Abordar los cultivos en el entorno del Parque Nacional de Doñana siempre suscitará polémica. Más aún cuando se trata de regularizar hectáreas de regadíos en un momento en el que acecha en España la amenaza de una nueva sequía similar a las que azotaron la nación entre 1991 y 1995 y en el año 2017
Todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz aseguran por activa y por pasiva la defensa de esta 'joya' medioambiental, pero cada uno a su manera. La Cámara autonómica ha aprobado este miércoles el inicio de la tramitación de la ley sobre la revisión de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables. Esto ha reavivado la guerra del agua, que viene de largo en la zona, donde ya han sido clausurados una gran cantidad de pozos ilegales.
Lo ha hecho aprobando una iniciativa a dos bandas, por un lado la presentada por PP y Cs y, por otro, la de Vox que ha querido hacerlo de manera independiente, aunque se unificará en un solo expediente a efectos de tramitación parlamentaria. La suma de estos tres partidos ha propiciado que continúe el debate de esta iniciativa legal que este miércoles ha afrontado su primer trámite.
La norma no ha estado exenta de polémica al estar en contra la Unión Europea y la Unesco, y por las denuncias de la izquierda, de las organizaciones ecologistas y la petición de retirarla del Gobierno central, que ve "posible invasión de competencias". También la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió a Juanma Moreno en una carta de posibles sanciones.
Sin embargo, el PSOE acabó absteniéndose, a pesar de la exposición del parlamentario socialista Mario Jiménez. Agricultores de la zona -algunos presentes en la Cámara-, alcaldes de su propio partido e incluso la Diputación de Huelva, gobernada por socialistas, están a favor de la revisión de estas hectáreas. Sin embargo, en su discurso, Jiménez habló de "engaño masivo" al respecto por parte del PP, Cs y Vox.
Aseguró que con la aplicación de este texto "no se van a regularizar ni siquiera 90 hectáreas" y ha lamentado que hayan entrado en Doñana como "un elefante en una cacharrería".
El Parlamento andaluz durante la votación de la ley.
Pero esto ha traído mas polémica y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha tenido que dar explicaciones al respecto en una comparecencia en el propio Parlamento al día siguiente de la votación. Quieren evitar que Vox se haga fuerte en la zona fresera. Por tanto, ha defendido que "hay un problema con estos agricultores y hay que resolverlo".
"No se puede proteger Doñana sin la población y la gente del territorio", ha asegurado Espadas. También que su abstención es "una puerta abierta para resolver un problema y, si el Gobierno no ve que existe, yo le explicaré que sí existe", refiriéndose a la misiva de Ribera.
El plan se aprobó en 2014
En concreto, la ley modifica algunos de los artículos del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos, fundamentalmente de frutos rojos, ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.
El lugar de la polémica se sitúa en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva). Son los municipios cuyas tierras se vieron afectadas por el ya citado POTAD, aprobado en 2014, con los socialistas en el poder, pero con efectos retroactivos hasta 2004.
Este marco normativo dictaminó, tras décadas de inacción, qué terrenos eran susceptibles de ser considerados de regadío y cuales no. Se regularizaron 9.000 hectáreas, dependientes del Acuífero 27, y se dejaron fuera 1.460 ubicadas en estos municipios, que fueron declaradas como forestales pese a ser de regadío. Son estos agricultores los que reclaman.
Ahora el Gobierno andaluz ha querido poner orden al respecto, pero las versiones de la bancada de la derecha y de la izquierda son muy diferentes. El primero asegura que no se ampliarán regadíos y que se dará solución a un problema enquistado que afecta a muchos agricultores. Por su parte, la izquierda y los ecologistas denuncian que aumentará en casi 1.500 las hectáreas de riego y que afectará al acuífero de Doñana.
El parlamentario popular que defendió la propuesta, el onubense Manuel Andrés González, insistió en un mensaje: esta ordenación del suelo no quitará "ni una sola gota a Doñana, ni un solo metro cúbico" al parque. González, dejó claro además que la mayoría de los agricultores de la zona y los alcaldes -tres de ellos del PSOE- están de acuerdo y que están dispuestos a incorporar enmiendas.
Tres obras hidráulicas
Las hectáreas, ahora en liza, no se encuentran ni en el interior del espacio protegido de Doñana ni tampoco cerca de su linde. Están a 30 kilómetros. Tampoco la propuesta habla de darles agua procedente de los acuíferos, algo que es ilegal, sino que el riego que en un futuro puedan tener provenga de aguas superficiales y que las tierras dejen de ser forestales y sean consideradas suelo agrícola regable (SAR).
Ahí el quid de la cuestión. La proposición de ley esconde la trampa de que su viabilidad, y la posibilidad de que estas hectáreas puedan acogerse a un regadío de aguas superficiales, depende de tres obras hidráulicas históricas que son competencia del Gobierno central. Hoy día ninguna de ellas se ha ejecutado, lo que pone contra las cuerdas al Gobierno central y al propio PSOE.
Por su parte, el diputado de Cs, Julio Díaz, insistió en que el objetivo es "reordenar la zona sin que en ningún momento se esté hablando de amnistía", después de que en 2014 el Plan de la Corona Norte "rompiera el ecosistema en Doñana". Díaz ha advertido de que la voluntad de su partido es sacar adelante esta norma antes de que acabe la legislatura.
El parlamentario de Vox, Rafael Segovia, defendió a los agricultores, que lo único que hacen es "pedir tierra y libertad", rememorando al himno de Andalucía. Sin embargo, la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, se dirigió a los que estuvieron presentes en la sesión para decirles que "han sido engañados".
Consideró que esta iniciativa "no se puede hacer porque el acuífero del que dependen están sobreexplotado y están jugando con la calculadora electoral".
Europa siempre mira a Doñana con lupa y el PP asegura que está dispuesto a ir a donde sea para explicar su iniciativa. Por su parte, la diputada no adscrita y portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, anunció esa mañana que se reunirá en Madrid el próximo 18 de febrero con representantes de la Unesco y viajará a Bruselas el 1 y 2 de marzo para abordar esta cuestión, que sigue encendiendo todas las alarmas.