Nombran consejera de la Empresa de Vivienda a la jefa de prensa que pidió a Lobato filtrar el correo del novio de Ayuso

Laura Sánchez Espada es la actual directora de comunicación del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez. A sus 28 años esta periodista ha desarrollado toda su carrera profesional hasta la fecha en cargos de confianza del PSOE y del Gobierno. 

Su nombramiento en la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando la Guardia Civil ya investigaba los mensajes relacionados con la filtración de los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Europa Press

El cambio de móvil de García Ortiz al inicio de la causa acentúa las sospechas de destrucción de pruebas

Isabel Rodríguez anunció el pasado mes de diciembre que Sepes será el "germen" de la nueva Empresa Pública de Vivienda. Este anuncio lo realizó la ministra sólo unas semanas después de que colocara a Sánchez Espada en el Consejo de Administración.

Según el informe de la UCO, Laura Sánchez Espada fue una de las cinco personas que tuvieron conocimiento sobre el email de Alberto González Amador antes de que fuera publicado por los medios junto a Juan Lobato -exlíder del PSM-, Ion Antolín -exjefe de Prensa del PSOE-, Francesc Vallés -exsecretario de Estado de Comunicación- y Pilar Sánchez Acera -jefa de Gabinete de Óscar López-.

Sánchez Espada es la única de los miembros del Consejo de Administración de SEPES que no tiene una formación expresa sobre la materia. El resto de consejeros tienen un perfil más técnico y estudios superiores en ingenierías, derecho o economía. Todos ellos tienen una retribución de 803 euros por reunión, con un máximo de 8.833 euros al año.

El primer trabajo de la nueva consejera de SEPES fue como community manager del PSOE entre enero de 2019 y julio de 2021. Después pasó a ser asesora en el Ministerio de Política Territorial y, finalmente, ascendida a dircom de este mismo ministerio en abril de 2023.

Laura Sánchez Espada ya aparece como miembro del consejo de administración en la web del SEPES.

Tras el cambio de cartera de Isabel Rodríguez a Vivienda y Agenda Urbana en noviembre de 2023, Sánchez Espada siguió los pasos de la ministra. 

La UCO concluyó que, además de Sánchez Acera, otros cargos de Moncloa y del PSOE, entre los que se encuentra Sánchez Espada, tuvieron acceso al correo del abogado de González Amador antes de su reproducción en la prensa y/o insistieron para que Lobato lo utilizara contra la presidenta madrileña.

Los investigadores encontraron unos mensajes de Juan Lobato a David del Campo, director del gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, y a la diputada Marta Bernardo el 14 de marzo, día de la filtración, a las 9:00 horas.

En ellos, el entonces líder del PSM informaba a sus dos colaboradores que Sánchez Acera le había instado a que fuera él quien "saque el 'mail de la Fiscalía', el cual en ese momento, tal y como indica el propio secretario general del PSM, todavía no ha salido en los medios de comunicación, algo a lo que el propio Lobato se opone".

"No lo hagas", le contestó Del Campo, que informó de que a él le habían escrito "con lo mismo" Vallés; el jefe de prensa del PSOE, Ion Antolín; y la directora de comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

Respuesta de David del Campo a Lobato.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL este viernes, la UCO también ha acreditado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de móvil una semana después de que el Supremo abriera causa contra él.

El informe de la Guardia Civil indica que "el inicio de la actividad" del dispositivo es el 23 de octubre. Una semana después, el día 30, le fue incautado por la UCO.

La UCO analizó los números de teléfono, IMSI e IMEI asociados a la tarjeta SIM dual (dos números para un mismo aparato) que tenía el dispositivo telefónico incautado a García Ortiz. El contenido del terminal fue clonado durante el registro efectuado en su despacho.

Dicha actuación policial se produjo el pasado 30 de octubre, poco después de iniciarse la causa contra García Ortiz. Y, según revela ahora la Guardia Civil, el cambio de móvil se produjo entre una fecha y otra: una semana después de la apertura de la causa y siete días antes de que fuese incautado