La juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, instructora de las distintas piezas del caso de los ERE de la Junta de Andalucía ha dado un paso al lado. No seguirá investigando las macrocausas de corrupción que salpican a varios ex altos cargos socialistas en la Comunidad.
Núñez Bolaños, que sustituyó en 2015 a la magistrada Mercedes Alaya, ha presentado un plan de actuación acordado con el juez de refuerzo José Ignacio Villaplana. Al respecto, la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado su visto bueno, ha informado el propio tribunal andaluz.
Por tanto a partir de ahora, Núñez Bolaños, tras estar de baja durante varios meses, asumirá las tareas ordinarias de dicha instancia judicial. Por su parte, será Villaplana quien continúe con la investigación de las macrocausas incoadas por este juzgado.
Así, este juez seguirá al frente de las piezas separadas de la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos e incentivados con fondos públicos. También investigará los gastos en locales de alterne con cargo a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) o la recientemente reabierta causa de las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la Agencia IDEA.
La denuncia contra Bolaños
La pasada semana la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra esta jueza. No obstante, dos vocales de los siete votaron en contra.
Lo hizo después de que el pasado mes de julio el promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección del CGPJ, Ricardo Conde, diera carpetazo a las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, denunció a Núñez Bolaños por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos.
"Situación excepcional"
En sus conclusiones, Ricardo Conde recordó que el juzgado de Instrucción número 6 vivía "una situación excepcional" desde 2011, cuando se incoaron las diligencias previas del caso ERE.
Por ello, calificó ese contexto como "fuente inevitable de retrasos" al tener en cuenta "la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y el diseño vigente del proceso penal".
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial calificó como "eficaz y exhaustivo" el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas. De ahí que concluyera que "la instrucción se había llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas".
En este mismo informe, el promotor de la Acción Disciplinaria aludió a "la profunda discrepancia del Ministerio Fiscal con numerosas decisiones de la juez instructora". De hecho, consideró que éstas "quedaban fuera del ámbito de actuación del órgano de gobierno de los jueces".
Su llegada
Núñez Bolaños llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015 después de que la jueza que inició la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera una plaza en la Audiencia Provincial.
Fue un traslado insólito porque Núñez Bolaños procedía de un Juzgado de Familia y llevaba muchos años sin contacto con la jurisdicción penal. De la tranquilidad de los asuntos civiles pasó a la complejidad de las piezas de los ERE, el caso de corrupción más relevante descubierto en Andalucía.
Cuando pidió la vacante -que se cubre por rigurosa antigüedad- se publicaron datos como el de su amistad con el entonces consejero de Justicia con gobiernos socialistas en Andalucía, Emilio de Llera.