El 9 de enero de 2019 el PP y Vox firmaron un acuerdo de 37 puntos en virtud del cual Vox apoyaría la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta dando un vuelco a los 37 años de poder socialista en Andalucía. A cambio, el Ejecutivo de PP y Ciudadanos se comprometía a cumplir los puntos del acuerdo.
Casi tres años después "y con pandemia por medio", según Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, el Gobierno andaluz ha cumplido, según Vox, con 20 puntos de los 37.
Son precisamente los 17 puntos que faltan la causa que alega Vox para que los 11 parlamentarios (el duodécimo asiento abandonó el Grupo) no refrenden el Presupuesto andaluz para el próximo año. Se trataría del primero de los cuatro que no apoyará Vox, y que puede suponer la prórroga del actualmente en vigor. Pero, sobre todo, podría decidir un adelanto electoral, el mismo que viene reclamando la formación de Abascal en Andalucía.
Fuentes consultadas del PP por El ESPAÑOL advierten que muchos de estos 17 puntos sí se han cumplido, pese a que Vox no lo entienda así. Los que no se han cumplido, "exceden del ámbito competencial de una Autonomía, dependen del Gobierno central y por tanto no se pueden cumplir. Se lo advertimos en su momento, pero aun así se empeñaron en incluirlos en el acuerdo".
Imagen del acuerdo entre Juanma Moreno (PP) y Francisco Serrano (Vox) en Andalucía.
Para empezar, Vox considera que el Gobierno andaluz no ha satisfecho el primer punto, que dice que el objetivo político prioritario del Gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad.
También reclaman el sexto, que estipula la eliminación de todos los organismos superfluos y la supresión de la Administración paralela. Desde el Gobierno de la Junta destacan que "se está haciendo", con la supresión y unificación de agencias, y subrayan que "no se puede despedir a empleados que tengan derechos adquiridos", porque contraviene la ley.
Desde Vox consideran también que se incumple el noveno apartado, referido a la eliminación de toda convocatoria de subvenciones "a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social".
Fuentes populares explican a EL ESPAÑOL que ahora las subvenciones se realizan por "concurrencia competitiva", que el control es exhaustivo, y dicen que "parece que Vox es quien decide qué entidad tiene o no tiene utilidad pública y social".
El punto número 12, directamente, no puede cumplirlo la Junta, pues compete al Gobierno central: "Integrar las embajadas comerciales de Andalucía existentes en el exterior en la red que tiene el Estado a tal efecto".
El pin parental
En el ámbito educativo, para Vox, hay varios incumplimientos. El apartado 13 es el del pin parental. Desde que se inició la legislatura, el partido de Abascal lo ha utilizado para presionar al Ejecutivo andaluz, generando además un encendido debate social.
En concreto, este punto recoge el acuerdo de "garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones".
Cabe recordar que en febrero de este año la Consejería de Educación y el entonces portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, firmaron un pacto que abría la posibilidad de que los padres tuvieran una mayor implicación y poder decisorio con respecto a determinados contenidos, para "salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa, sin menoscabo de las potestades del personal docente".
El pacto recogía igualmente "el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución".
También considera Vox que no se garantiza "la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada" y que no se ha habilitado progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como el fomento del Bachillerato Internacional. Las mismas fuentes del PP consultadas por este periódico deslizan el dato de que "en 2018 había dos centros de Bachillerato Internacional y ahora hay 11".
Familia
El fomento a las medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar es el punto 16, que Vox también considera que no se ha llevado a cabo.
Sin embargo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en sede parlamentaria la aprobación de la primera Estrategia de Conciliación familiar de la Comunidad Autónoma, en el primer semestre de 2022, como complemento al Plan de Familias 2020-2025, actualmente en vigor, y que recoge en su cuarta línea de actuación "facilitar la conciliación y la corresponsabilidad".
El desarrollo de un Plan Andaluz de Adopción es otro de los requisitos cuyo cumplimiento exige Vox para apoyar los presupuestos. "No se puede cumplir", advierten fuentes del PP, porque las adopciones internacionales "están bajo regulación nacional".
En Andalucía, "lo que sí se ha hecho", dentro del marco competencial, "es un Estatuto especial sobre acogimiento y adopciones, y se han integrado medidas en la recientemente aprobada Ley de Infancia".
El Ejecutivo andaluz y Vox difieren absolutamente con relación al punto 21, que recoge la creación de un Plan de Mejora de la Sanidad Pública, "que contemple la reducción drástica de las listas de espera, el fin de los colapsos en los servicios de urgencias, la mejora de la atención primaria y el reforzamiento de las unidades de cuidados paliativos y de las unidades del dolor, y aumento de la financiación para el servicio de atención temprana". "Eso se ha hecho y está en marcha".
En materia sanitaria, también exige Vox a la Junta de Andalucía "el uso de tarjeta sanitaria única en todas las Comunidades". Es el punto 26. "No es nuestra competencia. Lo único que podemos hacer es llevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
Ocurre igual con el apartado 30, referido a luchar contra el denominado turismo sanitario, algo que, considera la formación de Abascal, no se está haciendo. "Precisamente nosotros somos parte perjudicada, por lo que este es un debate que hay que elevar a nivel nacional", estiman fuentes del PP.
Tampoco, a juicio de Vox, se ha "despolitizado el Servicio Andaluz de Empleo, limitando, entre otras medidas, la libre designación de mandos intermedios y generalizando su elección por mérito".
Inmigración
Los puntos 27, 28 y 29 se refieren al caballo de batalla político de Vox: la inmigración. El primero de ellos exige a la Junta de Andalucía a "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas".
El 28, a apoyar "material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral".
El 29 exige al Gobierno andaluz a que colabore "con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico". Fuentes del PP sostienen a EL ESPAÑOL que "exceden el ámbito competencial", sobre todo en lo de dotar a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y que el ejecutivo andaluz "cumple la ley".
Los de Abascal en Andalucía creen sin embargo que la Junta de Andalucía "no ha hecho nada", y atacan a la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs) "que fomenta la inmigración ilegal y el efecto llamada", sostiene el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Manuel Gavira.
Los puntos 31 y 32 se refieren a los medios de comunicación. El primero exige "auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radio y televisión otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos, para asegurar la profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia del poder político". Se conceden "por criterios técnicos", zanjan las fuentes consultadas por este periódico.
El segundo punto se centra en la Radio Televisión Pública Andaluza: "Reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la Radio Televisión Andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa".
Concordia y Tauromaquia
La sustitución de la Ley de Memoria Histórica por una Ley de Concordia es el punto 33, incumplido para Vox Andalucía. "Ha habido conversaciones al respecto durante toda la legislatura”, cuentan fuentes del Grupo Popular en el Parlamento andaluz. “Pero Vox tiró por la calle de en medio, y presentó una Proposición de Ley propia que no se aprobó. No obstante, se sigue dialogando".
El siguiente punto que a juicio de Vox sigue pendiente es el 34, y exige "apoyar por ley la tauromaquia, fuente de riqueza y empleo, en su triple vertiente: dehesa, patrimonio histórico y patrimonio artístico".
En esta línea, y en estos tres años, advierten las mismas fuentes, "se han flexibilizado las condiciones para la organización y celebración de espectáculos taurinos, y se han reducido las cargas administrativas; se han otorgado ayudas al sector ganadero de bravo por cuatro millones de euros, y se ha impulsado el Plan Integral de Fomento del Toro Bravo. También se han aumentado hasta los 230.000 euros la inversión para las escuelas taurinas". Consideran, por tanto, que este punto se ha cumplido.
Por último, el 37, que es el que pone punto final al acuerdo, compete, según la Junta, al Gobierno de España: "trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos".
Pese a que cumplir se hace prácticamente imposible, bien por exceder el ámbito competencial autonómico, por diferencias de criterio en cuanto si se han cumplido a o no, o porque no da tiempo por los plazos marcados para la aprobación del presupuesto, desde Vox advierten que "hay esperanza. Manuel Gavira, portavoz de Vox, sostiene que "sí da tiempo" a que se cumplan.