La Junta ha sido tajante y han rechazado sin paliativos la Ley de Vivienda pactada esta semana por el Gobierno central. Contra ella se ha manifestado en primer lugar la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien ha criticado el “intervencionismo” del acuerdo.
Según éste, serán las comunidades autónomas las que decidan qué zonas urbanas son consideradas como de mercado tensionado, y comunicarlo al Gobierno para que éste las declare como tales y aplique la regulación de precios a aquellos que posean más de diez viviendas.
Carazo ha aseverado que la medida logrará el efecto contrario al que persigue, como ya se ha demostrado en otros países, donde ha supuesto “la retirada de inversiones” y el aumento de los precios del alquiler", por lo que “no es la solución”.
La consejera ha explicado que la Junta de Andalucía “trabaja en la dirección contraria”: en la promoción de nuevas viviendas a precio asequible “con la participación de los ayuntamientos y de los promotores privados”.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), también ha considerado que la Ley es “muy intervencionista” y que por ello “no es una buena noticia” de la que se han enterado, además, “a través de los medios”.
"A mí no me gusta", ha zanjado Marín, por “intervencionista” y porque "no sabemos cómo va a influir en el mercado de la vivienda". Como la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, Marín coincide en que "lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para que realmente los jóvenes puedan acceder a ese mercado porque a todos nos gusta tener nuestra casa".
La cogobernanza
También se ha pronunciado al respecto el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Para empezar, ha criticado que se ha elaborado “a espaldas de las comunidades autónomas”, recordando que las políticas de vivienda son “una competencia exclusiva” de ellas.
"Nos sorprende una vez más que un Gobierno que habla de cogobernanza impulse una ley sin consultar a las comunidades autónomas, sin informarlas. Creo que esa no es la mejor forma de que funcionemos".
La Ley es "claramente intervencionista, y nosotros somos liberales, y los liberales y el intervencionismo estamos reñidos, no creemos que esa sea la solución", ha subrayado el presidente.
También ha advertido que la solución que propone esta ley para un "grave" problema en el mercado de vivienda en alquiler, "se ha probado en distintos países en la Unión Europea y ha sido negativo" para que haya oferta. Por ello, ha abogado justo por lo contrario: que haya mucha oferta y eso "va a conseguir bajar los precios".