El Gobierno andaluz (PP y Cs) tiene por delante un reto complicado ante un escenario marcado por la Covid-19. Quiere aprobar el Presupuesto 2021 --sería el tercero de su gobierno-- con el mayor consenso posible teniendo en cuenta las complicadas circunstancias actuales y seguir manteniendo su estabilidad política hasta el final de la legislatura. Por el momento, Vox, que apoyó en la investidura a Juanma Moreno, le va a permitir garantizar ambas cosas.
El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho en más de una ocasión que el otoño se prevé "duro" ante la crisis sanitaria, económica y sociolaboral, cuya duración dependerá de la incidencia del virus. No obstante, ya ha dejado claro que la economía en su totalidad no se puede parar.
Moreno sigue la misma estrategia que el Gobierno central en Madrid aunque la situación sea muy distinta. Para el presidente andaluz es bueno tener unos Presupuestos en 2021 porque significan "estabilidad, credibilidad y capacidad técnica de movilizar recursos y generar actividad". El objetivo, lograr salir lo antes posible de la recesión y crisis económica causada por la pandemia.
A su juicio, no es el momento de grandes diferencias políticas, sino de salvaguardar los intereses de los ciudadanos. De ahí que la Junta quiera realizar sus deberes económicos cuanto antes --ya la pasada semana mantuvo una reunión con todos los portavoces para tomar el pulso-- y poder remitir el proyecto de ley de estas cuentas antes del 31 de octubre. Es la fecha tope.
Reunión con los grupos
Para ello, el Gobierno andaluz, a través del consejero de Hacienda, Juan Bravo, empezará en esta semana, o como muy tarde la siguiente, las reuniones con los cinco grupos parlamentarios --PSOE, PP, Cs, Adelante y Vox-- para tratar de negociar y conocer las propuestas a aportar a las cuentas andaluzas.
Estos encuentros tendrán que producirse tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene que convocar la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde la propia Consejería. Montero anunció hace unos días que se convocaría este mismo mes de septiembre.
A Andalucía le urge porque antes de perfilar las cuentas, el Gobierno de la comunidad tiene que saber las imposiciones del Ejecutivo como el techo de gasto, el déficit y las entregas a cuentas. La Junta también quiere conocer la cantidad que le corresponde de los anunciados fondos europeos para amortiguar los efectos de la Covid.
En este sentido, Andalucía se siente "agredida en toda regla". A principios de semana, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, volvió a reclamar que la comunidad cuente "con las mismas reglas que el País Vasco". A esta región se le ha concedido un objetivo de déficit del 2,6% y a Andalucía un 0,2. Esto le permitiría a disponer más de 3.600 millones más para sanidad y educación.
Otra cuestión que mantienen desde el Ejecutivo andaluz es que el central le quita a la comunidad más de 2.000 millones de euros. Éstos estarían divididos entre los 800 millones al año de infrafinanciación, otros 800 por el reparto sin tener en cuenta la población, los 127 millones por el recorte de las entregas a cuenta de 2019 y 2020, 534 por el impago del IVA y el recorte de 200 millones de euros en la formación.
La postura de Vox
Los grupos han mostrado en el Parlamento su disponibilidad a la negociación, aunque con algunos será más complicada que con otros. El apoyo más claro partió del portavoz de Vox, Alejandro Hernández.
Este partido garantiza que va a estar "a la altura" y va a "dejar a un lado las posiciones maximalistas". Es más le dijo, en un tono suave, que en este tiempo de zozobra el Gobierno andaluz "puede contar con la lealtad" de su grupo sin imponerle "cordones sanitarios" a ningún partido.
El portavoz del Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández.
Este apoyo público tiene varias claves que se resumen en la estabilidad en todos los sentidos. Primero, para sacar adelante un tercer Presupuesto en lo que va de legislatura y, segundo, para mantener la estabilidad y llegar con tranquilidad hasta el final de la misma. Hasta 2022 cuando se celebrarán unas nuevas elecciones.
La postura del PSOE
El cuello de botella estará con el PSOE. Su secretaria general, Susana Díaz, pidió a Moreno la semana pasada la creación de un grupo de trabajo para negociar los presupuestos. También le dijo que mediaría en Madrid con el presidente, Pedro Sánchez, para que el reparto fuera justo con Andalucía.
Ante la propuesta, el portavoz del PP andaluz en la Cámara andaluza, José Antonio Nieto, remitió en esta semana una carta a su homólogo en el PSOE, José Fiscal, para alcanzar "un acuerdo histórico", que quiere hacer extensible al resto de partidos.
Al día siguiente el PSOE contestó la misiva. Mostraron su disposición a "arrimar el hombro" porque su grupo está "absolutamente comprometido y dispuesto a negociar", siempre y cuando en ellos se blinde la educación y la sanidad públicas. Sin embargo, le reprochó a Nieto que haya sido él como portavoz parlamentario popular quien le remitiera. Considera que es el Ejecutivo andaluz "el responsable de tomar las riendas de estas negociaciones".
Susana Díaz ya lo advirtió unas horas antes. Expresó su sorpresa por esta carta al considerar que "los Presupuestos no los hacen los partidos, sino el Gobierno", por lo que vio posible "desconocimiento o mala fe" del representante 'popular'.
El tercero en discordia, en este caso el quinto, sería Adelante Andalucía. Cuenta con dificultades internas entre los cinco grupos que forman la coalición. De hecho, con Juanma Moreno fueron a hablar dos portavoces --también fue la adjunta-- y ya en la reunión dieron su mano tendida. No obstante, por la tónica habitual, las propuestas del PP y de esta coalición suelen ser el agua y el aceite.
Este sería el punto de partida para comenzar la negociación y no termina de ser favorable. No obstante, el PP y Cs ya cuentan con el apoyo de Vox que, por el momento, deja atrás las amenazas y sus peticiones y se mantendrá "leal" para sacar a Andalucía de la crisis de la Covid-19. En este caso también para llegar al final de la legislatura.