El vehículo en el que se dio a la fuga Puigdemont el pasado 8 de agosto.
Expedientan al guardia civil que rastreó la matrícula del coche con el que huyó Puigdemont: "Le pueden echar del Cuerpo"
- El agente trabaja en Badajoz y pertenece a la asociación de guardias AUGC, desde donde consideran que esta medida resulta "desproporcionada".
- Más información: El vídeo que deja en evidencia a los Mossos: Puigdemont llegando al mitin sin controles
El agente de la Guardia Civil de esta historia está destinado en el área de seguridad de la Comandancia de Badajoz. El pasado 8 de agosto se encontraba en su turno de trabajo. Aquel día, en las noticias, se veían las imágenes del regreso de Carles Puigdemont a Barcelona. El vídeo en directo de su arenga independentista ante el Arco del Triunfo. Y su posterior fuga en un vehículo particular.
El expresidente catalán huyó auxiliado por su abogado, Gonzalo Boye, y dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Sin que nadie pudiera hacer nada, Puigdemont logró dar su discurso y desaparecer.
Pocas horas después, desde la cuenta del agente destinado en Badajoz quedaría registrada una búsqueda relacionada con estos hechos: la matrícula del coche en el que logró escapar el prófugo expresident.
La fuga posterior al mitin se produjo en un vehículo de color blanco. El episodio fue ampliamente difundido por todos los medios de comunicación. Según las informaciones publicadas, el coche estaría a nombre de la esposa de un agente de la policía catalana.
Ahora, el agente de Badajoz está siendo investigado por haber consultado la matrícula del vehículo en el que Puigdemont abandonó España tras su breve aparición en Barcelona.
El agente investigado es el representante en Badajoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Desde esta asociación expresan a EL ESPAÑOL su profunda preocupación y malestar ante la decisión del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, de abrir "un expediente disciplinario por falta muy grave" contra este guardia civil.
"Según el instructor del expediente que se le ha abierto en el Instituto Armado, el compañero estaba viendo las noticias e introdujo la matrícula en el sistema", señalan fuentes próximas agente. "Podrían echarle del Cuerpo", denuncian. Es una de las posibilidades que se contemplan en el Código Penal Militar al que está sujeta la Guardia Civil.
"Medida desproporcionada"
La aplicación del Código Penal Militar a los agentes de la Benemérita es causa de controversia e indignación en el Cuerpo desde hace ya años. Un gran número de agentes piden que deje de aplicarse.
"Esta medida resulta desproporcionada, especialmente al tratarse de un representante de nuestra asociación a quien pretenden sancionar con la mayor de las sanciones, incluso podría costarle la expulsión de la Guardia Civil", denuncian en la AUGC.
El agente niega haber realizado esa consulta. Sin embargo, la Guardia Civil tiene una pericial que prueba que esa consulta se realizó con su tarjeta identificativa. "Eso no quiere decir que haya sido el compañero. No lo demuestra", responden otros agentes próximos al expedientado.
La AUGC condena que el departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska pueda estar "cediendo a las demandas del independentismo catalán" con episodios como este.
"Está utilizando la institución de la Guardia Civil como herramienta para satisfacer sus intereses políticos. La calificación de los hechos como falta muy grave nos parece desmesurada y difícil de justificar bajo criterios objetivos. Consideramos que esta acción busca contentar a los socios parlamentarios del Gobierno en Cataluña, perjudicando gravemente los derechos y la integridad profesional del guardia civil afectado", insisten.
La AUGC reitera su compromiso con la defensa de los derechos de todos los agentes de la Guardia Civil y exige al Gobierno y a la Dirección General del Cuerpo que actúen con justicia y proporcionalidad. "No toleraremos el uso político de la institución ni que nuestros representantes sean objeto de represalias o medidas disciplinarias infundadas".
A su juicio, este nuevo caso "evidencia, una vez más, la urgente necesidad de revisar el uso de la Ley Disciplinaria y garantizar que su aplicación sea justa, objetiva y acorde con los principios de un Estado de derecho".
La AUGC también muestra su extrañeza sobre lo ocurrido: "No parece que el Ministerio del Interior se aplique con el mismo celo a conseguir la puesta a disposición de la Justicia de personas a las que se las acuse de la comisión de hecho merecedores de reproche penal y sí lo tengan para perseguir presuntos hechos con una relevancia objetiva infinitamente inferior".
