Los más de doscientos afectados por el mayor brote de listeria en España se enfrentan a un gran desafío para cobrar sus indemnizaciones a la empresa Magrudis. Todavía falta tiempo para el juicio, pero el valor de los primeros bienes embargables de la compañía es muy escaso como para hacer frente a los futuros pagos. Según el inventario judicial, apenas supera los 30.000 euros.
En verano de 2019, cuatro personas murieron y siete mujeres sufrieron abortos tras el consumo de carne mechada, marca 'La Mechá'. Sus máximos responsables, José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, entraron en prisión por un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes.
No obstante, fueron puestos en libertad el pasado marzo al considerar la instructora que no había riesgo de fuga debido a la pandemia de la Covid. Tienen la obligación de acudir a firmar los días 1 y 15 de cada mes.
Hace un año la jueza pidió una fianza de responsabilidad civil por un total de cinco millones de euros a ambos; y a la esposa y cuñada del primero, también investigadas en la causa. A su vez, hizo responsables a las empresas Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario. En total hay diez investigados en la causa.
No tienen propiedades
En el caso de que la cuñada fuera condenada sí se le embargaría el 50% de una vivienda de su propiedad, que aún no está tasada. La familia Marín Rodríguez no tiene propiedades a su nombre y vive de alquiler. Las naves de la empresa, ubicada en el polígono El Pino de Sevilla, en las que operaban, tampoco eran suyas. Por falta de liquidez, los empresarios no pudieron depositar en tiempo y forma la citada fianza y se ha procedido al embargo de sus bienes.
El problema radica en el valor de los mismos. Los equipos de refrigeración de cámaras, máquinas envasadoras, traspaletas, material de oficina y otros elementos catalogables fueron inventariados el pasado mes de julio y sólo alcanzan los 31.669 euros. Así reza en la documentación consultada por EL ESPAÑOL.
Sólo los gastos sanitarios indirectos ocasionados a la Junta de Andalucía han sido cifrados en 3,4 millones de euros, además de los ocasionados al Ayuntamiento de Sevilla y otros que puedan surgir durante la instrucción.
Las defensas aún no han formulado la cuantía de las indemnizaciones porque quedan por realizarse informes médicos, pero hay baremos al respecto. Cuando se trata de un aborto suele rondar los 100.000 euros y en este caso se produjeron siete, más las cuatro muertes y los más de doscientos perjudicados.
El embargo de los coches
Ante esta situación, Germán Grima, el abogado de la plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, ha presentado un escrito para que se proceda también al embargo de los vehículos. Tienen cinco en propiedad, uno de ellos de alta gama.
Por el momento, lo único que hay depositado en la cuenta del juzgado es una póliza de seguro de responsabilidad civil. Ésta sólo alcanza el importe de 300.000 euros, una cantidad menor atendiendo a las indemnizaciones que podrían pedir los afectados.
En estas circunstancias, la organización Facua, que también ejerce la acusación particular, advierte de que la única manera de poder cobrar indemnizaciones pasa por pedir responsabilidad patrimonial de las administraciones.
Ello conllevaría, por ejemplo, que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento -una veterinaria municipal es una de las investigadas- se hicieran cargo de resarcir a los afectados. Ambos están personados a su vez en la causa como acusación. No obstante, ese momento procesal no ha llegado.
"Mala praxis"
El pasado mes de julio un informe de un perito veterinario de la Junta, publicado por EL ESPAÑOL, dejó patente la mala praxis que llevó a cabo la empresa. La bacteria se afincó en las instalaciones por la falta de limpieza y por la deficiencia de las mismas.
La carne mechada, de La Mechá, distribuida por Magrudis.
Eso provocó que la bacteria se multiplicara exponencialmente. La carne mechada analizada llegó a superar entre "3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable" que permite la normativa.
Unos meses depués del brote se conoció que Magrudis operaba sin licencia de actividad, carecía del permiso para ampliar sus instalaciones y poseía un catálogo oculto de 50 productos que vendía por un canal de distribución distinta. Además, durante un periodo defraudó presuntamente a una compañía eléctrica con un enganche ilegal de una de las naves.
La nave de la empresa sevillana Magrudis cerrada tras la crisis alimentaria de la listeria.
El pasado mes de septiembre, según publicó Europa Press, el Ayuntamiento de Sevilla interpuso un expediente sancionador de 6.001 euros a la empresa "por carecer de legalización". También multó con 2.000 euros al arquitecto autor de la declaración responsable formalizada en diciembre de 2018 por Magrudis.
No obstante, ante la Guardia Civil, varios funcionarios municipales reconocieron que por la falta de personal el expediente administrativo de la empresa "lo metieron en una caja". De ahí la demora en generar el mismo a fecha 28 de diciembre de 2018. De los nueve veterinarios dados de alta en el departamento, sólo estaban trabajando cuatro. Otros derivaron la responsabilidad de la inspección a la Junta.
Ante esta situación, Ateneo Abogados también pide al juzgado que se agilicen las investigaciones sobre el Consistorio por las posibles dejaciones de funciones sobre el sector cárnico. A su vez, solicita responsabilidad por culpa in vigilando por las actuaciones llevadas a cabo por el Ayunntamiento en la nave del polígono El Pino.
Mientras tanto, la instrucción continúa su curso un año y medio después de que esta carne contaminada de listeria llegara a los mercados y afectara a más de doscientas personas.