreso también recoge incentivos fiscales para los particulares que deseen rehabilitar sus viviendas con el fin de destinarlas al alquiler social y trabajar con otras entidades para favorecer el acceso a estas a las personas con mayor vulnerabilidad o en situación de exclusión social.
Según España mejor, la vivienda social representa un tercio de la media de la Unión Europea, lo que es “consecuencia de malas políticas presentes y pasadas”. Por ello, plantean “un gran pacto a largo plazo” más allá de los gobiernos de turno.
La asociación, en la que están representados diferentes actores de la sociedad civil, ya presentó en marzo pasado una propuesta de fiscalidad en el Congreso de los Diputados y el pasado julio llevó a la Cámara baja un código ético para regular de forma clara el ejercicio del poder por parte de los miembros del Gobierno y sus familiares.