A la Junta de Andalucía no le salen las cuentas respecto al nuevo criterio de reparto establecido por el Gobierno central del fondo especial para la recuperación social y económica de las autonomías por un valor de 16.000 millones de euros, que será no reembolsable. Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide que sea "justo y por población".
Según ha anunciado el Ministerio de Hacienda a los consejeros autonómicos, este nuevo criterio hará que el reparto se base hasta en un 80% en la incidencia del Covid-19 en cuanto a número de afectados y, en menor medida, en criterios poblacionales o de costes asumidos en materia de prevención.
Andalucía no está de acuerdo.Pide que se distribuyera en función del peso poblacional de cada territorio en el conjunto del Estado, como se fijó por consenso en la Conferencia Intersectorial de Salud con el reparto de los 300 millones para gasto sanitario que preveía el Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo.
Lo contrario lo considera un agravio para la comunidad, que "siempre ha ido por delante en materia de prevención", según aseguraba este lunes tras la reunión telemática con el Ministerio el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Calcula que la región recibirá 950 millones y lamenta que no se tengan en cuenta los costes asumidos para prevenir el efecto del virus.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su indignación en su cuenta de Twitter. Exige "un reparto justo y por población" de este fondo destinado a cubrir los gastos ocasionados por la crisis sanitaria. Todo parece indicar que Andalucía recibirá menos dinero que la comunidad de Madrid y Cataluña, regiones con poblaciones equiparables pero donde la pandemia ha golpeado con más fuerza.
Pero Moreno entiende que "Andalucía debe recibir lo que le corresponde" porque necesita combatir el efecto del coronavirus en la economía de la comunidad en igualdad de condiciones que el resto de España. "Basta de discriminarnos".
Cambio de criterio
El consejero de Hacienda lamentó al término del encuentro telemático el nuevo criterio para el reparto de estos fondos, elegido además "unilateralmente". A su juicio, "supone un agravio para Andalucía, que siempre ha ido por delante en materia de prevención".
En concreto, estos 16.000 millones se distribuyen en tres compartimentos. En cuanto al reparto del principal, de 10.000 millones para gasto sanitario, se dividirá en dos tramos. Uno de 6.000 millones que será efectivo a principios de julio, y que se repartirá en un 20% según población ajustada, y el otro 80% según la incidencia del Covid.
Así, un 20% se distribuirá según número de casos confirmados por PCR, un 25% por hospitalizaciones y el restante 35% por ingresos en UCI. Posteriormente, en octubre, serán distribuidos los 4.000 restantes.
En este sentido, el consejero de Hacienda recordó a la ministra del ramo, María Jesús Montero, que los consejeros de Salud de las comunidades ya fijaron, por consenso, en la Conferencia Intersectorial de Salud, el reparto de los 300 millones para gasto sanitario que preveía el Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo.
Entonces se decidió, por parte de los responsables, que el criterio predominante fuese en un 80% la población protegida equivalente del Sistema Nacional de Salud, 15% número de casos de Covid-19 acumulados, y un 5% el peso en UCI.
Gastos en prevención
"Un criterio que ahora el Ministerio ha decidido no aplicar y que perjudica especialmente a Andalucía por no tener en cuenta los costes asumidos para prevenir el efecto del virus", puntualiza Bravo. Por ello le reclama que considere estos gastos.
El consejero se refiere al hospital de campaña levantado en la Ciudad Polideportiva de Carranque en Málaga, con 400 camas disponibles, que finalmente no se ha usado pero que está preparado; a la medicalización de residencias y también de hoteles o al bloqueo de camas en la sanidad privada.
"Gastos que Andalucía ha asumido a pulmón". De hecho, en su momento, Juanma Morenó cifró los gastos sanitarios para hacer frente a la pandemia en 1.800 millones de euros.
En relación a los fondos restantes, 1.000 millones (la partida más pequeña, para gasto social), se distribuirán en base precisamente a dicho criterio poblacional, con un 90% de prevalencia del mismo. Pero el reparto de los 5.000 millones no han sido detallado por el Ministerio. Solo avanzó que se destinará a cubrir la caída de ingresos por los tributos propios de las distintas comunidades autónomas.