Pagar con retraso a los proveedores le puede salir caro a cualquier empresa, pero si se trata de una de las compañías públicas más grandes de España, los números pueden llegar a ser desorbitados. Eso le ha ocurrido al Servicio Andaluz de Salud (SAS), adscrito a la Junta, durante los últimos 20 años.
En estos ejercicios ha tenido que pagar de las arcas públicas 690 millones de euros sólo en intereses de demora por cientos de facturas pagadas con retraso a proveedores sanitarios.
Creado en 1986, el SAS funciona como organismo autónomo adscrito a la Consejería de Salud y Familias del Gobierno autonómico. Para este año 2021 cuenta con más de 120.000 profesionales y con un presupuesto que supera los 10.700 millones de euros, el más amplio de los últimos ejercicios como consecuencia de la Covid-19.
No es comparable el procedimiento, tan sólo por la cifra, pero puede sonar familiar por el dinero público defraudado en el caso de los ERE. Hasta 680 millones -diez menos-, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, supuso el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma arbitraria a empresas en crisis, sin que hubiera ningún control sobre ellos.
Tanto en los 20 años -hasta enero de 2019-, en los que el SAS ha estado pagando tal cantidad de intereses y en los que se le perdió la pista a esos 680 millones, ostentaron la presidencia de la Junta los presidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
Los dos primeros están condenados por el caso ERE. Griñán incluso podría ir a la cárcel -durante seis años- a la espera de que se pronuncie el Supremo, por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Más de 75 M en 2003
Según estas cifras, consultadas por EL ESPAÑOL, si se hiciera una división por años, la media supondría el pago de 34,5 millones anuales, pero ha habido ejercicios, como el de 2003 y 2011, en los que el SAS ha llegado a pagar hasta 75 millones de euros. Sólo en intereses.
Las razones se deben a que cada ejercicio presupuestario es diferente y unos años se pagaba con más premura y otros con más retraso. De ahí el recargo. Además, otros intereses de demora como en el caso de los pagos a Clínicas Pascual, que ha tenido durante años conciertos con hospitales en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga, se han determinado por sentencias judiciales.
Por ejemplo, en 2016 se dio la paradoja de que la Junta tuvo que pagar 39,5 millones en intereses, mientras las inversiones reales que hizo el SAS en los centros hospitalarios alcanzaron los 29, diez menos.
En 2019, cuando comenzó a gobernar en Andalucía PP y Cs, el pago de intereses alcanzó los 20 millones de euros. Al año siguiente, ya con la pandemia avanzada, la cifra no llegó a los tres, mientras que las inversiones, con especial referencia a obras en los centros sanitarios, ascendieron a 307. En esta cantidad se incluyeron los Fondos Europeos (FFEE) y los de carácter extraordinario, habilitados con ocasión de la crisis sanitaria, que rozaron los 200.
Juanma Moreno y Jesús Aguirre en una visita a las obras del Hospital Militar en septiembre de 2020.
En los últimos años el SAS ha sido el servicio por el que el Gobierno andaluz ha tenido que realizar más modificaciones presupuestarias. En concreto, en los primeros meses de 2019 -aún sin la Covid- también necesitó inyecciones de financiación que superaron los 300 millones, teniendo que modificar su presupuesto.
5.000 M en nóminas
Cuando finalice 2021, el SAS habrá pagado más de 5.000 millones en nóminas y 3.000 en suministros y servicios que se consumen por el normal funcionamiento de los centros sanitarios. Entre ellos figuran medicamentos, gastos en infraestructuras, alquiler de maquinaria y de locales, lavandería o transporte sanitario, entre otros.
También habrá destinado 2.271 millones en gastos de recetas, prótesis y ortopedia y en convenios de colaboración con Agencias Sanitarias, Universidades y Sociedades Científicas; y 2,9 millones a gastos propios de los costes financieros derivados de negocios jurídicos celebrados por el Servicio Andaluz de Salud, según reza en el propio presupuesto.
Las principales empresas perceptoras de estos intereses de demora son multinacionales farmacéuticas y empresas sanitarias privadas, que tenían conciertos con varias clínicas en el territorio andaluz.
Críticas del partido
No es la primera vez que el PP, hasta principios de 2019 en oposición tras 37 años de gobiernos socialistas, se queja del pago de cifras millonarias por estos intereses de demora. En 2013 desde el partido se apuntaba a un gasto de 240 millones de euros desde 2008; en 2019 los cifraban en 372,5 millones desde 2010.
Recientemente era el propio partido en su cuenta de Twitter, quien alertaba de estos pagos por facturas abonadas con retraso, culpando directamente de ello a "la gestión del PSOE".
Fue la portavoz de Salud y Familias del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Jurado, la que alertaba de "este nefasto" modelo de gestión socialista, que siguen "sufriendo los andaluces".
En una comparecencia en Córdoba, recordó que cuando el PP llegó al Gobierno "se abrieron los cajones y aparecieron 372 millones de euros en intereses de demora". No obstante, aseguró que, al analizar desde el año 2000, la cifra resulta "completamente escandalosa".
Precisamente, este mismo lunes el Ministerio de Hacienda informó del Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas. En la actualidad se sitúa en 26,26 días, que constituye el valor mínimo desde el inicio de la publicación de la serie histórica en abril de 2018. Sin embargo, durante estos 20 años el período de pago contemplado sería mayor y muchas de esas facturas impagadas acabaron en los tribunales.