No está claro el modo de proceder por parte de las autoridades a la hora de atender a las personas que llegan en patera ante la posibilidad de que pudieran arribar contagiadas de Covid-19. Pero la llegada de estas embarcaciones no cesa en las costas de Andalucía, Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia. Este tema se abordó el viernes en la XXI Conferencia de Presidentes.
Hace unos días, la Secretaría de Estado de Migraciones publicó un protocolo de actuación ante posibles casos importados en este contexto. En concreto, según la Junta de Andalucía, no ha sido consensuado con las comunidades y entienden que hay un vacío legal, han informado a EL ESPAÑOL fuentes del Gobierno autonómico.
El Ejecutivo central echa un gran peso en esta gestión a los gobiernos regionales. Según el protocolo, las autonomías se tienen que encargar de realizar los PCR, atender sus necesidades sanitarias y buscar algún lugar para que pasen la cuarentena. En concreto, se les pide contar con planes de contingencia para gestionar estas situaciones de emergencia y se considera que es su responsabilidad hacerse cargo de todos los casos positivos, asintomáticos y sus contactos estrechos.
El Ejecutivo establece en ese protocolo que los casos confirmados o asintomáticos deben tener "soluciones habitacionales" por parte de las comunidades antes de ingresar en el sistema de acogida humanitaria. Ahí radican los escollos, en la habitabilidad de los centros y en el control de estas personas durante el aislamiento para que no se marchen.
Situación de Murcia
La situación de Murcia se ha visto especialmente agravada en los últimos días. La semana pasada llegaron en una sola jornada 31 pateras con 468 inmigrantes a bordo. Venían de Argelia. Esta oleada supuso que de una tacada la Región de Murcia recibiese un 29% del total de la inmigración irregular de todo un año, según la registrada en 2019 con 1.540 ilegales.
Podrían llegar más. De hecho, esta preocupante información sobre otra posible oleada de pateras llega cuando todavía no se ha resuelto el conflicto habitacional que enfrenta en los juzgados a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Salud. Un juez tendrá que dirimir qué administración debe proporcionar una instalación pública con capacidad suficiente para someter a cuarentena durante dos semanas a los más de 130 argelinos que, a fecha de hoy, permanecen en el campamento del puerto de Escombreras, en Cartagena, en unas condiciones precarias.
Para evitar una nueva crisis en la gestión migratoria -a principios de semana se escapó un centenar de ellos de un campamento en Cartagena-, el Gobierno murciano ha pedido a los ayuntamientos costeros que estudien la posibilidad de ceder espacios públicos para poder alojar a estas personas. Todos ellos se han negado, con la excepción de Cartagena, que ya ha cedido el pabellón deportivo del Cabezo Beaza.
Los presidentes de Murcia y Andalucía, Fernando López Miras y Juanma Moreno, ambos del PP, insistieron al Gobierno en la Conferencia de Presidentes en que ésta es "una competencia de Estado". Un 10% de las personas que llegan en pateras son positivos por Covid-19 y ambos acusaron al Gobierno de desentenderse. "No tenemos instrumentos para parar estos contagios", aseguró Moreno.
Dos centros en Andalucía
Desde principios de año hasta el pasado fin de semana, Andalucía ha recibido unos 4.100 inmigrantes. Son unas cifras muy inferiores, un 66,2% menos, a las registradas en los mismos meses del pasado año.
En concreto, desde el 10 de junio hasta el pasado martes, han llegado a Andalucía 72 pateras con 1.228 personas a bordo, de los cuales 118 eran menores.
Ante esta situación, la Junta está trabajando en la identificación de centros para acoger a las personas asintomáticas y ya ha habilitado el albergue Inturjoven en Víznar (Granada) y otro en Algeciras (Cádiz) donde los inmigrantes podrán pasar la cuarentena y ser atendidos por las ONG. Más allá del seguimiento sanitario por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han confirmado a EL ESPAÑOL desde el Ejecutivo autonómico.
Centro Inturjoven de la Junta de Andalucía en Víznar (Granada), habilitado para inmigrantes asintomáticos.
El Gobierno andaluz ofrece estos centros, pero considera que la gestión corresponde al Estado y la vigilancia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En esta misma semana, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, indicó que en estas instalaciones se ingresará solo a los casos que sean positivos, mientras que de aislar al resto de inmigrantes que hayan estado en contacto con contagiados deberá encargarse el Ejecutivo. "Eso tiene que plasmarse en un documento", señaló.
Por su parte, la Junta está realizando las pruebas, tanto los test rápidos que lleva a cabo el personal de la Cruz Roja nada más llega una patera, como los PCR posteriores. En el momento en el que uno de ellos da positivo, se hacen pruebas al resto de la embarcación y se procede a su aislamiento.
Si alguien llega con síntomas y requiere asistencia sanitaria, la Junta se la proporciona y si son graves, se le deriva a un centro sanitario. El problema, insisten, se produce con los positivos que son asintomáticos. No son ingresados en hospitales porque el sistema podría colapsarse, pero tienen que estar aislados. Hasta ahora, la incidencia de Covid en los rescatados de las pateras ha sido muy baja.
Riesgo de fuga
La fuga de inmigrantes contagiados de Covid existe y ocurrió el pasado miércoles en la comunidad. Siete inmigrantes llegaron la semana pasada en patera a Almería y tras ser trasladados a Granada para que pasaran la cuarentena se dieron a la fuga. Uno de ellos había dado positivo en coronavirus y el resto negativo, aunque habían mantenido contacto con él.
Estas personas fueron trasladadas en torno a las 23.00 horas del martes hasta Granada y los llevaron a Víznar. El albergue de la Junta ha servido en ocasiones para acoger a menores inmigrantes no acompañados. Ya está habilitado para estos nuevos menesteres, pero el pasado martes no lo estaba aún y mientras buscaban otro lugar, uno de ellos se escapó.
Finalmente, tuvieron que pasar la noche en el pabellón municipal Paquillo Fernández, ofrecido por el Ayuntamiento de Granada. Estaban custodiados por la Policía Autonómica y cuando fueron a ofrecerles el desayuno encontraron una puerta forzada. Se habían marchado y, por el momento, se desconoce su paradero.
Desde la Junta de Andalucía insisten en la importancia de un protocolo consensuado. A principios de esta semana, era de nuevo el consejero de Salud quien lo reclamaba públicamente. "Hemos hablado con la Secretaría de Estado Inmigraciones que si son sintomáticos les atendemos, si son asintomáticos los tiene que aislar el Gobierno central, y es recomendable una cuarentena a todos".
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, se pronunció este viernes. "Las conversaciones son permanentes" entre el Ejecutivo y la Junta para la gestión de estas personas, pero dejó clara una cuestión. "Es una materia que corresponde a la Consejería de Salud", al entender que se trata de un asunto "de salud pública y no de inmigración".
El protocolo andaluz
La Junta de Andalucía aprobó el pasado 4 de julio, tras asumir el mando de la pandemia, una orden con un protocolo de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de actuación ante posibles casos importados de Covid-19.
Se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el mismo recoge textualmente: "Cuando no se requiera la intervención o derivación urgente a un centro asistencial del Servicio Andaluz de Salud, será la autoridad gubernativa competente quien deberá garantizar el aislamiento, en tanto se obtienen los resultados de las pruebas diagnósticas pertinentes".
La normativa de extranjería sólo obliga a retener a los extranjeros sin papeles un máximo de 72 horas y, con posterioridad, las autoridades del Ministerio del Interior deciden si dejan en libertad a estas personas o las devuelven a sus países de origen. Esto último ahora no es posible por el cierre de fronteras.
Otras veces, se derivan al programa de atención humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones para su acogida en centros de las ONG donde puedan dormir y comer. Desde la Junta, mantienen que carecen de competencias para retener a los inmigrantes u obligarles a estar en cuarentena.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se reúne con miembros de la Cruz Roja en Almería.
El vicepresidente, Juan Marín, insistió la pasada semana en la necesidad de que el Gobierno establezca unos protocolos claros de actuación que permitan retener más de 72 horas a los inmigrantes que den positivo. Considera que no se pueden quedar "en un terreno de nadie" por el riesgo de que se multipliquen los casos y que nadie actúe. "Es Sanidad Exterior quien debería atenderlos, pero como no lo hace lo asumimos nosotros", advirtió.
La labor de Cruz Roja
Por su parte, el coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, en conversación con EL ESPAÑOL, asegura que la forma de proceder de la ONG cuando llega una patera no ha cambiado mucho en tiempos de Covid. Eso sí, ahora realizan los test rápidos para un primer cribado.
Si hay positivos alertan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Policía Nacional, encargada de su custodia en esas 72 horas, para que procedan al aislamiento correspondiente.
Personal de la Cruz Roja atiende a un inmigrante.
El coordinador advierte de que "afortunadamente la incidencia de positivos en pateras es muy baja". Desde que se declaró el estado de alarma, a las costas almerienses han llegado unas 2.500 personas y "sólo se han registrado cuatro positivos".
Hasta el momento en Andalucía no se ha producido ningún brote por la llegada de una patera, pero desde la Junta insisten en consensuar este protocolo. También en no bajar la guardia porque el buen tiempo favorece a este fenómeno irregular.