El Gobierno andaluz ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que aplique “criterios sanitarios y no políticos” en su elección sobre los territorios que cumplen los requisitos para pasar de fase en el plan de desescalada por el Covid-19 y que revise su decisión de mantener a las provincias de Granada y Málaga en su totalidad en la fase O. Una decisión que "una hora antes" de anunciarla no estaba tomada.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha lamentado que el Gobierno haya organizado un "campeonato o especie de Gran Hermano" para decidir quién pasa de la fase cero a la 1, "utilizando criterios políticos y no sanitarios".
Al respecto, ha explicado que el pasado viernes, cuando el Gobierno tomó la decisión sobre el pase de fase 0 a fase 1, la Junta recibió hasta dos versiones diferentes de lo que ocurriría con Andalucía. En torno a las 18:00 horas de ese día, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comunicó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que se seguiría un criterio por provincias y que ni Granada ni Málaga pasarían a la fase 1.
Sin embargo, justo antes de la comparecencia recibió la llamada del secretario general de Salud para comunicar que pasarían a la fase 1 las ocho provincias andaluzas, salvo los tres distritos sanitarios de Granada y Málaga que la Junta había dejado fuera en su propuesta.
La sorpresa llegó, según ha añadido Bendodo, cuando el ministro anunció en la rueda de prensa que las provincias de Granada y Málaga se quedaban al completo en la fase 0.
Piden explicaciones
Por ello, ha pedido al Gobierno que explique a los granadinos y malagueños cuál es el criterio sanitario que posibilita que en el País Vasco haya circulación entre provincias que tienen una mayor incidencia de coronavirus por cada 100.000 habitantes que las provincias de Granada o de Málaga. También que dé explicaciones de por qué en las comunidades de Cataluña o Valencia se ha permitido el pase de la fase 0 a la 1 por distritos sanitarios y no en Andalucía.
Hoy mismo el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, remitirá una petición formal al Ministerio de Sanidad para la revisión de esta decisión de mantener a ambas provincias andaluzas en la fase 0, de manera que a partir del próximo lunes puedan pasar a la fase 1, aunque el "daño ya está hecho", ha señalado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, también presente en la comparecencia.
La Junta de Andalucía "no va a consentir que esta comunidad no reciba un trato igual al de otros territorios" y que se produzca una situación de "agravio" hacia los andaluces, ha subrayado Juan Marín, quien ha asegurado que "de momento no hay explicaciones, solo imposiciones".
Las playas
Por otro lado, el Gobierno andaluz ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno destinar un total de 10,5 millones para contar con las máximas garantías de seguridad, unas playas para las que la Junta sigue queriendo su apertura el próximo 25 de mayo.
Se trata de dos iniciativas. Por un lado, un decreto ley con cinco millones para que los ayuntamientos puedan realizar planes de contingencia individualizados frente al coronavirus, que incluyan las medidas necesarias para garantizar el uso seguro de las playas.
Por otro, la segunda iniciativa consta de una inversión de 10,5 millones de euros por parte de la Consejería de Turismo para ayudar en las actuaciones de limpieza e higiene de las playas y la adquisición de bienes inmuebles para afrontar el coronavirus.
Los municipios costeros van a tener que hacer un esfuerzo económico para garantizar la seguridad en las playas y Marín considera que es el "momento de ayudarles". Sin embargo, ha afeado que toda la responsabilidad sobre las condiciones en las que abrirán o no las playas recaigan sobre los municipios. "El Gobierno solo da recomendaciones".
Por último, ha reprochado al Ejecutivo central que pretenda cobrar a los empresarios turísticos entre 500 y 3.000 euros por las auditorias necesarias para contar con el sello Covid Free. El pasado viernes se acordó en la conferencia sectorial que el Instituto de Calidad Nacional pusiera en marcha este sello y se dijo que era gratuito. Sin embargo, ahora ha anunciado que las empresas interesadas en contar con este sello deberán pasar unas auditorias necesarias que costarán esas cantidades.
Otras ayudas
En este mismo Consejo de Gobierno se han aprobado otras ayudas. En concreto, se van a destinar once millones de euros al pequeño comercio y a la artesanía para financiar, entre otras, las actuaciones requeridas para hacer frente al proceso de desconfinamiento del Covid-19.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha adoptado esta medida con el fin de favorecer la reactivación de ambos sectores, acelerar su adaptación a la nueva etapa tras el control de la crisis sanitaria y asegurar la prestación de servicios con todas las garantías sanitarias.