La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado una denuncia presentada por el sindicato CGT contra el Gobierno andaluz. La misma fue presentada a raíz del proceso de selección de personal interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública por la Covid-19. Entre ellos los 3.000 vigilantes de la playa en los denominados contratos exprés.
Según señala el decreto de archivo, consultado por EL ESPAÑOL, el sindicato denunció a los responsables de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, a cuyo frente está Elías Bendodo, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de prevaricación. En concreto, por excluir a las personas en situación de riesgo de la contratación extraordinaria para luchar contra la pandemia.
La norma excluía de la contratación a los grupos de riesgo, aquellas personas que se consideraban "especialmente sensibles" al sufrir patologías que pudieran verse agravadas por la Covid-19, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Entre ellas citaba a la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, renales y neurológicas crónicas, además del VIH, el cáncer, las mujeres embarazas, en período de lactancia y las personas mayores de 60 años.
Sin relevancia penal
Sin embargo, la Fiscalía Superior archiva la denuncia al entender que "los hechos carecen de toda relevancia penal" y hace referencia a la resolución que regula todos los contratos exprés de la Junta.
Este sobreseimiento se produce unos días antes de que este mismo organismo haya decidido abrir una investigación penal sobre estas mismas bases de contratación presentada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Son dos procedimientos independientes aunque el objeto de denuncia es el mismo respecto a la citada orden de la Consejería de Presidencia.
La otra denuncia se refería a la contratación urgente de 159 funcionarios interinos promovida el pasado 8 de julio, según figura en un decreto del Ministerio Público rubricado el pasado 16 de septiembre y recogido por Europa Press.
Por su parte, la Junta de Andalucía defiente que dicha convocatoria se rige por un decreto aprobado por el Parlamento andaluz y un modelo de nombramientos "negociado con las organizaciones sindicales".
Desde la Consejería aseguran que estas bases y sus normas solo resultan de aplicación para los nombramientos de personal funcionario interino y las contrataciones de personal laboral temporal de emergencia para hacer frente a la Covid-19. Por tanto, "no son aplicables para el resto de las situaciones, en las que se seguirá la tramitación ordinaria".