La Junta de Andalucía quiere gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ya lo solicitó el presidente andaluz, Juanma Moreno, junto a otros presidentes autonómicos, en su última videoconferencia con Pedro Sánchez. Lo contrario podría incurrir en un caso de inconstitucionalidad, según los servicios jurídicos del Gobierno andaluz.
País Vasco y Navarra sí podrán hacerlo tras firmar Moncloa un acuerdo con el PNV para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital a ambas Comunidades. Andalucía quiere el mismo trato.
No obstante, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, no está dispuesto a ceder. No se fía de la capacidad de las Comunidades para su gestión. Por este motivo, la Junta de Andalucía no descarta llevar el asunto al Tribunal Constitucional y ya ha empezado a recorrer el camino.
“Queremos evitar episodios anteriores en los que no se han cumplido las expectativas en las transferencias, como ocurrió con la dependencia”, afirmó Escrivá, quien recordó que a partir de 2021 se negociará con las regiones un eventual papel en el IMV.
Un informe jurídico
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha explicado que los servicios jurídicos de distintas consejerías han trasladado un informe en el que se indica que el régimen foral no conlleva ninguna particularidad a tener en cuenta para la prestación de la Seguridad Social, que está definida en términos de igualdad para toda España.
Este informe será trasladado al Ejecutivo central para debatir al respecto con el fin de que "no haya un criterio arbitrario" en la gestión de esta ayuda.
Porque, según ha avisado, esto no es lo que se recoge en la disposición adicional quinta de esta normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De ahí que los servicios jurídicos hayan trasladado la posible inconstitucionalidad en la gestión de estos recursos.
Ante una pregunta del diputado socialista Francisco Javier Fernández en el Parlamento andaluz, el vicepresidente ha compartido el derecho que supone este ingreso mínimo vital para muchas familias, pero ha advertido de que "otra cosa es cómo se gestione".
En esta línea, Marín ha insistido en que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "no está dispuesto a que a Andalucía se le trate de forma diferente en comparación al resto de territorios".
"¿No cree que Andalucía tiene el mismo derecho?", ha preguntado el vicepresidente al diputado socialista. También ha criticado este jueves la actitud del PSOE-A ante el Ingreso Mínimo Vital y le ha acusado de defender los intereses de su partido y no los de la Comunidad andaluza al no reclamar que la gestión de esta ayuda se haga desde el Gobierno andaluz.
Críticas del PSOE
Por su parte, el diputado socialista ha criticado que "estando aún húmeda la tinta del BOE", el vicepresidente de la Junta, con "una visión miope", ya "sembraba la duda" sobre este derecho. Ha lamentado que opte por confrontar con el Gobierno central antes que pensar en las 200.000 familias andaluzas que se beneficiarán de este Ingreso Mínimo Vital.
"Esto no va de quién atiende, sino de quién tiene que ser atendido", ha señalado Fernández y ha invitado al Gobierno andaluz a "arrimar el hombro en vez de discutir si son galgos o podencos".
Por su parte, el Pleno del Parlamento sí se ha mostrado favorable, con el único voto en contra de Vox, a apoyar la puesta en marcha el Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno central, gestionado a través del sistema de Seguridad Social. Pero que se haga con coordinación y cooperación institucional y medidas para la inserción social y laboral de las familias beneficiarias.
En concreto, ha aprobado parcialmente una proposición no de ley (PNL) que el PSOE-A ha defendido en el pleno para reforzar el sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables de Andalucía. La misma ha salido adelante en parte e incluso ha contado con respaldo de todos los grupos en tres de sus puntos.
Movilidad entre provincias
En este mismo pleno se ha abordado la posibilidad de que se pueda viajar entre las provincias andaluzas a partir del lunes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado su confianza en que la Comunidad en su conjunto alcance la fase 3 de desescalada, pero ha lamentado no tener información por parte del Gobierno sobre cuáles serán las competencias de las regiones.
En su comparecencia, ha anunciado que permitirá la movilidad interprovincial si Andalucía al completo pasa a la fase 3 y si el Gobierno le da estas competencias. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que será su departamento el que decida al respecto. Las Comunidades sólo podrán solicitarlo.
Por su parte, la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, le ha pedido explicaciones sobre esta planificación tras "la ceremonia de la confusión" que los socios de Gobierno, PP-A y Ciudadanos, han protagonizado en los últimos días sobre este asunto.
Respecto al hecho de que Moreno la acuse de tener "información privilegiada" sobre la capacidad de las autonomías en la siguiente fase, ha indicado que ella no tiene la culpa de que ni el presidente ni sus asesores se lean los documentos oficiales de este país.
Al respecto, ha citado el punto séptimo del acuerdo de prórroga del estado de alarma que se aprobó en el Congreso, donde se habla de la autoridad de los Ejecutivos autonómicos en la adopción de medidas en fase 3.