Una guía informativa con herramientas legales y atención personalizada a propietarios afectados por el fenómeno de la okupación. Esas son las dos medidas que el Gobierno andaluz pondrá en marcha para hacer de la Comunidad "una tierra libre de okupas". Personal específico de la Junta atenderá a estas personas en las delegaciones territoriales que la Consejería de Fomento tiene en cada provincia.
Es la primera vez que se habilita en Andalucía un sistema de lucha contra la okupación y de asesoramiento para aquellos dueños de inmuebles víctimas de esta lacra. Comenzará a funcionar a principios del próximo año, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde la citada Consejería.
La Junta ya puso en marcha oficinas en estas delegaciones provinciales para asesorar a ciudadanos con dificultades económicas y que corren el riesgo de perder su vivienda. A partir del próximo mes de enero, también facilitará información a los propietarios sobre cómo actuar en caso de okupación. Lo hará en estas mismas dependencias y con el mismo personal específico, por lo que no supondrá un gasto adicional.
De hecho, desde el Gobierno andaluz insisten en que una cosa no quita la otra. Aseguran que las nuevas funciones se ejecutarán sin menoscabar las labores de asesoramiento a las personas que pudieran estar ante un desahucio inminente.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a la puesta en marcha de este sistema que persigue proteger los derechos de estos propietarios y facilitar la respuesta jurídica idónea. No obstante, la singularidad de cada caso será determinante.
El sistema
Así, cuando un ciudadano sea víctima de la okupación ilegal de su vivienda, podrá acudir a una de estas delegaciones provinciales. En ellas encontrará atención personalizada, el personal valorará los hechos y le orientará sobre las medidas que pueda adoptar inmediato.
A su vez, le informará sobre las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma. De igual manera, el Gobierno andaluz le brindará las posibilidades de asistencia jurídica en coordinación con los colegios de abogados. También le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.
La realidad es que esta lacra puede afectar a cualquiera. Existen cientos de perfiles y ninguna foto fija. Del nivel social más bajo al más alto, sin distinciones. Si ocurre, la indefensión del propietario es total. La ley apenas les protege, como se ha comprobado en muchos casos.
Siete casos al día
La okupación no es ajena a la Comunidad andaluza. En concreto, durante el último semestre se han contabilizado 1.183 casos, lo que equivale a cerca de siete okupaciones al día. Una de las más llamativas fue la de un chalé en la localidad sevillana de Gines el pasado mes de febrero. Los okupas eligieron esa vivienda porque tenían perro y querían una casa con jardín, según explicó su propietario a El ESPAÑOL.
"Queremos que Andalucía sea una tierra libre de okupas donde se pueda vivir con tranquilidad y seguridad", aseguró el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, sobre este nuevo sistema tras el Consejo de Gobierno.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
La Junta quiere hacer lo contrario que el Gobierno central. Según el consejero, el presidente, Pedro Sánchez, "no solo no mira para otro lado, sino que el vicepresidente, Pablo Iglesias, alienta la okupación ilegal".
La guía informativa
Para el buen funcionamiento de este sistema, el personal de las delegaciones territoriales contará con una guía informativa. Se trata de un instrumento que le proporcionará información sobre los derechos que asisten a los afectados y las posibilidades y organismos de reclamación.
También sobre los trámites jurídicos y judiciales necesarios, según las leyes vigentes y teniendo en cuenta que las competencias fundamentales residen en el Estado. Esta guía estará disponible en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
La Junta de Andalucía, además, constituirá un grupo de trabajo que coordine iniciativas que contribuyan al mejor cumplimiento y garantía de los derechos de estos propietarios.
Este grupo contará con la participación de las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; de Presidencia y la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Esta última pone a disposición también a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Cabe recordar que la adopción de este tipo de medidas por parte de la Junta es un compromiso recogido en los acuerdos presupuestarios firmados por el Gobierno andaluz de PP-A y Cs con Vox.