En la catástrofe de Valencia cada cual podrá buscar su origen donde más le convenga, todo depende de la fecha en la que estemos dispuestos a remontarnos en la hemeroteca. Las zonas ribereñas se empezaron a urbanizar de forma masiva en los sesenta, durante el desarrollismo; con la Democracia llegaron los análisis de los ríos; y más tarde se ha comprobado que los protocolos de actuación no siempre funcionan.
Los avisos hidrológicos lanzados con poca antelación, el cruce de información entre organismos y Administraciones, la furia del agua acrecentada por el cambio climático, las alertas tardías a la población… Las causas son múltiples. Pero no se puede decir que nadie lo advirtió.
Para buscar esta profecía hay que retrasar el calendario hasta 1999. Ya en los años previos se detectó que había ciertas zonas en claro riesgo de inundación y la Generalitat Valenciana encargó un informe llamado Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). El responsable de evaluar el riesgo y recomendar las actuaciones prioritarias fue Félix Francés.
El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València contaba entonces con una metodología innovadora, que convertía su análisis en uno de los más avanzados. "Revisamos 300 zonas inundables que considerábamos bastante peligrosas y determinamos que el conjunto de la rambla del Poyo y el barranco de Pozalet estaban en el sexto lugar", asegura al teléfono.
La crecida en la rambla del Poyo fue la causante de la mayor parte de los más de 200 fallecidos que dejó la DANA del 29 de octubre. "Era conocido por todos los expertos valencianos que el riesgo era muy alto", insiste Félix Francés, también presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua.
Lo que se planteó a finales de los 90 fue la construcción de una presa en la localidad de Cheste y un encauzamiento de todo el trazado tanto de la rambla del Poyo como la de Pozalet, que discurre a pocos kilómetros en paralelo hasta la desembocadura de ambas en el lago de la Albufera.
Este plan se rechazó fundamentalmente por la oposición del municipio de Cheste a la construcción de una gran presa. Además, la conexión directa con la Albufera significaba llenarla de arena a medio plazo, debido a la gran carga de sedimentos que arrastran estos barrancos durante sus crecidas.
Todo esto se paró y solo se hizo el encauzamiento final a partir de Paiporta, la zona cero de la actual tragedia.
El proyecto y su coste
Años más tarde, a principios de este siglo, comenzaron a circular borradores de la Directiva Marco Europea para la Gestión del Riesgo de Inundaciones, que finalmente se plasmó en 2007. Los técnicos conocían los análisis del Patricova.
Y a raíz de una inundación que se había producido años antes y que había afectado sobre todo a Pozalet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) decidió llevar a cabo un plan piloto para aplicar la directiva marco en esta zona inundable.
"Mi grupo de investigación y yo intervinimos en la estimación de la peligrosidad y reducción del riesgo de las diferentes alternativas que se plantearon". La opción elegida para estas ramblas consistió en la reforestación y construcción de micropresas de protección contra la erosión en la cabecera de las cuencas.
Por otro lado, en las zonas inundables se planteó colocar "balsas de laminación" y "zonas de sacrificio" en el Poyo conectadas por "corredores verdes", que pasaban por espacios agrícolas, no urbanizados.
Estos corredores recogerían de forma ordenada unos 1.550 m3 por segundo, conduciéndolos en parte al encauzamiento ya existente de Paiporta -con una capacidad máxima de 800 m3/s-, mientras que los restantes 750 m3/s irían al nuevo cauce del Turia, que se realizó tras las históricas inundaciones de 1957.
"Era una solución ambientalmente asumible, socialmente aceptada por los ayuntamientos y con una eficiencia máxima. Era la alternativa", defiende Francés, uno de los promotores de la iniciativa.
Proyecto de "vía verde" del barranco de la Saleta al nuevo cauce del Turia, obra nunca ejecutada.
"Ese plan costaba unos 150 millones de euros y generaba una reducción
del riesgo de 11 millones de euros al año, por lo que tenía aproximadamente un periodo de amortización de 13 años. No veo que algo así no pueda ser rentable. Era perfectamente factible desde un punto de vista de la inversión pública".
—Sin embargo, ¿no se hizo nada por una cuestión de rentabilidad?
—Eran 150 millones de euros. Dime ahora si eso sería rentable, cuando la reconstrucción va a costar una cantidad infinitamente mayor.
La crisis y la huerta
En realidad, ocurrieron dos cosas. Por un lado, el proyecto se fue postergando y cuando se quisieron dar cuenta llegó la crisis económica de 2008, que en España golpeó con unos años de retraso.
"La inversión en obra pública se redujo un 75% y con un recorte tan drástico de presupuesto era complicado hacer nada", recuerda el catedrático en Ingeniería Hidráulica. Así, en 2011 el Ejecutivo de Mariano Rajoy paralizó el plan.
Por otro lado, en 2018 el Gobierno autonómico del socialista Ximo Puig —con el apoyo de Compromís y varios diputados de Podemos— aprobó una ley medioambiental para proteger la llamada Huerta Sur de Valencia.
Félix Francés recalca que los "corredores verdes" que hubieran unido las ramblas con el Turia eran compatibles con esta ley. "La ocupación de la huerta era pequeña porcentualmente y por el bien mayor de la protección contra las inundaciones de la población, industria, infraestructuras y la propia huerta".
Pero, pese a que la propia Teresa Ribera había firmado una declaración favorable de impacto ambiental diez años atrás como secretaria de Estado de Cambio Climático en época de Zapatero, en 2021 —ya siendo ministra— también frenó las obras de "encauzamiento y drenaje" del barranco del Poyo y del de la Saleta.
El argumento entonces fue que el proyecto requería un “nuevo análisis coste-beneficio”.
Actuaciones previstas en el barranco del Poyo y sus localidades adyacentes desde 1994.
Pensando en el futuro
Hay distintas fechas, por tanto, en las que ubicar la raíz de la catástrofe. Pero eso ya no les cambiará nada a las más de 200 víctimas mortales y a los miles de personas que han perdido sus casas con todas sus pertenencias.
El ingeniero hidráulico, Máster por la Universidad de Colorado y doctor en Ingeniería de Caminos en la Politécnica de Valencia apela al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para aclarar que sigue habiendo miles de lugares en peligro por toda España y que si se combinan de nuevo varios elementos puede volver a pasar.
Por eso, da una serie de recomendaciones. "No se puede decir a la gente que vive en un sitio así que se vaya de sus casas. Así que lo primero es reducir el riesgo actual con infraestructura de protección; después, aplicar la normativa urbanística del Patricova con mayores medios para no expandir núcleos urbanos hacia zonas peligrosas, salvo en situaciones necesarias y justificadas, ya que no tiene sentido prohibirlo todo".
"También habría que mejorar los sistemas de predicción del peligro de inundación; e implementar programas de información y educación en la población en riesgo. Una población informada reducirá los daños y la pérdida de vidas", defiende.
Además, afirma que se puede aprovechar el proceso de reconstrucción para adecuar la edificación, con medidas ya planteadas como que "desde las plantas bajas haya un acceso directo a un piso superior o al tejado" en lugares de riesgo.
Como alertan también otros de sus colegas, las confederaciones hidrográficas deberían ser capaces de hacer "predicciones hidrológicas" y no sólo recabar información de los caudales en tiempo real, como sucede ahora en muchas de ellas, como la del Júcar.
Y, por último, señala que también "la información debe fluir mucho mejor, sin tener que seguir tantos pasos, con unos mensajes de emergencias más claros, focalizados en las zonas concretas que se van a inundar".
Todos estos elementos fallaron la noche del 29 de octubre. "Manejamos incertidumbres", reconoce Félix Francés, "pero debemos hacer todo lo posible para reducir el riesgo actual, como obliga el sentido común y la directiva europea".