Andalucía crea un oficina antifraude para vigilar los fondos públicos que podrá multar hasta con 100.000 €

El Gobierno andaluz tendrá una oficina antifraude para vigilar el destino de fondos públicos y poder fiscalizar a empresas y entes que lo reciban. El objetivo de la Junta es que entre en funcionamiento a lo largo de 2021 y podrá interponer sanciones de hasta 100.000 euros. Lo hará a través de la ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante. 

La citada oficina dependerá directamente del Parlamento andaluz y estará conformada por funcionarios. El fin es dotarla de la máxima autonomía e independencia y se le atribuirán potestades de investigación e inspección, de oficio o mediante denuncias. No obstante se ceñirán al periodo y a la parte que afecten estos fondos, no a la empresa en general, han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Gobierno andaluz.

Además, su director será elegido por tres quintos de la Cámara andaluza por un periodo de cinco años no renovables y no podrá estar afiliado a ningún partido político, sindicato, asociación empresarial o profesional.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, informó este lunes al Consejo de Gobierno del estado de tramitación del anteproyecto de esta ley. Esta ahora pasa a fase del Consejo Consultivo para recabar el último informe preceptivo antes de su aprobación en Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento.

Es la primera norma creada en este sentido en Andalucía y cuenta ya con las aportaciones del Gabinete Jurídico y el Consejo Económico y Social (CES). A través de ella, el Gobierno andaluz podrá investigar a su propio personal, a entes instrumentales y a empresas públicas cuando tengan alguna sospecha de corrupción o fraude. También podrá fiscalizar a esas empresas, entidades, sindicatos u ONGs destinatarias de estos fondos. El fin, tener un control.

Ley consensuada

Según la Junta, la corrupción es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y se trata de un problema de especial gravedad. No afecta únicamente a la eficiencia de las administraciones, ni solo supone un perjuicio a las arcas públicas, sino que va en contra de la propia democracia.

Sindicatos, colegios profesionales, universidades, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía de Andalucía, Ministerio de Justicia y hasta 65 entidades han realizado sus aportaciones a este texto durante el trámite de audiencia.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que "la etapa más negra de la corrupción en Andalucía ha quedado atrás". Hoy Andalucía cuenta con "un gobierno decente, sin una sola mancha en dos años".

La protección del denunciante

La norma también pretende proteger al denunciante. Para ello, contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias. Todo ello con un marco de protección específico para los empleados al servicio del sector público andaluz, incluida la posibilidad de solicitar un traslado provisional a otro puesto del mismo nivel.

Esta oficina contra el fraude y la corrupción tendrá competencia sancionadora. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones desde los 300 hasta los 100.000 euros.

Además, el texto incorpora modificaciones a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Así, no podrán formar parte del ente personas encausadas judicialmente ni condenadas por delitos relacionados con la corrupción u otros delitos dolosos castigados con penas graves o que conlleven inhabilitación.

A su vez, el puesto es incompatible con cualquier otra actividad de carácter público o privado, retribuida o no. Las únicas excepciones serán la docencia universitaria, la investigación, la formación o la participación en entidades sin ánimo de lucro o en actividades no retribuidas, que resulten de interés social o cultural y que promuevan valores sociales.

Tampoco los altos cargos podrán ser titulares o autorizados de cuentas bancarias y otros activos financieros en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

Susana Díaz ya lo intentó

En 2017, cuando gobernaba Susana Díaz, el Gobierno también anunció la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción. El objetivo era evitar otro caso ERE, por el que fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos están pendientes de que se pronuncie el Supremo.

Sin embargo, esta oficina no contemplaba investigar estos ERE falsos, ni Invercaria, ni el fraude de los cursos de formación, ni las facturas falsas de UGT-Andalucía, ni otros escándalos que salpicaban al gobierno andaluz de aquel entonces. Tan solo fijaba dos ámbitos de actuación: la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.

Precisamente partió de un compromiso con sus socios de legislatura, que en aquel momento era Ciudadanos, el mismo partido que la ha liderado ahora. Pero nunca echó a andar. La que era consejera de Hacienda, actual ministra, María Jesús Montero, llevaba su batuta se fue al Gobierno de Pedro Sánchez recién nombrado presidente; tres meses después Susana Díaz convocó las elecciones y perdió el Gobierno. Ahora parece que a lo largo de 2021 será una realidad.