Tal y como se dio ayer a conocer, el que era hasta entonces el portavoz de Sumar, ha anunciado este jueves su dimisión entre acusaciones de comportamientos de acoso sexual hacia diferentes chicas. "He llegado al límite entre el personaje y la persona", ha asegurado en una carta publicada en su cuenta de X (antes Twitter).
La noticia surgió de manera inesperada, pocos días después de que la periodista Cristina Fallarás difundiera en su cuenta de Instagram un mensaje anónimo en el que una mujer relataba "experiencias con un político muy conocido en Madrid", a quien acusaba de comportamientos machistas y describía como un auténtico "monstruo" y "maltratador psicológico".
Son varios los usuarios que vincularon ese testimonio con el nombre del exdirigente de Sumar, lo que llevó a la circulación de otros relatos similares. De hecho, a raíz de dichos mensajes anónimos, fue la actriz y presentadora Elisa Mouliaá la primera en hacer pública la denuncia, asegurando haber sido víctima de acoso sexual por parte del político de Sumar.
Cómo actúa la Policía
Tal y como corrobora EFE, las denuncias por violencia sexual o de género, como la interpuesta por Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón, hasta este jueves portavoz del Grupo Sumar en el Congreso, son gestionadas por unidades especializadas de la Policía Nacional. Estas unidades se encargan de escuchar a la víctima, verificar los hechos y, en caso de encontrar indicios suficientes, actuar contra el denunciado.
Según fuentes del Ministerio del Interior, la denuncia de Mouliaá seguirá el "procedimiento policial habitual" para estos casos, en los que la investigación es llevada a cabo por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializadas en la lucha contra la violencia de género y sexual.
El protocolo de actuación de la Policía Nacional consiste en recibir a la víctima y proporcionarle "atención especial" durante la formulación de la denuncia, a través de una "escucha activa", respetando su ritmo y ofreciéndole recursos especializados.
Posteriormente, se procede a verificar la veracidad de los hechos con las diligencias necesarias, que pueden incluir declaraciones de familiares y testigos, así como el análisis de imágenes.
Finalmente, si se encuentran indicios suficientes contra el presunto agresor, se actúa en su contra, informando en todo momento a la autoridad judicial, según precisaron las fuentes.
El Ministerio del Interior ha señalado que la UFAM Central está en Madrid y que existen unidades en la Jefatura Superior de Policía y en todas las comisarías locales y de distrito. En el resto del país, todas las comisarías cuentan con unidades de este tipo, integradas por agentes con gran formación y sensibilidad en este ámbito.