El sobrino de Felipe González y exaltos cargos del PSOE-A, imputados por una subvención millonaria

En 2015, tras una primera investigación judicial, la Policía Nacional detectó entre 2010 y 2012 irregularidades en la concesión de casi 38 millones de euros en avales y de préstamos por parte de la Junta de Andalucía a la empresa energética malagueña Isofoton. La denuncia la elevó el comité de empresa de la compañía.

Según reza en un auto judicial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ahora el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla cita entre los meses de octubre y noviembre a una veintena de ex altos cargos relacionados con las materias de Economía y Empleo de la Junta, bajo el gobierno de José Antonio Griñán. Entre ellos se encuentra Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, que tendrá que acudir a los juzgados entre el 11 y el 12 de noviembre.

Otros tres, como el propio Griñán, ya fueron condenados a siete y seis años de prisión por la sentencia del caso de los ERE. En concreto, se trata del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2004 a 2009, Francisco Vallejo, hombre fuerte de Manuel Chaves; del viceconsejero de Empleo entre 2004 a 2010, Agustín Barberá, y del viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de 2005 a 2010, Jesús María Rodríguez. 

No es la única causa judicial pendiente que tiene el sobrino de Felipe González por su labor como director de Promoción de Invercaria entre 2005 y 2010. También será juzgado en la macrocausa de corrupción de la empresa de capital riesgo de la Junta. 

La Fiscalía Anticorrupción pide para él la pena de tres años y medio de prisión por un delito de malversación. El fiscal consideró que éste, junto a otros tres investigados, se valió de las "facultades que ostentaban en sus cargos para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público".

Esta pieza también versa por los salarios y finiquitos "muy superiores" a los que correspondían "según su contrato de trabajo y la legislación vigente, sin causa legal justificada", que recibieron estos directivos de Invercaria.

Sin control

Sobre las ayudas a esta empresa, en su informe, la Policía Nacional aseguró que el Gobierno andaluz, entre 2010 y 2012, concedió sin control 38 millones de euros a este gigante energético, cuyo paradero, en su mayor parte, se desconoce. Lo hizo a través de la Agencia IDEA y su filial Sorprea, ambas dependientes de la Junta.

El caso lo comenzó a investigar el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que dirigía entonces la jueza Mercedes Alaya, pero le correspondió al número 3 por turno de reparto tras acordarse deducir testimonio por el primero para la investigación de estas presuntas irregularidades.

Ahora este juzgado quiere llegar hasta el fondo del asunto para conocer el presunto desvío de estas ayudas. Lo hace tras considerar la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado que podrían haberse cometido presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. El juzgado confirma que existen indicios.

Pese a tratarse de ayudas millonarias, estas transferencias no evitaron la entrada en concurso de acreedores, el cierre de la empresa y el despido de cientos de trabajadores allá por 2014. Fue fundada en Málaga en 1981, adquirida en 1997 por el grupo Berge Solar y llegó a estar presente en 60 países. 

"Absolutamente precaria"

Según la investigación judicial, cuando la Junta concedió estas ayudas la empresa ya "era absolutamente precaria". En el año 2010 las participaciones sociales son enajenadas al grupo Affirma que adquiere el 80% y a la sociedad TOP TEC que adquiere el 20% por un precio simbólico de un euro. A juicio de la instructora, este hecho evidencia la situación financiera real que atravesaba la sociedad.

Sin embargo, estas circunstancias no impidieron que dicha entidad fuese beneficiaria de "cuantiosas ayudas con cargo al erario público". Además las investigaciones ponen de manifiesto que tras la entrada del grupo Affirma, Isofoton y las sociedades de su entorno comenzaron a pagar "grandes cantidades de dinero" a las sociedades del citado grupo bajo la dirección de los hermanos Ángel Luis y Diego S.S. 

En total, la jueza señala que la empresa malagueña Isofoton y aquellas de las que es accionista han recibido de fondos públicos entre los años 2005 y 2012 por importe superior a los 80 millones de euros. Todo ello a través de avales e incentivos directos a fondo perdido.

"Graves irregularidades"

El juez considera que los avales otorgados por la agencia IDEA presentaban "graves irregularidades" relativas a la inadecuación del procedimiento. Además asegura que las garantías prestadas fueron "muy deficientes" para responder a las cantidades avaladas.

En concreto, el auto cita tres fechas en las que se otorgan los avales. El primero fue el 12 de abril de 2010 por importe de cinco millones de euros, correspondiente al 50% de un préstamo de diez millones que se encontraba dividido en dos tramos. El aval fue autorizado por el Consejo Rector, siendo presidente el consejero de Innovación en aquellas fechas Martín Soler Márquez en presencia del entonces director de la Agencia IDEA Antonio Valverde.

El 27 de agosto de 2010 esta misma agencia otorgó a la empresa varios avales por importe de 12 millones de euros. En esa fecha se acordó la prórroga del primer aval por un periodo de dos años. La certificación fue firmada por el entonces viceconsejero de Innovación Luis Nieto y por el consejero de Economía Antonio Ávila.

El 29 de abril de 2011, la agencia IDEA vuelve a otorgar a la empresa malagueña más avales por valor de 12 millones de euros más. Volvió a firmar la autorización Luis Nieto y Antonio Ávila.

El juez señala que cuando estas ayudas públicas fueron aprobadas la Agencia IDEA "debía conocer la deficitaria e irregular" situación de la compañía por un informe fechado en marzo de 2009. De ahí, que cite como investigados a estos ex altos cargos socialistas.

Un préstamo de 8,3 millones

Además de estas ayudas, la entidad Sorprea, fundada con la finalidad de favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía, concedió a la empresa en agosto de 2012 un préstamo de 8,3 millones. Todo ello pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas años antes. Un año después la Junta llegó a denunciarlos por estafa por este supuesto uso irregular.

Considera responsables de la concesión del mismo al que fuera director general de IDEA, a los consejeros de Economía y de Innovación en aquellas fechas y a varios miembros del comité de inversiones. Por todo ello, la jueza cita a declarar a esta veintena de ex altos cargos del PSOE andaluz en el juzgado sevillano entre los meses de octubre y diciembre en calidad de investigados.