El dinero que manejaba la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) fue destinado a muchos sitios, menos al bolsillo de los parados andaluces. Esa es la principal conclusión de los dictámenes de los grupos del PP y Cs en la comisión de investigación llevada a cabo en el Parlamento andaluz, así como que el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, "diseñó la trama", y el expresidente José Antonio Griñán "la mantuvo".

Hoy jueves finaliza el plazo para la entrega de los distintos informes al presidente de la misma, el diputado Enrique Moreno, quien deberá elaborar a partir de ellas el dictamen que se someterá a votación en la misma comisión. Posteriormente, se llevará a la Cámara andaluza donde se votará en la próxima primavera.

Las presuntas irregularidades cometidas pasan por el supuesto gasto de más de 30.000 euros, a través de varias tarjetas bancarias utilizadas por su director, Fernando Villén, entre 2004 y 2009 en varios puticlubs de la comunidad, o por el pago de 1,2 millones por el alquiler de unas naves industriales con cláusula de permanencia.

El PP andaluz, además de apuntar a Chaves y a Griñán, también culpa de su pasividad a la expresidenta de la Junta y actual senadora socialista, Susana Díaz. "Fue impulsada, tolerada y protegida por los gobiernos socialistas. Sus presidentes fueron pasivos en la persecución de la corrupción y, por lo tanto, fueron cómplices", ha asegurado la diputada Ana Vanessa García, portavoz de su partido en la comisión.

No lo ve así el grupo de Cs, quien cree que cuando Díaz llegó a la presidencia la fundación ya se había eliminado. Concretamente, nació en 2003 y murió en 2011. Sin embargo, desde el PP insisten en que el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, debe tomar cartas en el asunto y pedirle el acta de senadora al considerar que "no colaboró con la justicia".

Apuntan a María Jesús Montero

Vox, al igual que PP y Cs, apunta más alto, a la exconsejera de Hacienda y actual ministra, María Jesús Montero. Desde el PP creen que "tenía la obligación de intentar recuperar los 115 millones de euros de los expedientes de reintegro que no están debidamente justificados".

En su informe, los populares cifran en esa cantidad las subvenciones destinadas a los parados pendientes de justificar. Desde Cs no se atreven a dar números y la portavoz de Cs, Teresa Pardo, ha reconocido desconocer de dónde han salido.

Vox considera, al igual que la formación naranja, que también hay que "exigir responsabilidades políticas" a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera; Antonio Fernández; Antonio Ávila y Manuel Recio, y al exconsejero de Empleo, Empresa y Comercio José Sánchez Maldonado. Todos han desempeñado cargos de carácter político en la Junta durante el funcionamiento y proceso de liquidación e integro en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

"Una red clientelar"

Por su parte, los populares creen que las irregularidades de la Faffe que van mucho más allá del gasto de dinero público destinado a los parados en prostíbulos o a alquileres. Consideran que, a través de ella, "no solo se tejió una red clientelar sino que albergó la corrupción de alto voltaje". Añaden además que es, desde 2003 hasta hoy mismo, "porque sus consecuencias siguen vivas, el manual de corrupción socialista de los gobiernos de Andalucía".

Desde Cs argumentan además como principal conclusión que esta fundación ha albergado "el caso de corrupción más inmoral e indecente de la historia de la democracia". No solo por el gasto del dinero en clubs de alterne, sino por "la impunidad a la hora de malversarlo".

Por su parte, Unidas Podemos centra la culpa en Chaves, mientras que la portavoz del PSOE en la comisión de investigación, Soledad Pérez, lamenta que se haya obviado la presunción de inocencia. A su vez, ha hecho hincapié en la coincidencia de este debate con el periodo preelectoral, aunque ha dejado claro que "quien usó esas tarjetas tiene toda la responsabilidad política y el reproche moral".

Investigación judicial

No obstante, esta cuestión ya la dirimirán los tribunales. De manera paralela, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, está investigando el proceso de contratación de 84 extrabajadores de la extinta fundación. Entre ellos, se encuentra Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas, la cual ya reza como investigada.

También está a la espera de juicio el exdirector de la Faffe, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Todo ello en relación con ese uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos.