La jueza del caso Isofotón reclama nuevas actas de acuerdos de gobierno de Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción sigue investigando para alcanzar "el completo esclarecimiento" sobre el otorgamiento de las ayudas públicas por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Isofotón.

Para ello, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha solicitado más documentación sobre acuerdos firmados al respecto en las etapas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales. En total, esta compañía malagueña recibió 80 millones de euros de ayudas públicas, pero acabó quebrando con 700 trabajadores en la calle. La juez centra la investigación en la concesión de 38 millones.

En concreto, la Fiscalía le pidió a la titular del juzgado que solicitara el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos del 29 de mayo de 2012 por la que se modificó la propuesta de inversión para la concesión del préstamo de 8,3 millones de euros en agosto de ese mismo año. Fue la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, quien lo concedió. Todo ello a pesar de la mala situación económica en la que se encontraba la empresa.

Además, el juzgado solicita el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria del consejo de administración del Fondo de Desarrollo Empresarial de ese mismo día y otros ratificados en distintos consejos de gobierno entre 2007 y 2011.

A su vez, a petición de Anticorrupción, la juez reclama a la entidad financiera Bankia que aporte toda la documentación sobre el aval otorgado a la agencia Idea, con fecha 6 de noviembre de 2007, por importe de 6.761.641,40 euros relacionado con Isofotón.

Hace un par de semanas, el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012. Ahora ha pedido el acuerdo alcanzado en dicha comisión.

Los ministros

Tras ello, se vieron salpicados los ministros María Jesús Montero, portavoz del Gobierno central y ministra de Hacienda, y de Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al haber estado presentes en la citada reunión. En aquel entonces, Montero llevaba en Andalucía la cartera de Salud y Bienestar Social y Planas la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pero ninguno de ellos figura como investigado.

El PP pidió su dimisión por estos hechos, pero ambos, junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, rechazaron dimitir al considerar "infamias" las peticiones al respecto. Esta última trabajó unos meses en la citada compañía.

Ahora solicita a esta misma Consejería otra serie de expedientes de tramitación de acuerdos en relación a los avales y préstamos concedidos a la empresa. Éstos afectan a varios exgobiernos socialistas de las etapas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por el caso ERE.

El pasado mes de octubre la titular del juzgado ya solicitó a la Consejería de la Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015, abarcando también la etapa de la expresidenta Susana Díaz.

40 investigados

En total, según avanzó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado mes septiembre, en el caso hay 40 investigados, de ellos 37 son ex altos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE.

Entre ellos, Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, quien tiene pendiente otra causa judicial por su labor como director de Promoción de Invercaria entre 2005 y 2010.

Las declaraciones comenzaron a mediados de octubre. En concreto, la juez está indagando la concesión de tres avales para salvar a la empresa de la quiebra, entre 2010 y 2011, por valor de 29 millones, y el préstamo posterior de 8,3 millones.