El Gobierno andaluz ha comenzado esta semana a pisar el acelerador para dar arranque al nuevo curso político. Es el penúltimo de una legislatura que, desde su ecuador, ha venido marcada por la petición de elecciones anticipadas por parte de la oposición, al albur de lo ocurrido en Madrid y Murcia con la ruptura de los pactos PP-Cs.
Sin embargo, en Andalucía, y salvo sorpresa, no va a ocurrir. La última en volverlo a desmentir ha sido la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs). Augura demás que "quizás no se pueda impedir que los grupos políticos se pongan en modo campaña" con el arranque del curso político.
Es, precisamente, el modo campaña el que parece que va a marcar el paso, si no lo está marcando ya. Durante este verano, la portavoz en el Congreso, Macarena Olona, aseguró que su partido no iba a apoyar los Presupuestos autonómicos "a cambio de una sonrisa". La situación se ha vuelto más dura en estos días, a tenor de la querella que han interpuesto en el TSJA a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs) por impedir el espectáculo de los enanitos toreros en Baza el pasado 15 de agosto.
Sobre la aprobación de los Presupuestos también ha amagado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. A finales de julio se ofreció a pactar las cuentas públicas para que el gobierno de la Junta no cayera "en el chantaje de Vox". Ahora advierte que desde su partido "no vamos a apoyar unas cuentas para evitar que haya elecciones", defendiendo a continuación que "las legislaturas son de cuatro años y hay que agotarlas".
Lo cierto es que el Ejecutivo andaluz se encuentra trabajando en el documento económico, y sostienen a EL ESPAÑOL que "hay tiempo". Durante todo el verano se han mantenido reuniones para trazar líneas de diálogo, sobre éste y otros asuntos. La fecha tope para presentarlos, más allá de los contactos, es el próximo 30 de octubre. Se aprobarán en el Consejo de Gobierno y se elevarán al Parlamento andaluz.
Fuentes del gobierno han explicado que no ha habido parón vacacional. Se ha celebrado la Diputación Permanente, con la primera fusión que reordena la Administración paralela heredada del PSOE. La medida que da luz verde a la creación de la Agencia Trade, sorprendentemente, fue apoyada por Podemos bajo la misma condición que dio Vox para rechazarlo: que se tramitase por decreto ley, para dar la oportunidad de que se debata entre los grupos.
Tres líneas
El Ejecutivo andaluz se va a mover, por tanto, sobre tres líneas meridianas: agotar la legislatura, la prioritaria recuperación sanitaria y la económica, y "la posibilidad de alcanzar acuerdos con todos". Lo hará también para elaborar los Presupuestos, porque éstos vendrán marcados por el reparto de los fondos europeos Next Generation. Son 2.357 millones de euros adicionales, y el Gobierno andaluz quiere que se traduzcan en una "cogobernanza efectiva", que se establezca un calendario "y que los Ayuntamientos cuenten".
No obstante, en el bipartito hay cierta tranquilidad sobre las cuentas públicas, pues, de no recabar el apoyo parlamentario suficiente, estos segundos Presupuestos de la legislatura pueden prorrogarse para 2022 en incluso por segunda vez, para 2023.
En paralelo, la Junta de Andalucía anunció a principios de verano una tercera rebaja fiscal que entrará en vigor en 2022. Será en septiembre cuando se aborde la reforma de la Ley de Tributos Cedidos, y que incluye la modificación del tramo autonómico del IRPF.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó en el Parlamento que con esa reforma, Andalucía pasaría de ser "de ser una de las cuatro comunidades que más gravan la renta del trabajo de autónomos, pensionistas y trabajadores a situarnos entre las cuatro que menos impuestos cobran por trabajar".
Caso aparte es que el Gobierno andaluz ve prácticamente perdido no este año, sino la legislatura entera, en cuanto al cambio del nuevo modelo de financiación autonómico. Curiosamente, el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) se ha unido con el andaluz para demandar que se corrija una infrafinanciación "de años" por parte del Ministerio de Economía y Hacienda que dirige María Jesús Montero.
Desde el Ejecutivo andaluz explican que "estamos por debajo de la media y la corrección puede venir de una compensación, independientemente de que tiene que hacerse un nuevo modelo".