Muchas de las escenas que se vivieron el pasado mes de noviembre en la calle Ferraz (Madrid) o en 2019 en las calles de Barcelona tras la sentencia del procés, quedarán saldadas simplemente con multas de entre 100 a 500 euros tras el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Insultar o escupir a un agente, romper un embolsamiento policial, como a veces hacen los ultras en los aledaños de un estadio de fútbol, o cortar una gran avenida como la Diagonal en Barcelona años atrás, pasarán de ser infracciones graves para considerarse leves.
Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) conocidos como antidisturbios, señalan a EL ESPAÑOL que las multas pasarán a ser "irrisorias". "Podrán llegar a ser incluso de 50 euros si el autor justifica tener pocos ingresos. La realidad es que se podrá hacer cualquier tipo de corte en la calle sin ningún tipo de consecuencias penales", señalan.
En efecto, a la hora de establecer las infracciones se tendrá en cuenta el nivel de ingresos del infractor: si cobra menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tendrá una reducción del 50% de la multa.
Además, los "insultos e injurias" a los agentes sólo se sancionarán cuando estén demostrados de forma fehaciente y sean "relevantes". En todo caso, si hubiera sanción (de 100 a 600 euros), quedará sin efecto si el autor se retracta y pida disculpas.
Es habitual en las manifestaciones donde se producen actos vandálicos, los violentos desobedezcan las indicaciones de los agentes o se nieguen a identificarse. El artículo 36.6 de la actual Ley de Seguridad Ciudadana establece este hecho como infracción grave (sancionada con multa de 601 a 30.000 euros). Esas infracciones pasarán a ser leves, sancionadas con una multa de entre 100 y 500 euros.
También se sancionará como infracción leve "la resistencia a la autoridad o a sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, cuando no sea constitutiva de infracción penal".
Este acuerdo para reformar la ley ha soliviantado a los colectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, que durante años se han opuesto a los intentos de menoscabar su autoridad y reducir su capacidad de actuación ante los delincuentes.
JUPOL, JUCIL, SUP, AUGC, CEP, la AEGC, la UFP o APROGC se han pronunciado en las últimas horas radicalmente en contra de la línea que pretende seguir el Gobierno, y coinciden en el diagnóstico. "Al final lo pagarán los ciudadanos".
Los agentes advierten a la ciudadanía de que sea consciente de que si esta nueva normativa se aprueba, saldrá de sus impuestos pagar los desperfectos que se generen en el mobiliario urbano. "Los disturbios serán algo más incontrolables. Rodea el Congreso, Cataluña... Son situaciones que, sin material apropiado de orden público, resultan incontrolables. Le damos herramientas al delincuente y nos las quitan a nosotros", señala un miembro experimentado de las UIP.
Pelotas de goma
Uno de los puntos clave del acuerdo entre el PSOE, Sumar y Bildu es eliminar de forma "progresiva" el uso de pelotas de goma por parte de los agentes antidisturbios.
Para las UIP, se trata de un elemento disuasorio más, una herramienta de control policial de masas, que se emplea en situaciones límite, de violencia en la calle. "La última vez que se hizo uso de ellas de manera significativa fue cuando los violentos querían entrar en la sede del PSOE en Ferraz. Si no es por ellas, lo habrían conseguido".
"En el enfrentamiento cuerpo a cuerpo saldremos perdiendo nosotros", afirma un antidisturbios con décadas de servicio. "Vamos a tener más lesionados y visualmente es mucho más duro de ver a los agentes con palos: dirán que es represión y dejarán que tomen la calle los violentos", concluye.