Hasta 60.000 euros, e incluso penas de prisión, les puede costar a unos vecinos de la barriada de Marismas del Odiel en Huelva capital, ubicado en la periferia, por formar una fiesta flamenca en la calle en pleno estado de alarma por coronavirus.
Estos vecinos se grabaron en un vídeo, que retransmitieron en directo a principios de esta semana en redes sociales. En el mismo aparecen cantando, tocando las palmas y bailando. Incluso se burlan de la situación que está viviendo el país.
La Policía Nacional ya tiene estas imágenes y las está analizando para tramitar la sanción pertinente y para aumentar la vigilancia en la zona. En el vídeo se puede ver a una decena de personas, incluidos niños, bailando y hablando entre ellos del confinamiento que está viviendo el país.
Vecinos de Huelva bailan en la calle en pleno confinamiento.
Hacen caso omiso a la restricción decretada por el Gobierno para evitar la propagación del virus, no respetan la distancia de seguridad ni tampoco se protegen con ningún tipo de mascarillas ni guantes para evitar contagios.
El objetivo es evitar este tipo de acciones, han señalado al periódico EL ESPAÑOL, desde el citado cuerpo policial, donde destacan que, en general, la ciudadanía está respondiendo “bastante bien” a las medidas de confinamiento.
Con los agentes que cuentan pueden controlar prácticamente toda la capital onubense, pero por las noches hay franjas horarias, como en las que se realiza el vídeo, en la que no llegan a todas las zonas.
Un tiroteo
De hecho, esa misma noche fueron avisados de un tiroteo en otra barriada, la del Torrejón, también en la periferia, pero finalmente no pudieron detener a nadie porque cuando llegaron las calles estaban desiertas.
No obstante, desde la Policía insisten en que las sanciones que se han puesto en la ciudad son “las normales”, sobre todo, a gente paseando por la calle sin ninguna justificación y a personas sin hogar que se niegan a alojarse en el polideportivo Andrés Estrada que el Ayuntamiento ha habilitado.
Según el estado de alarma decretado, quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.