El Ministerio de Trabajo, que dirige la ministra Yolanda Díaz, de la formación morada de Podemos, ha remitido una instrucción a los inspectores de Trabajo de las jefaturas provinciales para las campañas agrícolas de los meses de mayo y junio, incluso con visitas conjuntas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La misiva no está exenta de polémica porque incluye un cuestionario, cuyo objetivo es detectar supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre.
La respuesta de la patronal agraria no se ha hecho esperar. Piden a la ministra que rectifique e incluso que dimita porque ese escenario "nada tiene que ver con la realidad del campo español".
Malos tratos
En el documento, consultado por EL ESPAÑOL, incluye un cuestionario de preguntas hacia los trabajadores tipo ¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras en las manos?; ¿muestra el trabajador signos de ansiedad?; ¿hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo, como alambradas o la presencia de guardianes u otras limitaciones de este tipo?; o ¿muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento?
El objetivo del Ministerio es la detección tanto de posibles infracciones administrativas en el orden social como posibles conductas constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores, pero asociaciones agrarias de la patronal, como Asaja y COAG, están indignados con la instrucción.
En el documento el Ministerio destaca que los abusos que se pueden producir en el campo no se circunscriben únicamente a cuestiones en materia de Seguridad Social o, en el caso de trabajadores extranjeros, de faltas de autorización para trabajar, sino que se extienden a cuestiones laborales relativas a tiempo de trabajo o salarios, y también al ámbito de la prevención de riesgos laborales.
Precisamente, en este punto y teniendo en cuenta las circunstancias provocadas por la Covid-19, el cuestionario incluye otras preguntas relacionadas con la realización del reconocimiento médico, con el suministro de EPI -si son gratuitos o lo compra cada trabajador-, o si tienen las letrinas en óptimas condiciones y acceso a agua potable por cuota de la empresa.
"Mensaje dañino"
Asaja ha pedido que rectifique el "dañino y malintencionado mensaje" que lanza el Ministerio de Trabajo con su campaña específica de inspección para detectar este tipo de casos. También solicitan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ordene la dimisión de Yolanda Díaz por "sectarismo e incompetencia", y al ministro de Agricultura, Luis Planas, amparo y contundencia.
La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, con mascarilla.
Al respecto, muestran su indignación por el "desconocimiento" que posee la ministra de la realidad actual del campo, regulado por convenios colectivos y con disposiciones del propio Gobierno en materia de mano de obra extranjera.
En un comunicado, la organización agraria cree que se trata de "un ataque en toda regla" a los agricultores y ganaderos movido por "el sectarismo ideológico de la ministra que en nada ayuda a la convivencia pacífica entre sindicatos y empresarios agrícolas".
A juicio de la organización, el Gobierno debería preocuparse más por la falta de rentabilidad del sector primario y los bajos precios en origen "en lugar de vilipendiarlo" y valorar cómo en los meses de la pandemia los agricultores y ganaderos han abastecido a la población, han dado empleo de calidad y han colaborado solidariamente con sus pueblos en labores de todo tipo.
"España no es África"
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía también ha mostrado su indignación. El secretario de organización, Eduardo López, ha afirmado que es "inaudito e insólito" que se hable de esclavitud en el campo. "España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclava".
Al respecto, asegura no entender cómo desde el propio Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando "los casos, si existen como tal, son muy aislados".
A su juicio, lo que no puede el Gobierno es confundir asentamientos de inmigrantes irregulares con la cuestión laboral agraria. "Se trata de un problema que tiene el Gobierno y la Junta de Andalucía, que deben resolver ellos, y no endosárnoslo a los agricultores. Que se arremanguen y lo resuelvan", ha concluido.
Valoración política
El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha pronunciado al respecto. En concreto, ha reprochado al Gobierno que "criminalice" al sector agroalimentario y ha destacado su "enorme capacidad" para adaptarse a las circunstancias generadas por la crisis sanitaria del Covid-19 para seguir produciendo con "mucha audacia, mucha inteligencia y mucha entrega de servicio a los demás".
En una visita a la cooperativa agrícola Vicasol en El Ejido (Almería), Moreno ha defendido al sector andaluz porque en los peores momentos de la crisis "han estado ahí". Por ello, pide al Ejecutivo que "mime y cuide" a un sector que es fundamental para la economía.
En esta visita, Moreno ha anunciado que el Gobierno andaluz va a poner 90 millones de euros a disposición del sector agroalimentario y pesquero afectado por el Covid-19 a través de un nuevo plan de refinanciación de deuda que será compatible con otras medidas de apoyo que ya están en marcha o que están previstas para los próximos meses.