Procesan al expresidente de la SEPI y a los dueños de Magtel por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La juez de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha ordenado continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Lo hace por un delito de prevaricación administrativa. 

La instructora emite este auto por las presuntas irregularidades en la adjudicación al grupo México-Minorbis (participada por Magtel) del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. En aquel momento era secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo en Andalucía.

También ordena este extremo contra los empresarios M.L.M e I.L.M, de la empresa Magtel, y contra seis funcionarios y ex altos cargos de la Junta de Andalucía en 2014 cuando se conformó la Mesa de Contratación. Gobernaba Susana Díaz. La juez considera que hubo "connivencia" entre todas las partes para su adjudicación.

La instructora tramita este auto tras dos archivos de la causa abierta en el año 2015 por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina y varias peticiones de la Fiscalía para su sobreseimiento. La última reapertura fue por orden de la sección séptima de la Audiencia, de la que forma parte Mercedes Alaya. Esto le costó el puesto al expresidente de la SEPI, quien dimitió de su cargo.

La causa investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a la agrupación empresarial México-Minorbis. Todo ello, pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España.

En el auto judicial, recogido por Europa Press, se incluye también a seis funcionarios y ex altos cargos del PSOE de la Consejería de Industria y Minas de la Junta de Andalucía que participaron en la tramitación y aprobación de la concesión.

Los imputados

Entre ellos se encuentran la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía M.J.C.A., y los funcionarios de la Junta de Andalucía P.S.C.S.I., J.R.Z., y J.M.A.P, como miembros de la Mesa.

También el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla S.C.L., e I.M., como jefe de Servicio de Minas de la Junta. A su vez, exculpa a seis funcionarios que formaron parte de la Comisión Técnica al no considerar que existan indicios de delito.

La juez ha dado traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que, en un plazo de diez días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El Ministerio Fiscal, por su parte, ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso. La última vez fue el pasado 30 de diciembre al considerar que no había nada nuevo tras las nuevas diligencias solicitadas tanto por Emérita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción.