Lydia Polo lleva recorriendo los distintos juzgados de Murcia desde hace 15 años. Un día toca un civil, otro un administrativo, después un contencioso-administrativo, laboral, de familia... Depende de las necesidades del momento.
No es la única, ni mucho menos. En su situación hay cerca de 1.000 jueces sustitutos en una situación de interinidad a los que la Administración nunca ha llegado a regularizar. Es una de las pocas profesiones en España que no ha pasado por un proceso de estabilización.
“Hay compañeros que llevan en esta situación desde hace 20 o 30 años y lo único que pedimos es que se reduzca la temporalidad y la precarización laboral, que se cumpla con la ley”, defiende Lydia Polo, presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos/as y Magistrados/as Suplentes.
El femenino no es accesorio, porque el 73% son mujeres. La responsable de la organización destaca que esta circunstancia, además, es “discriminatoria”, aunque insiste en que lo adecuado no es personalizar, sino poner el foco en un colectivo que representa cerca del 16% de los jueces y magistrados que integran la carrera judicial en nuestro país.
Cuando habla de la legalidad se refiere a lo dispuesto el pasado 14 de noviembre en el Congreso de los Diputados, donde quedó aprobado un Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, que debería suponer la progresiva regularización de este colectivo. La ley está pendiente de su aprobación en el Senado.
Tras muchos años de reivindicaciones, el Gobierno ha movido ficha ahora por dos motivos. En primer lugar, porque la UE mantiene abierto un procedimiento de infracción —la tercera carta ha llegado recientemente— por la alta temporalidad existente en el sistema judicial español.
Y, en segundo término, porque el pasado julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a los jueces honorarios italianos —una figura equiparable a la de los jueces sustitutos en España— en una reclamación muy similar que debería conducir a su regularización.
“Firmamos el 20% de las sentencias de nuestro país, hacemos un trabajo muy similar al del resto de jueces y estamos sometidos a un mismo régimen de incompatibilidad. Es decir, no podemos dedicarnos a otra cosa”, recalca Lydia Polo.
Aun así, denuncia que sólo les pagan “por día trabajado”, es decir, si ese día “toca ir al juzgado”. “Por tanto, no tenemos la antigüedad que deberíamos ni el tiempo de cotización que nos corresponde”, sostiene la presidenta de la asociación de los jueces sustitutos.
Señala que hay un amplio debate sobre cómo se debe acometer su regularización, aunque su único objetivo es “acabar con una situación de abuso” y conseguir una plaza fija.
Oposición de las asociaciones judiciales
La saturación del sistema judicial español provoca que haya que recurrir de forma tan asidua a esta especie de jueces interinos. Los juzgados se encuentran saturados, las demandas se acumulan y alguien debe sacar adelante ese trabajo.
No obstante, la mayoría de las asociaciones judiciales se oponen a que los jueces sustitutos se integren en la carrera judicial. Sólo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia respalda una regularización de este colectivo.
Actualmente, para acceder a la carrera judicial sólo existen dos vías: por libre oposición o por el llamado “cuarto turno”, una posibilidad reservada para juristas de reconocido prestigio. Así pues, la mayoría de asociaciones judiciales rechazan que se pueda abrir una puerta para ingresar por otras vías.
Los jueces sustitutos aseguran que ellos pasan “cada año un concurso público de méritos” que acredita su preparación para el puesto. “No estamos pidiendo nada especial. Simplemente reclamamos que dejemos de estar en una bolsa, por la que nos llaman los días que nos necesitan, y nos estabilicen”, afirma Lydia Polo.
Inacción política
Los jueces sustitutos dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como el resto de jueces, aunque reciben su sueldo del Ministerio de Justicia.
El colectivo lamenta que ningún Gobierno, de cualquier signo político, ha hecho nada hasta el momento para regularizar su profesión hasta que la UE ha presionado a España en este sentido. Sumar ha sido el partido que planteó la enmienda para incluir esta medida en el proyecto de ley que ya ha aprobado el Congreso.
Este viernes se ha celebrado en Madrid un encuentro con los jueces sustitutos en el que ha participado el diputado de Sumar Enrique Santiago y el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. En esta cita se defendió el cumplimiento de una reivindicación de este colectivo que se extiende desde hace décadas.